Ya podrá la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, calificar de "intolerable" el desafío secesionista catalán; ya podrá el ministro de Defensa, Pedro Morenés, tildarlo de "inaceptable"; ya podrá asegurar el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que "una consulta de autodeterminación no es posible"; ya podrá el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ afirmar que “las decisiones unilaterales no tienen encaje en la Constitución”: Mientras los nacionalistas estén convencidos de que con Rajoy al frente del gobierno de la nación la impunidad y la financiación de la consulta secesionista están aseguradas, la “intolerable”, “inaceptable”, “imposible” e “inconstitucional” consulta se celebrará indefectiblemente.
El mal llamado "problema catalán" no es un asunto exterior ni tiene naturaleza ni solución militar por lo que no se a qué santo viene las declaraciones de Margallo o Morenés. Claro que con ellas se cubre el clamoroso silencio del presidente del Gobierno y del Fiscal General del Estado que no están dispuestos ni a dejar de financiar ni mucho menos sentar en el banquillo a quienes están dispuestos a perpetrar una consulta secesionista que, además de intolerable, inaceptable, imposible e inconstitucional, constituye un cúmulo de delitos sancionables penalmente que justificarían la suspensión de la autonomía o cuanto menos el fin de la financiación extraordinaria a cargo de los Fondos de Liquidez Autonómica.
El problema catalán tampoco radica, tal y como cree el cándido de Salvador Sostres, en un "Mas y un Homs que llevan dos años haciendo un papel que no es el suyo, porque ni son independentistas ni quieren renunciar al gran negocio de pactar con España". El problema radica en un gobierno que preside Mariano Rajoy, ante el cual unos dirigentes nacionalistas, que son y han sido siempre separatistas, creen que ya es posible consumar el proyecto secesionista o cuanto menos hacer negocios mucho más ventajosos una vez celebrada su ilegal consulta de marras.
El problema radica en un gobierno del PP que se va a limitar a no reconocer efectos jurídicos a una consulta ilegal que no tiene el coraje de impedir, sin ver los dramáticos efectos políticos que acarreará su impune celebración.
De hecho, algunos de esos efectos políticos del referéndum –como nuevas concesiones económicas- de los que les hablaba a finales de 2012, ya se han producido antes incluso de que la consulta se celebre. Me refiero a la oferta de Rajoy a través Sánchez Camacho de que la Generalidad dispusiera de Hacienda propia y en la que sereclamaba un nuevo incremento de los impuestos cedidos y una mayor participación de la Generalidad en los impuestos estatales.
Los que hasta hace poco nos tranquilizaban asegurando que ni la consulta secesionista ni la declaración unilateral de independencia se iban a celebrar, nos tranquilizan ahora con algo tan obvio como es afirmar que la independencia de Cataluña no se va a consumar por que la consulta ilegal se celebre o por que así la declare unilateramente la Generalidad. El problema está en que se habrá consumado una nueva quiebra de España entendida como Estado de Derecho, que le puede afectar también, como ya le está afectando, en términos fiscales.
No se trata, en definitiva, de asociar el radicalismo extremista de los nacionalistas con la inteligencia, sino de no ser tan necios como para ignorar que Rajoy constituye una oportunidad única para los nacionalistas y que estos no la van a desaprovechar.