Si es evidente que nadie en su sano juicio o con un mínimo criterio estético va a descargarse jamás una serie de televisión o una película de las que producen nuestros artistas del subsidio, ¿alguien entiende por qué ha montado la guionista autosubvencionable este sindiós?
Ni las películas españolas suscitan por lo general el menor interés dentro o fuera de nuestras fronteras, ni nuestras series de televisión –basadas mayormente en la Guerra Civil o en un lupanar con apariencia de centro de enseñanza secundaria– han amenazado la hegemonía de los productos norteamericanos. En otras palabras, entre el capítulo final de Amar en tiempos revueltos y el episodio más aburrido de Perdidos o Dexter, los usuarios de Internet, en cualquier rincón de la Vía Láctea, prefieren la segunda opción a la primera, salvo los profesores universitarios de humanidades, que necesitan estas ucronías televisivas con aspiraciones de realismo para enseñar a sus alumnos por qué la Ley de Memoria Histórica es tan necesaria.
En fin, que no hay demasiado interés por piratear la producción artística de nuestras gentes de la cultura, ni una sensación de vacío metafísico por la imposibilidad de seguir dañando la propiedad intelectual de los amigos de la Excma. Sra. Ministra de Cultura. El único efecto que puede causar esta ley cuando entre en vigor es el refuerzo de los intereses de la industria norteamericana del ocio, cuyos productos van a ser compartidos en la red con mayor dificultad a partir de ahora.
Sin embargo, para que los grandes estudios de Hollywood se decidan a manifestar su agradecimiento eterno a la ministra González Sinde es necesario que ocurran dos cosas: la primera, que alguien les explique que hay un país llamado España y les señale en el mapamundi dónde se encuentra; la segunda, que los susodichos se sientan amenazados por los frikis de un país tan prescindible como el nuestro en materia de uso de internet. Si el primer requisito es bastante improbable que se cumpla, para qué hablar del segundo, puesto que alguien que maneja productos de entretenimiento por valor de billones de dólares no suele perder demasiado tiempo en analizar las consecuencias legales de este tipo de decisiones en un país como el nuestro: aunque todos los usuarios de internet decidiéramos descargar películas y series las veinticuatro horas del día, el efecto sobre las finanzas globales de los propietarios de las licencias sería inapreciable.
¿Y la música? En este caso, los efectos perniciosos de la ley es posible que los acaben padeciendo sobre todo los autores noveles, que han hecho de la red una magnífica plataforma para darse a conocer y hacer que la gente acuda a sus conciertos sin gastar un solo euro en campañas de publicidad. Aunque dispongan su producción artística para la descarga gratuita, es evidente que el hecho de que existan dificultades y fuertes multas para los que intercambien contenidos sujetos a propiedad intelectual hará desistir a la mayoría de usuarios que de otra forma utilizarían internet para estar al día de las novedades en el mundo de la música.
Entonces, ¿a quién beneficia la absurda disposición adicional segunda de la no menos grotesca Ley de la Economía Sostenible? Pues principalmente a los políticos, que de esta forma tienen en sus manos una poderosa herramienta para censurar un medio de comunicación como internet que hasta este momento les resultaba esquivo, porque es prácticamente imposible encontrar una sola web que no enlace a algún sitio que, a su vez, enlace con contenidos sujetos a copyright.
La tragedia será completa cuando la gestión de las sanciones previstas en la ley se entregue a la SGAE de Teddy Bautista. ¿Que no dice nada de eso el texto de la disposición? Ya, ya; esperen a que se publique el reglamento.