El Tribunal Supremo español ha juzgado al exdiputado socialista y magistrado Baltasar Garzón por tres casos de prevaricación y cohecho. Garzón se hizo universalmente famoso por procesar al exdictador de Chile Augusto Pinochet y luego por pedir el certificado de defunción del general Franco. Su biografía muestra el poder de que en nuestras sociedades antipolíticas gozan funcionarios como los jueces, que supuestamente están sujetos a la legislación y no pueden convertir sus resoluciones en nuevas leyes. Pero a los que los políticos entregan la facultad de definir la moral, la democracia y la justicia.
En Colombia, la escuela del uso alternativo del derecho se ha apoderado de las instituciones y está empezando a imponer al pueblo sus metas. La derrota de la izquierda en los campos de batalla y en las elecciones del país ha dado paso a su victoria en las facultades de derecho, los tribunales y los medios de comunicación. Prueba de lo que decimos es la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá conocida el 30 de eneroque ratifica la condena a un jefe militar que hace 26 años frustró un plan terrorista.
En noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19, uno de los grupos terroristas que entonces asolaban Colombia, penetraron en el Palacio de Justicia de Bogotá asesinando a los guardias. Los objetivos de los terroristas eran políticos: hacer un juicio al presidente del país, Belisario Betancur; y económicos, destruir los archivos que inculpaban a su financiador, el narcoterrorista Pablo Escobar. El plan fracasó en parte debido a una operación militar dirigida por el coronel Alfonso Plazas Vega, que recuperó el edificio. En la toma y la posterior liberación murieron cien personas.
Pero la izquierda, ni perdona, ni olvida, ni descansa. Aunque el M-19 se acogió a una amnistía firmada por el presidente Virgilio Barco y tuvo varios representantes en la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución, quienes les combatieron no han recibido un trato ni siquiera parecido. Los juristas progresistas procesaron a Plazas como responsable de la desaparición de once personas, y consiguieron en 2010 su condena a cárcel por 30 años, basada sólo en meros testimonios, sin pruebas físicas.
Dos de los tres jueces del tribunal no sólo han confirmado la condena, sino que han aprovechado la ocasión para hacer política: en las 600 páginas de la sentencia (más 300 del voto particular favorable a la absolución escrito por el ponente), los dos magistrados reclaman que la Corte Penal Internacional procese al expresidente Betancur, que la fiscalía colombiana investigue a los ministros y jefes militares y policiales de la época y que las Fuerzas Armadas pidan perdón público delante del Palacio de Justicia reconstruido. De los terroristas autores del atentado, ni una palabra.
Uno de estos dos magistrados, Alberto Poveda Perdomo, fue candidato del partido Polo Democrático, partido formado por comunistas y exguerrilleros del M-19 que originó la masacre, y no se inhibió de formar parte del tribunal que juzgó el caso.
Así tenemos en Colombia (con la colaboración de los ciudadanos, es verdad), a un miembro de la guerrilla terrorista M-19, Gustavo Petro, en la alcaldía de Bogotá; y a uno de los oficiales que la combatió, Alfonso Plazas, en la cárcel.
A no ser que el Gobierno y la sociedad colombiana reaccionen mediante reformas legales que limiten la jurisdicción de estos jueces vengadores y mediante peticiones multitudinarias de indultos, se puede llegar un procesamiento del expresidente Álvaro Uribe. Contra el presidente Santos un juez ecuatoriano dictó una orden de captura cuando era ministro de Defensa por la Operación Fénix, en la que el Ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC en Ecuador, y que sólo se paralizó cuando fue elegido presidente; en cuanto deje el cargo, la orden puede reactivarse.