La directiva viene a regular un mercado que, hasta ahora, se movía en la indefinición y en el que era difícil invocar responsabilidades. Se trata de todo ese sector heterogéneo donde lo mismo puede uno encontrarse con un médico que legítimamente prescribe una infusión digestiva o un complemento de fibra que con un showman de la televisión asegurando que el mejor remedio para cuidar el hipo crónico es meter los pies en un barreño de agua fría, tal como le recomendaban en la botica de su abuela.
La directiva no prohíbe la venta de estos productos. Simplemente se limita a regular su comercialización exigiendo un registro previo por parte de las autoridades sanitarias nacionales. El medicamento que no esté registrado por un país no podrá venderse en toda la Unión. Para dicho registro será necesario que el comercializador garantice que sus componentes no son nocivos para la salud y llevan utilizándose durante más de 30 años.
Se trata, pues, de una normativa realmente laxa, muy condescendiente con el sector, mucho menos estricta que la que se aplica a la farmacia, por ejemplo. Por eso es sorprendente la reacción de los grupos de presión relacionados con la medicina natural, los remedios de herbolario y la parafarmacia, que se han sentido amenazados hasta el punto de que han propuesto movilizaciones para defender su negocio. ¿Por qué será que consideran una amenaza que se les pida que garanticen la seguridad de sus productos?
Veamos qué es lo que realmente piden nuestras autoridades. Para empezar, los productos naturales no estarán obligados a comprobar clínicamente su seguridad. No tendrán que pasar por un largo proceso de ensayos clínicos ni entrar en el laboratorio para probar que son inocuos. Basta con que el fabricante acredite un uso tradicional del componente en cuestión y asegure no tener constancia de que tenga efectos nocivos para la salud. Esto, por sí solo, supone un agravio comparativo para los medicamentos farmacológicos contrastados. Las empresas químicas y farmacéuticas están obligadas a probar la eficacia de una molécula mediante procesos de ensayo clínico que pueden durar décadas. Además, tienen que aportar rigurosos informes clínicos sobre toxicidad, efectos secundarios, contraindicaciones, etcétera.
Nada de eso se le va a reclamar a la industria naturalista alternativa. La directiva de la Unión justifica este privilegio en la dificultad de recoger suficiente cantidad de documentación científica que avale la inocuidad y eficacia de remedios que llevan usándose décadas fuera del entorno médico. En otras palabras: si una planta lleva décadas siendo utilizada para aliviar un dolor, no hace falta demostrar nada más. Otro agravio frente a los medicamentos químicos, que están sometidos constantemente a revisión por parte de la literatura clínica.
El asunto tiene su importancia a efectos de seguridad. Cuanta mayor información científica se tenga de un compuesto, más fácil será su utilización en las dosis y usos correctos y con más seguridad podremos variar las mismas en caso de necesidad: por ejemplo, para tratar a menores, a mujeres embarazadas, a alérgicos... El hecho de que una planta haya sido utilizada durante años para mejorar el tránsito intestinal en adultos no le exime de demostrar su seguridad en el caso de los niños o los ancianos que padezcan alguna contraindicación. Este tipo de ajustes sólo es posible si se cuenta con información clínica abundante, cosa que para las hierbas no será posible.
En segundo lugar, la nueva directiva obliga a limitar las referencias a propiedades terapéuticas de los compuestos tradicionales. No se podrá decir que una hierba o una sustancia sirven para tratar determinado mal si no se ha comprobado previamente. ¿Es eso lo que exaspera a los vendedores de remedios naturales?
Otro de los puntos que parecen no gustar a los fabricantes de remedios naturales es la obligación de incluir una leyenda en el prospecto de los mismos que alerte de que, transcurrido un tiempo sin que el producto haga efecto, el consumidor deberá acudir a un profesional de la salud. Sentirse agraviado por esta exigencia es algo así como reconocer que no existe certeza alguna de la utilidad del invento.
Pero, más allá de estas consideraciones, lo cierto es que la pataleta de los vendedores de remedios naturales carece del menor sentido de la justicia. Con la nueva norma, a los herbolarios se les va a tratar infinitamente mejor que a las farmacias, se les va a exigir menos inversión en desarrollo y se les va a permitir seguir vendiendo exactamente los mismos productos que han vendido hasta ahora. Para colmo, la ley estaba diseñada desde el año 2004, pero se ha otorgado una demora de 7 años para que el sector pueda ir preparándose. ¡Cómo le hubiera gustado este detalle a los bares afectados por la Ley Antitabaco, por ejemplo!
Por mucho que algunos se empeñen, natural no siempre es sinónimo de bueno, y en la botica del herbatero caben demasiadas especies vegetales como para permitir que se vendan sin control. Por si fuera poco, las autoridades sanitarias andan alertadas por el exponencial aumento del consumo de estos remedios entre la población general. No cabe duda de que era necesaria una mínima regulación que impidiera la invocación de promesas farmacológicas infundadas, la sustitución de la medicina que sí funciona por la salud alternativa y los efectos que algunas de estas sustancias naturales tienen sobre las terapias médicas científicas. Por ejemplo, se sabe que algunos preparados a base de ginseng son incompatibles con los medicamentos para mejorar la viscosidad de la sangre, o que las hierbas de San Juan pueden contrarrestar los efectos de las hormonas anticonceptivas. Sin contar algunos casos recientes de preparados naturales para adelgazar que han tenido que ser retirados del mercado al demostrarse que no eran seguros.
Así que no se dejen engañar por el vocerío. La medicina natural no está en peligro... Todo lo contrario: en algunos casos, le están dando demasiada vida.