Si tuviera la suerte de tener un cara a cara con el presidente de la Generalidad de Cataluña, tal y como la ha tenido Felipe González en La Sexta, seguramente también le diría a Mas que yo también tengo "derecho a decidir" si quiero o no que Cataluña deje de formar parte de mi país. Así mismo le diría que el respeto a la legalidad y al Estado de Derecho resulta esencial para el ejercicio de cualquier derecho que se pretenda compatible con un régimen democrático. Pero les confieso que, además, plantearía al dirigente nacionalista las imposibilidades y contradicciones propias de esa pretensión de configurar nuevas fronteras y nuevos Estados a través de las urnas, razón por la cual ninguna legalidad democrática la respalda y por la que ni Artur Mas, ni Felipe González, ni yo ni el conjunto de los españoles tenemos, en realidad, derecho a decidir que una parte de España deje de serlo.
Las contradicciones e imposibilidades lógicas a las que me refiero son de índole tanto espacial como temporal. Empezando por las primeras, podemos argumentar, como ya antes apuntaba, que este derecho de autodeterminación, falso como todo derecho cuyo titular es un colectivo, es reductible y se rebate a sí mismo: así, el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña es incompatible con ese mismo derecho a decidir de los ciudadanos españoles. Es más. Ese derecho a decidir de los ciudadanos en tanto que catalanes es imposibilitado por ese mismo derecho, que igual podrían tener esos mismos ciudadanos en tanto que barceloneses o badaloneses.
¿Estaría Mas dispuesto a respetar a esa mayoría de ciudadanos de Barcelona o de Badalona que son y quisiesen seguir siendo españoles? ¿Aceptaría que una parte de Cataluña dejara de serlo tal y como reclama que Cataluña tenga derecho a decidir si quiere o no seguir siendo española? Si, puestos a saltarnos la Constitución, hemos de respetar el derecho a decidir de las regiones, ¿por qué no el de los municipios?
Por otra parte, las pretensiones falsamente democráticas de Artur Mas también quedan en entredicho por razones temporales. Y es que si la configuración de nuevas fronteras y Estados nacionales fuese de verdad un derecho de los ciudadanos, estos deberían poder ejercitarlo transcurrido un cierto y tasado número de años. ¿O es que el principio de "un hombre, un voto, cada cuatro años" lo vamos a sustituir por "un catalán, un voto, una sola vez"? ¿O es que acaso Mas pretende que los catalanes decidan sólo hasta que decidan lo que los secesionistas quieren?
Estas son alguna otras razones por las que el mal llamado "derecho de los pueblos a decidir por si mismos", tal y como ya advirtiera Revel, no puede significar en la práctica que cada minoría geográfica, étnica, lingüística o religiosa disponga de un Estado independiente, sino que toda minoría disfrute de la protección de las leyes del Estado del que forma parte.
En definitiva, que las pretensiones de Mas no sólo suponen una vulneración de la legalidad vigente, sino que constituyen una afrenta a la lógica democrática más elemental y una fuente de discordia, sobre todo, entre catalanes.