España, hasta hace unos años un país homologable a las naciones desarrolladas, es hoy una ruina política, social y, sobre todo, económica; pero aquí no es ya que los responsables del desastre no se suiciden, gesto patriótico que ayudaría a moderar la prima de riesgo, sino que ni siquiera se les pasa por la cabeza dimitir de sus puestos, devolver lo trincado y solicitar su ingreso voluntario en prisión.
Hay grandes culpables de los males que padecemos, aunque, como burgueses bien educados, a los españoles no nos guste señalar. La mayoría sigue en los mismos puestos, y los que han debido ser cesados ante lo abrumador de los cargos en su contra han trincado suculentas indemnizaciones para sobrellevar los rigores de la crisis a base de excelente marisco y mejor champán. Estos últimos, unos triunfadores en toda regla, siguen en el mercado laboral de los grandes ejecutivos esperando a que "el partido" les encomiende otra alta responsabilidad, como mínimo igual de bien remunerada que las anteriores en las que demostraron su gran lealtad a las siglas.
Como en el chiste del dentista y su paciente, aquí hay una cadena de culpables agarrándose mutuamente del escroto, pendientes de cualquier apretón del vecino para desatar el efecto dominó, de forma que nadie salga indemne.
Los gestores de las cajas de ahorros arruinadas fueron nombrados por los políticos autonómicos, que a su vez se beneficiaron de unos préstamos preferentes para construir sus chorraditas, imposibles de devolver si no es a costa de los ciudadanos. Los políticos autonómicos, culpables de la ruina estructural de España, son a su vez los que aglutinan la voluntad de los afiliados para poner y quitar dirigentes nacionales. Estos últimos, por su parte, completaron el círculo haciendo todo tipo de enjuagues para fusionar las cajas arruinadas de forma que el latrocinio no pudiera identificarse con una comunidad autónoma concreta; y, como en los pactos de sangre entre mafiosos de cuarta, esas mismas elites nacionales han decidido que los recortes presupuestarios recaigan sobre los pensionistas, los funcionarios y la población en general y queden a salgo sus respectivos rebaños autonómicos, para que ni un solo borrego se quede sin su ración de alfalfa, por cierto, la más cara de todo el sembrado mundial.
Ni se suicidan, ni devuelven el trinque, ni comparecen ante la justicia ni se denuncian unos a otros, para salvar un trasero que de sobra saben tienen perfectamente resguardado, en virtud de su particular omertá. El debate público se limita a si la morterada de millones para salvar a la banca es un rescate o una inyección financiera temporal. Se llame como se llame, es un dinero que vamos a tener que pagar entre todos, como siempre; pero como la clase política es la que marca los términos del debate público, aquí andamos todas sus víctimas haciendo filología barata para ver cómo denominamos el soborno.
En España tiene que ir mucha gente a la cárcel. Pero mucha. Tirando por bajo, unos quinientos individuos e individuas entre políticos y cajeros. Lo más probable es que la Justicia, lenta como un paquidermo con dos tiros de rifle real en los cuartos traseros, actúe pasados unos años, cuando los pobres lo seamos un poquito menos y ya resulte difícil recordar el expolio al que hemos sido sometidos. Al final trincarán a unos cuantos desvergonzados que hayan perdido el favor de su partido por cuestiones internas, los pasearán por los telediarios con pretensiones de escarmiento general y tras el rosario habitual de apelaciones judiciales saldrán libres por prescripción de sus pequeños delitos sin tener que devolver ni un puto euro. Y si algún fiscal perseverante o un magistrado tozudo se empeña en condenar a algún incauto, ahí seguirá el Tribunal Constitucional para practicar un último enjuague.
Aquí no hay culpables. Todos inocentes. Especialmente los que pagamos impuestos; inocentes en el más amplio sentido del término.
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