Existe un gran desconocimiento acerca de las finanzas de los dos grandes sindicatos de izquierdas, básicamente por dos razones: 1) sus fuentes de financiación son tan numerosas, que un equipo de peritos contratados por los propios sindicatos necesitaría no menos de seis meses al año para identificar todos los cauces del trinque; 2) sus cuentas no están sometidas al escrutinio de los organismos fiscalizadores del estado, en contra de lo que afirman sus líderes, que tampoco parecen muy por la labor de aportar luz al respecto: total, mientras el dinero público fluya con abundancia, la supervisión no sería más que una costosa excentricidad.
Los dos grandes sindicatos disfrutan del usufructo de los edificios que les fueron cedidos por el estado cuando se desarbolaron los sindicatos verticales del Franquiense; edificios que, según la ley ad hoc aprobada en su momento, formaban parte del patrimonio sindical incautado durante la guerra civil y la inmediata posguerra. De nada sirvió a algunos sindicatos hoy minoritarios pero entonces boyantes, como la CNT, aducir que Comisiones Obreras se había fundado en los años sesenta y que, por tanto, no podía haber sido objeto de incautaciones patrimoniales treinta años antes.
A pesar de la evidente injusticia, la paz social y el relevante papel de las dos centrales mayoritarias de la izquierda como "interlocutores sociales" facilitaron que se les adjudicara un número impreciso de inmuebles, generalmente situados en las zonas más nobles de las capitales de provincias, por los que no pagan un solo euro de alquiler. Por no pagar, no pagan ni el IBI, que para eso Aznar se encargó de elaborar otra ley que les declaraba exentos del susodicho.
Con estas peculiares condiciones, el sindicalismo es una actividad empresarial que sólo recoge beneficios sin apenas coste, porque ¿en qué gastan el dinero los sindicatos? Una empresa al uso, además de pagar a los trabajadores, ha de comprar materias primas, transformarlas, establecer canales de distribución y vender sus productos. Con lo que le queda, ha de pagar el impuesto de sociedades y el resto de tasas fiscales y sociales exigidas por el estado.
Un sindicato realiza su actividad en unos locales que no le cuestan un euro, recibe subvenciones para llevarlas a cabo... y se queda con el resultado empresarial sin liquidar ninguno de los impuestos que todo contribuyente ha de satisfacer si no quiere pasar las de Caín. Por no pagar, no pagan ni los impuestos que deberían por los dividendos e intereses que les reportan sus inversiones en los mercados financieros.
El único coste conocido que tienen es el de sus trabajadores, situación de privilegio que no disfruta empresa alguna en un país civilizado.
La pregunta que nos hacemos llegados a este punto cae por su peso. ¿Cómo es posible que, teniendo tantísimos ingresos y unos gastos ciertamente escasos, y estando como están exentos de tributación, UGT y CCOO estén despidiendo trabajadores y haciendo eres a mansalva? A ver si tienen un ratito Méndez y Toxo y nos lo aclaran. Sólo por curiosidad.