La firme y pública negativa de la Generalidad de Cataluña a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo en lo que a política lingüística se refiere, así como su deliberado incumplimiento de los topes de déficit público con el objetivo de seguir sufragando un carísimo como ilegal proceso de construcción nacional, eran razones más que de sobra para que el Gobierno de la nación hubiera cumplido hace tiempo su deber de intervenir la Administración autonómica catalana, tal y como contemplan tanto la Constitución como la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En lugar de ello, y desde el primer momento, Rajoy, bien por debilidad de carácter, bien por la estúpida creencia de que así iba a lograr moderarlos, no ha hecho otra cosa que ceder ante los nacionalistas, lo cual no ha logrado otra cosa que fortalecer las pretensiones secesionistas de estos. Así, Rajoy y su servil Fiscalía General del Estado han dejado en papel mojado las sentencias del Supremo, y renunciado a denunciar políticamente lo que la Administración autonómica roba a los contribuyentes catalanes en beneficio de sus delirios identitarios. Tampoco el Gobierno se ha molestado en rebatir políticamente el falso derecho a la autodeterminación.
El hecho es que el presidente Rajoy ha incumplido sus propios topes de déficit público tanto como ha dejado que los incumplan unas comunidades autónomas a las que, para colmo, ha concedido nuevos topes, menos exigentes, para el futuro. Desde el primer momento, Rajoy ha dedicado la mayor parte de los Fondos de Liquidez Autonómica a un Gobierno autonómico, el catalán, que no ha ocultado en ningún momento que su prioridad política es la ruptura de la nación española como sujeto de derecho y fuente de soberanía.
A pesar de los maquillajes que les brinda la prensa madrileña, los "discretos" contactos entre Rajoy y Mas, al igual que los mantenidos en el pasado, no tienen otro objetivo que dar una apariencia de legalidad a una consulta radicalmente inconstitucional, o bien sustituirla –más bien, aplazarla– con un nuevo y más privilegiado modelo de financiación autonómica, también radicalmente incompatible con la igualdad de todos ante la ley.
Con tal de ocultar la decisiva responsabilidad que el débil y acomplejado liderazgo de Rajoy tiene en toda esta efervescencia nacionalista, y para justificar que la única reacción del presidente del Gobierno ante ella sea la cesión, buena parte de la prensa madrileña ha interiorizado que el modelo de financiación de la Generalidad debe ser "replanteado", y hasta nos ha presentado a Mas como un dirigente dispuesto a recular.
Lo cierto, sin embargo, es que la Generalidad no necesita un nuevo modelo de financiación, sino dedicar los cuantiosos recursos que el actual modelo ya le procura –mayores a los que dispone cualquier otra Administración regional del mundo– a las auténticas necesidades del ciudadano y no a los despilfarradores delirios identitarios y redes clientelares a los que los está dedicando, para mayor gloria de su construcción nacional.
Lo cierto es que ha sido el propio Mas el que ha tenido que salir a la palestra para demostrarnos que no renuncia a nada, que lo que le sucede es que no se contenta con la impunidad que le brinda Rajoy, sino que aspira a que el presidente del Gobierno otorgue amparo legal y mayor financiación a un proceso soberanista al que, desde luego, no renuncia.
Mucho se podrá ridiculizar la cadena humana con la que los nacionalistas van a escenificar sus pretensiones secesionistas, pero lo cierto es que la fortaleza de esta cadena no radica en sus eslabones, sino en la debilidad de quien tiene el deber de romperla y no hace otra cosa que ceder ante ella.