ETA continúa con su reorganización, con el robo de 200 placas de matrículas destinadas a moverse con seguridad y preparar atentados. Al tiempo, pese a las presiones del Gobierno y sus intermediarios, se resiste a firmar el comunicado que Rubalcaba le reclama. Su situación es relativamente cómoda. Primero, porque los avances de su brazo político se confirman y consolidan, hasta el punto de que la banda aspira a volver al Congreso de los Diputados en Madrid, máxima humillación de las instituciones constitucionales. Segundo, porque la banda ha avanzado en su vieja aspiración de liderar a todo el nacionalismo vasco, con la absorción primero de EA, ahora de Aralar, y aumentando su protagonismo frente a un paralizado PNV. Y tercero, porque las cesiones otorgadas por los socialistas no ciegan a la banda, que mantiene el seguro de la vuelta a las armas como garantía de que el PSOE seguirá apoyando la "normalización" vasca.
En el otro lado, que algunos políticos estén tan involucrados en los escándalos de la negociación con ETA hace que los mensajes que transmite el Gobierno estén generando inquietud y desasosiego en la lucha contra la banda. Para nadie es un secreto en las Fuerzas de Seguridad que el interés del ministro Camacho está en su blindaje legal ante las repercusiones del "caso Faisán", origen del esperpento electoral de Zamora. Camacho, como Rubalcaba, sigue escondiéndose detrás de las FSE, y lo que es peor: dedica más tiempo a su autoprotección que a perseguir a la banda.
Por otro lado, desde el punto de vista judicial, la firmeza del Estado de Derecho se resquebraja ante los impredecibles y crecientes vaivenes de la Audiencia Nacional. Destaca en este punto el juez Gómez Bermúdez, cuya actuación respecto a las víctimas del terrorismo podemos calificar de sádica: ante las peticiones de justicia de las víctimas de ETA, repite el comportamiento que tuvo con ocasión del atentado del 11 de marzo, generando en ellas no sólo dolor y frustración, sino desconcierto.
Mientras Rubalcaba y Camacho luchan por evitar un horizonte penal, el sentido y funcionamiento de la Audiencia Nacional –ya de por sí un tribunal de problemática existencia- se deteriora por momentos. Entre otras cosas con la aparición de jueces estrella, como Garzón o el propio Bermúdez. Las mórbidas relaciones con el poder político y la búsqueda de notoriedad mediática de estos jueces han acabado degenerando en acontecimientos como el del martes, con el Pleno de la Sala de lo Penal discutiendo si el aviso que proporcionó la huida al aparato de extorsión de la banda es o no colaborar con la banda.