El cumplimiento íntegro de las penas de terroristas ha sido una propuesta histórica del Partido Popular que ha recogido, casi siempre en solitario, esta reivindicación de las víctimas de ETA. Que sobre los terroristas cayese todo el peso de la ley –el "sólo con la ley, pero con toda la ley" de Mayor Oreja– fue uno de los ejes de la política contra la banda durante los ocho años de Aznar. Lo que se plasmó, por ejemplo, en la reforma del Código Penal del año 2000 o la puesta en marcha de la "doctrina Parot".
Después, Rubalcaba y Zapatero han estado utilizando la justicia en el proceso de negociación con ETA, premiando a unos etarras y castigando a otros, según conveniencia. Siendo sinceros, los socialistas nunca han creído en cumplimientos íntegros de penas, ni para terroristas ni para violadores o criminales de cualquier tipo. Pero en el caso de ETA, estamos viendo etarras acercados sin motivo, terroristas fugados en paradero "desconocido", marcas del brazo político de ETA sin impugnar... Una de las peores consecuencias del rubalcabismo es la imposibilidad para todos –desde terroristas a víctimas y ciudadanos– de saber a qué atenerse o qué esperar de la justicia.
Así que Rajoy recibirá del PSOE un Estado de Derecho impredecible y de poca confianza en materia antiterrorista. En esta situación comprometida en que Zapatero deja la lucha contra ETA, no basta con la afirmación de que se cumplirá la ley o el Estado de Derecho: estrictamente hablando, Zapatero, Rubalcaba, Camacho o Caamaño, en materia penitenciaria, no se la han saltado: la han utilizado según "aconsejaba la jugada", la han burlado, proporcionando a los etarras privilegios pese a todo legales. Con la ley en la mano, eso sí, pero esta política ha provocado indignación en las víctimas y una enorme fractura social.
De ahí la necesidad de que el Estado de Derecho recupere la iniciativa y pivote sobre una idea-fuerza clara y no sujeta a arbitrariedades que pongan en duda la firmeza del próximo gobierno: el cumplimiento íntegro de penas para delitos de terrorismo. Primero, porque es un asunto de elemental justicia, pues así de graves son los crímenes cometidos por los miembros de ETA contra los españoles y contra la nación, que es por lo que ha sido defendida. Y segundo, porque tras el sobresaltante y errático rubalcabismo, permitirá cerrar la puerta a malas interpretaciones, errores de apreciación o susceptibilidades: que será el mayor problema político para el próximo gobierno, dada la envenenada herencia negociadora que se le deja.
Tiene razón Rajoy cuando habla de que España debe recuperar su condición de país fiable y predecible. Y esto tiene que empezar desde el asunto doméstico más grave: terroristas, víctimas y ciudadanos tienen que tener claro que la justicia será clara y rotunda. La claridad en el comportamiento del Estado es fundamental para reconstruir el consenso roto por Zapatero en política antiterrorista, y el cumplimiento íntegro su gran pilar y prueba indiscutible.