Es normal que, ante el problema de la inseguridad ciudadana, la gente reclame mayor número de policías en las calles. Sin embargo, una aproximación más minuciosa al problema, te lleva a lleva a la conclusión de que, en realidad, este no radica tanto en un insuficiente número de agentes de seguridad, como en una pésima administración de Justicia.
El caso de Rafael Fernandez Garcia, alias "El Rafita", es un claro ejemplo de ello. Este delincuente, uno de los asesinos de Sandra Palo, no sólo se ha visto beneficiado por una Ley del Menor que prácticamente consagra la impunidad de cualquier delito, por grave que sea, siempre que su autor no sea mayor de edad, sino también de una legislación general tan laxa que, más que a castigar al delincuente, parecería destinada a causar trastornos y trabajo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El Rafita ya tenía, de hecho, antecedentes por herir con una escopeta de perdigones a varios viandantes, antes de secuestrar, violar y asesinar a Sandra Palo. Tras estar sólo cuatro años recluido en un centro de internamiento, la "criaturita" se ha dedicado a cometer nuevos delitos "menores" tanto como a acumular un cada vez mayor número de detenciones. En los últimos tiempos se le ha detenido 11 veces y estaba en busca y captura desde septiembre hasta que ahora lo han vuelto a detener no sin antes herir a la policia en el momento de su captura. Pocas horas, después un juez volvía a ponerlo en libertad con cargos.
Ante casos como este y ante la multitud de delitos que en España se perpetran por personas que, supuestamente, deberían estar en prisión, ¿para qué queremos más policías? Una mayor presencia policial lo único que elevaría es la probabilidad de ser detenido tras cometer un delito; pero esa detención no significará nada si, acto seguido, al delincuente se le pone en libertad. España ya es uno de los países con mayor número de policías y agentes de seguridad por número de habitantes y también es uno de los países en los que más delitos se cometen por delincuentes con antecedentes penales y causas pendientes de juicio.
Esperemos que las reformas legislativas anunciadas por Gallardón se pongan en marcha cuanto antes y no la desbaraten jueces estúpidamente garantistas. Sin esa reforma en el terreno legislativo y judicial, lo único que conseguirá un mayor número de policías no es reducir el número de delitos sino que estos se perpetren por personas con un cada vez mayor número de antecedentes penales. Así de sencillo, así de grave.