Parece ser que ninguna autoridad o representante del Parlamento ni de la Comisión europeos va a recibir al presidente de la Generalidad y a sus consejeros de Economía y Asuntos Exteriores, Oriol Junqueras y Raül Romeva, respectivamente, cuando acudan el próximo martes a Bruselas para dar una conferencia sobre "El referéndum catalán".
Invitados por los eurodiputados Josep-Maria Terricabras, Ramón Tremosa y Jordi Solé, con los recursos de sus grupos, pero no por la Eurocámara en sí, ignoro si el "referéndum catalán" al que se van a referir es el celebrado el 9 de noviembre de 2014 o el que pretenden perpetrar este otoño. Lo que está claro es que, por mucho que los separatistas quieran "internacionalizar el conflicto" –inolvidable expresión etarra que Artur Mas no tuvo empacho en hacer suya–, el periplo bruselense de los separatistas catalanes va a quedar reducido a una charla de amigos y correligionarios a celebrar en una de las muchas salas del edificio que el Parlamento Europeo tiene en la capital comunitaria.
Ahora bien, por mucho que nos consuele algo tan lógico y previsible como que las instituciones europeas hagan caso omiso a los pretensiones soberanistas de unos mandatarios regionales, el ridículo separatista en Bruselas no nos debería llevar a olvidar ni a quitar importancia al caso omiso que la Generalidad brinda al Parlamento, a la ley y a los tribunales españoles. Porque aquí el ridículo por culpa del Ejecutivo lo está haciendo el Tribunal Constitucional, con sentencias como las que pretendían impedir la celebración de consultas ilegales como la del 9-N, suspender la Consejería de Asuntos Exteriores de la Generalidad o abortar la creación de muchas otras ilegales estructuras de Estado como las que desde hace años se están erigiendo impunemente en Cataluña. Y eso por no recordar el más prolongado ridículo de las numerosísimas sentencias contrarias a la coactiva erradicación del castellano en la enseñanza.
Aquí el ridículo lo protagoniza una vicepresidenta del Gobierno como Soraya Sáenz de Santamaría, cuando ni siquiera se atreve a mentar los instrumentos con los que cuenta para impedir esa nueva consulta secesionista, que, según ella, y como también dijo de la anterior, "no se va a celebrar".
Las pretenciosas ínfulas de los separatistas catalanes serán todo lo ridículas que se quieran, pero maldita la gracia que tienen para el sufrido contribuyente, empezando por el catalán.
Hay sin embargo quienes fijan la atención en la imposibilidad de un futuro, hipotético y, si se quiere, ridículo Estado independiente en forma de república en Cataluña para que no veamos la real y presente desaparición de nuestro Estado de Derecho en esa parte de España.