En un alarde de firmeza y de previsión sin precedentes, valga la ironía, el portavoz de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha amenazado a Pedro Sánchez con romper el pacto suscrito con el PSOE si se le ocurre negociar un referéndum separatista con el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, durante la entrevista que el gobernante regional en rebeldía ha tenido a bien conceder al todavía líder de la oposición y todavía aspirante a la presidencia del Gobierno.
Hay un pequeño problema, sin embargo. Y es que, desde la celebración de la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014 –esa que Albert Rivera pronosticó que no se iba a celebrar por no recuerdo qué acuerdos secretos entre Rajoy y Mas–, los separatistas ya no están por la celebración de ninguna nueva consulta ilegal, sino en la creación de unas no menos ilegales estructuras de Estado y en la tramitación de las "leyes de desconexión" supuestamente prohibidas por el Tribunal Constitucional a finales del año pasado. Sólo al final de ese proceso, cuando ya estén asentadas las bases de la llamada República catalana, los secesionistas tienen previsto volver a llamar a las urnas para pedir la opinión del soberano pueblo catalán respecto de su futura Constitución.
Ahora, los únicos interesados en volver a celebrar una consulta para saber si el pueblo catalán quiere tener un Estado independiente es Podemos, partido cuya alianza con el PSOE implicaría la inmediata ruptura de Ciudadanos con los socialistas. Es por ello harto dudoso que Sánchez se meta en el berenjenal de una nueva consulta secesionista, que los separatistas ya no consideran condición sine qua non para seguir adelante, en aras de lograr un apoyo que, como el de Podemos, implicaría la retirada del que le ha concedido Ciudadanos.
Lo importante a estas alturas sería que Ciudadanos se pronunciara ante el evidente caso omiso que los golpistas catalanes han brindado al Tribunal Constitucional y a sus sentencias contrarias a las leyes de desconexión y a la creación de una red de embajadas que sirva de embrión de un futuro Ministerio catalán de Asuntos Exteriores. Lo interesante sería que Ciudadanos se pronunciara ante una desconexión tributaria como la que la Generalidad ya ha puesto en marcha a instancias de la CUP y por la que la Diputación de Barcelona ya ha anunciado a sus casi 5.000 empleados que el pago del IRPF de sus nóminas será recaudado por la Hacienda catalana y no por la Agencia Tributaria. Lo útil sería que Albert Rivera dijera si le sigue pareciendo bien que el Gobierno de la nación siga financiando de manera extraordinaria a la Administración autonómica en rebeldía, con esos más de 7.500 millones de euros que ha solicitado al FLA, aun a sabiendas de que esa ayuda extraordinaria de la Administración central permite a la Generalidad desviar recursos propios a su tan oneroso como ilegal proceso de construcción nacional.
Está visto, sin embargo, que Ciudadanos también quiere hacer suya la indolencia con la que el PP y el PSOE afrontan un proceso secesionista que, con independencia de que desemboque o no en la creación de un nuevo Estado, ya ha supuesto la ruptura de nuestra nación entendida como Estado de Derecho. Así las cosas, más cómodo resulta alancear a una nueva consulta ilegal que no se va a celebrar que afrontar las ilegalidades que sí se están cometiendo. Todo sea por el bien del sueño de nuestra muy dormida España constitucional.