El 8 de julio se celebró en Tokio una nueva conferencia para obtener fondos para Afganistán. Esta vez, Occidente y los demás donantes querían que fuera sobre todo una demostración de que no abandonarán el país más allá del 2014.
La nueva ayuda será de 16.000 millones de dólares hasta el 2015, del que el 50% se canalizará a través del presupuesto nacional del gobierno afgano. A cambio, Afganistán se compromete a reforzar la democracia, la gobernanza y el estado de derecho, a mejorar la gestión financiera, y a impulsar un desarrollo sostenible. Condiciones que han impuesto los donantes internacionales reflejando así su frustración con las ayudas anteriores y con la mala gestión que el gobierno ha hecho de ellas.
Es difícil cuantificar los miles de millones perdidos durante la última década por la corrupción. Pero lo que parece claro es que ha ido a peor. Afganistán ocupa el último lugar del Índice de Percepción de la Corrupción, y según Integrity Watch Afghanistan el pago de sobornos –por absolutamente todo, desde acceder a la escuela hasta obtener un permiso– se ha doblado entre 2007 y 2009, alcanzando los 1.000 millones al año. Según estimaciones de las OTAN, la corrupción y el mercado negro, muy ligado al tráfico de drogas y de armas, ha alcanzado los 12.000 millones anuales.
No sólo los donantes internacionales cuestionan las habilidades del Gobierno para gastar de manera efectiva los fondos. Tampoco los afganos, cuyas vidas sólo han mejorado ligeramente, y a pesar de que recientemente Karzai reconoció que la corrupción había alcanzado "niveles extremos", acaban de fiarse.
Pero los problemas no sólo vienen del Gobierno afgano. Como en conferencias anteriores, los donantes internacionales han vuelto a comprometer una ayuda que no va acompañada de una planificación y una coordinación creíble. Es más, los 70 donantes de Tokio siguen sin abordar la petición afgana de un compromiso a largo plazo para el 2020. Tampoco queda clara cuál es la cifra de los fondos anuales, pero quedarán lejos de los 6.000 millones que estima necesarios el Banco Central Afgano, y los 7.000 que cifra el Banco Mundial. En Tokio tampoco se ha separado la ayuda económica de la ayuda para gobernanza, y lo más importante: no ha tenido en cuenta ningún tipo de evaluación sobre las consecuencias del repliegue de las fuerzas de las ISAF. Porque a medida que las tropas se reducen, las ayudas a Afganistán también disminuirán, y los costes para el Gobierno se incrementarán. No han tenido en cuenta que hasta hoy el gasto militar de los países extranjeros ha conducido gran parte de la economía del país, y buena parte de él se ha invertido en áreas civiles como la construcción. Su impacto en el crecimiento del PIB afgano ha sido fundamental y se verá seriamente dañado a partir de 2014.
Tokio no ha sido más que un lavado de imagen de Occidente sobre su compromiso con Afganistán. Simplemente, ya están casi fuera.