Algo se mueve en el cerrado mundo de la investigación criminal. Un bufete madrileño de criminólogos investiga la desaparición de Diana Quer de forma independiente de las fuerzas de seguridad, cuya indagación, según los periódicos, está estancada, algo que hasta ahora estaba vedado y que todavía resulta muy difícil. En España no se puede confiar una investigación criminal a detectives privados o criminólogos porque la exclusiva de estas acciones está reservada a la Policía o a la Guardia Civil. En una sociedad de libre mercado como la nuestra, es una normativa obsoleta que puede asimilarse a que todo el mundo debiera acudir al médico de la Seguridad Social porque se les impidiera acceder a la medicina privada.
También eso hace a la Policía menos eficaz, dado que la competencia espabila. Por otro lado, el nivel de exigencia de seguridad ha bajado. No es una crítica a los agentes de a pie, sino a los mandos políticos que no aprovechan los recursos. En la actualidad, la renovación de la cúpula policial ha llevado a la continuación de una escandalosa guerra de comisarios jubilados en la que se cruzan graves acusaciones. La última es la desaparición de informes de una supuesta unidad de revisión de casos juzgados, entidad fantasma calificada en las propias comisarías de "delirante", en la que se llevaron a cabo supuestamente trabajos de revisión con informes sobre asuntos controvertidos, insatisfactoriamente resueltos, como el 11-M, el Faisán y el de Marta del Castillo. El anterior DAO (Director Adjunto Operativo), el jefe técnico de la Policía con Ignacio Cosidó, dice que se hicieron esos informes pero ahora no aparecen. El personal se ha quedado de piedra: ¿por qué la Policía hace informes que no se destinan al juez? ¿Quién hace que desaparezcan? Detrás se deja ver una trama de policías y periodistas de la que uno de los comisarios más cuestionados afirma que tenía "colaboradores infiltrados" en los medios de comunicación. Los comisarios han sido depurados por la jubilación, los periodistas no.
El nuevo ministro, Zoido, ha prometido que va a poner en marcha un Centro de Desaparecidos y ya está tardando, porque en la actualidad, contra la opinión crítica de la propia Policía, se está llevando a cabo la búsqueda de los restos de Marta del Castillo en una zona del río Guadalquivir señalada por el dueño del aparato georradar y un misterioso criminólogodel que no se ha facilitado nombre alguno. Otra búsqueda muy complicada se lleva a cabo en un fangoso pantano para localizar los restos de Manuela Chavero, la mujer desaparecida de Monesterio cuando desapareció la joven Quer. Dos búsquedas complicadas, costosas y peligrosas que deberían haber sido asesoradas por el Centro de Desaparecidos de Zoido, salvo que éste siga los pasos del dueño del georradar, seguramente bien intencionado, pero con escaso éxito; y encima con criminólogo desconocido.
La seguridad es una de las preocupaciones de los españoles y también la vocación de muchos jóvenes que sienten el deseo de ser investigadores en un campo que jurídicamente estrecha las posibilidades hasta limitarlas a una acción de cuestionada eficacia. Casi todos los días hay jóvenes que me preguntan en qué sitio estudiar Criminología porque quieren dedicarse a prevenir y combatir el crimen, y es difícil aconsejarles porque las enseñanzas que se ofrecen son escasamente prácticas y las dificultades para ejercerlas, muchas, dado que el monopolio, de forma funesta, lo ocupa todo.