La delincuencia organizada y el narcotráfico se han convertido en fuerzas capaces de desestabilizar a los Estados iberoamericanos, tanto grandes como pequeños. Los cuerpos de policía locales, al igual que los órganos políticos y las judicaturas, han sido tocados por los delincuentes, con plomo o plata. Aparte de la colaboración de muchos policías con las maras, las bandas de secuestradores o los narcos, el Estado carece de inteligencia, de personal y hasta de armamento suficientes para enfrentarse a sus enemigos. En estas circunstancias, los Gobiernos civiles, sean izquierdistas, liberales o populistas, están recurriendo a los militares en busca de protección y hasta de honradez.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, que acusó a sus predecesores de emplear al Ejército para reprimir las justas protestas del pueblo, ha ordenado el despliegue de 2.300 militares en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz por un plazo de 90 días y para combatir a la delincuencia.
El socialista Morales se une así a la lista de gobernantes que han sacado a sus ejércitos de los cuarteles contra la delincuencia. Felipe Calderón, presidente de México, ha desplegado hasta fuerzas de marina, tanto buques como infantería, en la guerra contra el narcotráfico que comenzó en diciembre de 2006. Mauricio Funes, presidente de El Salvador por el Frente Farabundo Martí, atribuyó en 2009 al Ejército “operaciones de mantenimiento de la paz interna” y todavía mantiene la orden. Los presidentes de Honduras, Porfirio Lobo, Guatemala, Otto Pérez Molina (general retirado, además), y Venezuela, Hugo Chávez, han hecho lo mismo. En noviembre de 2011, Chávez formó un mando militar para combatir la criminalidad con “la cultura del socialismo”. En Brasil, las autoridades estatales piden apoyo militar cuando sus policías planean la toma de favelas controladas por los narcos.
En estos países, a los militares se les encarga la vigilancia de las cárceles y aeropuertos, el sellado de fronteras, la ocupación de barrios, el patrullaje por las ciudades y el campo, el combate armado y hasta el interrogatorio de prisioneros.
La reciente historia de Iberoamérica demuestra los riesgos que causa la atribución a los militares de tareas policiales y políticas. El Ejército debe combatir al enemigo externo y la Policía al interno; pero, ¿qué ocurre cuando los civiles delegan en los militares funciones de orden público? Presidentes como Salvador Allende y Víctor Paz Estensoro introdujeron a militares en sus Gobiernos; y otros como Juan María Bordaberry e Isabel Martínez de Perón les confiaron legalmente la lucha contra los terroristas de izquierda. Todos ellos acabaron derrocados.
Seguramente, es necesaria la intervención de los militares para evitar que los Estados iberoamericanos se derrumben, pero es obligación, tanto de los Gobiernos como de las Fuerzas Armadas, la elaboración de una nueva doctrina militar que delimite las funciones de éstas en ámbitos civiles… y también la purificación de la política.