La ilegal resolución parlamentaria con la que la mayoría secesionista ha vuelto a saltarse a la torera los autos del Tribunal Constitucional y el propio reglamento de la Cámara autonómica a fin de reconocer a Carles Puigdemont como "presidente legítimo" de Cataluña y comprometerse a implantar "el Estado catalán surgido del 1-O" da inicio a lo que podríamos llamar la tercera fase de este peculiar golpe de Estado en forma de ilegal proceso secesionista iniciado en 2012.
Ni que decir tiene que este golpe de Estado no va a lograr que el Reino de España reconozca de iure a Cataluña como Estado independiente en forma de república; pero vive Dios que sólo desde la complicidad o desde la estupidez se puede negar al procés su capacidad para mantener a Cataluña apartada del ordenamiento constitucional y, con ello, perpetuar la quiebra de la nación española entendida como Estado de Derecho.
Aun así, y a pesar de que los secesionistas cuentan a su favor con algo tan decisivo como la indolente, incompetente y acomplejada clase política constitucionalista, Puigdemont sueña despierto si cree que va a poder liderar el golpe de Estado desde Bruselas, tal y como Artur Mas y él mismo hicieron desde Barcelona como presidentes de la Generalidad y, para más coña, como máximos representantes del Estado español en Cataluña, durante lo que también podríamos llamar las fases primera y segunda de este proceso o golpe de Estado a cámara lenta.
A partir de ahora el procés tendrá, como mucho, un liderazgo bicéfalo. Puigdemont podrá aspirar a una presidencia simbólica y, ciertamente, un papel activo en lo que Mas llamó en su día la "internacionalización del conflicto" a cargo de las embajadas catalanas, embajadas, por cierto, que los separatistas ya se disponen a reactivar. Pero el papel ejecutivo y determinante lo desempeñará, lógicamente, y no como mero testaferro de Puigdemont, quien ocupe la presidencia de la Generalidad. Y será necesariamente alguien sin antecedentes penales o sin causas pendientes con la Justicia, por mucho que las formaciones golpistas se empecinen en nombrar a Jordi Sànchez o a otros imputados en su mitificado referéndum del 1-O.
Téngase en cuenta además que el procés –incluida la "presidencia legítima de Cataluña en el exilio"– va a seguir requiriendo enormes cantidades de dinero público, y esa silenciada y persistente malversación de fondos públicos no puede arriesgarse a ser denunciada por el empecinamiento de algunos imputados a la hora de seguir liderando el proceso. Así las cosas, y gracias a la acción de la Justicia, podemos confiar en que los desafíos más abiertos e inocultables al orden constitucional –tal y como sería la proyectada Constitución de la República de Cataluña, que los más extremistas aspiran a ver aprobada en esta tercera fase del procés– tengan que esperar.
En cualquier caso, nada parece vaya evitar, desgraciadamente, que en Cataluña las cosas vayan a seguir como están; statu quo no muy distinto, por cierto, al que impondría una república independiente.