La mezquina equidistancia de El País

Todos los diarios —excepto La Vanguardia— dedican su principal editorial al recurso que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra el plan Ibarretxe.

Todos los editorialistas —salvo el de El País— respaldan la oportunidad y los fundamentos jurídicos de lo que consideran una contundente impugnación en forma y fondo a las resoluciones adoptadas en la comunidad autónoma del País Vasco que pretenden poner en marcha el proyecto secesionista de los nacionalistas.

 

El País, sin embargo, tiene que ponerle “peros” al Gobierno del PP. Y es que para su editorialista, “el texto de la impugnación no resuelve las múltiples dudas sobre su procedencia jurídica en este momento”. Este diario no puede dejar de reconocer que el hecho de que el proyecto legislativo del lehendakari pueda experimentar variaciones en su tramitación no impide al Gobierno presentar ya el recurso al amparo del artículo 161.2 de la Constitución que da la posibilidad de impugnar “disposiciones y resoluciones” de las comunidades autónomas que supongan quebrar “el orden de competencias”.

 

“El problema —para El País— es que no está claro que el envío de una propuesta o proyecto al Parlamento y su toma en consideración por la Mesa sean disposiciones o resoluciones y no parte de un proceso que solo se convierte en resolutivo cuando culmina”.

 

Ya ven la forma tan mezquina que tiene El País de sembrar dudas donde no las hay respecto a la oportunidad y urgencia de hacer frente al secesionismo de Ibarretxe. Por sembrarlas hasta distorsiona el lenguaje y acude a falsos argumentos de leguleyos. Si es la propia Constitución la que admite que no siempre hay que esperar a que una ley sea promulgada para decretar su inconstitucionalidad, ¿a que santo viene ahora a decir que una mera disposición no lo es “hasta que culmina”.

 

Vamos hombre, como si no hubiera delitos en grado de tentativa. Por otra parte, si tantas “dudas” tiene al respecto ¿cómo es que su editorialista empieza reconociendo con rotundidad que “la admisión a trámite de este recuso supondría la suspensión automática de la tramitación del plan Ibarretxe en el parlamento vasco”? Ciertamente, si se cuestiona que el envío del plan Ibarretxe al parlamento sea una de esas disposiciones o resoluciones contempladas como impugnables en el artículo 161.2 de la Constitución y se plantea, por el contrario, que pueda ser solo “parte de un proceso que sólo se convierte en resolutivo cuando culmina”, ¿como es que se afirma con esa seguridad que la admisión a tramite del recurso por parte del Constitucional hará que quede automáticamente suspendida la tramitación del plan Ibarretxe en el parlamento? ¿En qué quedamos? ¿Tiene que “culminar” la tramitación o no para que el Constitucional pueda pronunciarse?

 

Las ganas de El País de no ver con claridad lo que resulta evidente nos lleva a ver con cierta compresión que el resto de los diarios se limiten a defender lo obvio. No quisiéramos, sin embargo, que el diario de Prisa nos impidiera dejar de señalar algo que va un poco más allá.

 

Y es que El Mundo, por ejemplo, considera como La Razón que el recurso del Gobierno impedirá en la práctica que ese Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi pueda ser tramitado por la Asamblea legislativa autonómica”. Lo impedirá en "teoría"; en la "práctica" está por ver. En “teoría” también la Ley de Partidos impedía dar financiación, voz y voto a la representación política de ETA, pero en la “práctica” los etarras siguen teniendo financiación, voz y voto en la Asamblea vasca. En “teoría”, la sentencias y los pronunciamientos del Supremo deben de ser acatados, en la “práctica” el señor Atuxa sigue impunemente haciendo caso omiso a los mismos.

 

ABC es el único que no elude la realidad de la praxis cuando señala que “nada hace pensar que la mayoría nacionalista vaya a actuar en este caso de manera distinta a como lo ha hecho con la disolución de Batasuna. La desobediencia a los autos de la Sala Especial del Tribunal Supremo ha sido un anticipo a cuenta del plante al Estado que auspicia Ibarretxe con su propuesta”.

 

ABC, dando también por segura la suspensión a instancia del Constitucional, señala que, “si se reprodujera el desacato de la Mesa del Parlamento, entonces este Tribunal tendrá que procurar la ejecución de su decisión, como establece el artículo 92 de su Ley Orgánica”.

 

Nosotros nos limitamos a añadir que nada detendrá a los nacionalistas si el Constitucional en su ejercicio de “procurar la ejecución de su decisión” tiene los mismos resultados prácticos que los que ha tenido hasta ahora el Supremo “procurando la ejecución de su correspondientes decisiones”... Y es que a la vista está el miedo y el complejo de la clase política y mediática constitucionalista que se resiste a situar aunque sea en el horizonte la constitucionalidad de detener físicamente a los violadores de la ley o contemplar la posibilidad de establecer el artículo 155 de la Constitución que prevé la suspensión de la autonomía cuando desde ella se violan la legalidad constitucional.

 

Hay que reconocer que El Mundo lleva en portada una entrevista al jefe de la Abogacía del Estado que advierte que “si Atutxa tramita el plan Ibarretxe se le podrá procesar por prevaricación”. El editorialista, sin embargo no es tan claro y solo señala —sin nombrarlas— “las graves consecuencias que conllevaría la desobediencia a la orden de suspensión”. Nosotros advertimos que de nada servirá procesar o incluso condenar a Atutxa por ese delito si luego no hay un policía que lo detenga y le haga cumplir la pena por ese hipotético y futuro delito.

 

El editorial de ABC habla eufemísticamente de una “primera respuesta” por parte de nuestro Estado de Derecho, pero a penas dice más. Se dirá que hay que dar tiempo al tiempo. Eso vale para no ejecutar una advertencia, no para evitar enunciarla con total claridad. Y es que lo que no se enseña no disuade. No nos extrañemos, pues, que los nacionalistas prosigan.