Bajo esta norma, basada en el concepto conocido como "el que contamina paga", aumentará la presión sobre los causantes de vertidos, incendios o ataques graves contra el entorno natural.
El aumento de las penas y la mejor definición de determinados tipos de delito favorecerán el control de estos actos antiecológicos. Pero, como en todo proceso normativo que se precie, también será necesario dotar a las instituciones encargadas de velar por él de los medios necesarios para el correcto desempeño de sus tareas.
Y es aquí donde puede ser necesario el socorro de la ciencia. Un nuevo perfil profesional científico empieza a dibujarse en el horizonte y promete convertirse en una carrera de éxito: los forenses ambientales.
Estos especialistas jugarán un papel fundamental en la investigación de los delitos ecológicos, la persecución de los culpables y la valoración de los daños reales sufridos. Pero, como en todo lo que concierne al medio ambiente, no podrán evitar ser sometidos a una tremenda presión entre la razón científica, los medios técnicos y la dictadura de lo "políticamente correcto" impuesta por los lobbies ecologistas.
Durante este año deberán fijarse cuáles son las atribuciones y las herramientas que doten a los futuros "ecoforenses" de una entidad suficientemente eficaz. Pero quizás sea ya hora de adelantar algunas propuestas, para evitar que el debate termine cayendo, como siempre, en manos de la banalidad pro verde. La ciencia está a tiempo de coger la sartén por el mango antes de que, como suele ocurrir, se les adelanten los amigos del ecoalarmismo.
Un forense ambiental no debería ser un inspector dispuesto a tumbar cualquier infraestructura, un censor al servicio de la antiglobalización o un adalid de la lucha contra las nucleares, las petroleras, las plantas eólicas y los depósitos de residuos. Bajo el marco de la nueva directiva europea, un forense ambiental debería, más bien, garantizar y promover el correcto uso de las nuevas tecnologías y facilitar la construcción de infraestructuras útiles.El perfil profesional de estos hombres y mujeres, según empieza a definirse en algunos foros de ciencias físicas, debería aunar habilidades en análisis de impactos (análisis químicos, hidrogeología, ingeniería…) y una visión de conjunto que permita integrar estos conocimientos en el entorno legal novedoso.
Ya se están poniendo en marcha programas piloto de desarrollo de estas carreras. La Queen's University de Belfast lidera uno de ellos. Allí se están formando profesionales para que sean capaces de detectar cuándo y cómo se ha producido un delito ecológico y para determinar la idoneidad de una instalación. De las primeras experiencias se deduce que este cuerpo profesional puede ser una herramienta eficaz para garantizar la seguridad ambiental de las infraestructuras y determinar su impacto con rigor, lejos de los alarmismos habituales.
Pero los más pesimistas ya empezamos a temer que los forenses ambientales puedan terminar siendo peones del negocio ecologista y actúen más cómo obstáculos que como garantes del desarrollo tecnológico.
Pensemos por un momento en qué hubieran podido hacer estos profesionales en determinados casos recientes. Tras el accidente del Prestige, deberían haber servido para clarificar el grado de contaminación y "desastre" producido, para determinar la idoneidad o no de las medidas tomadas por las autoridades y para cuantificar el montante de las indemnizaciones. Un cuerpo de buenos ecoforenses habría permitido acabar con las protestas del "nunca máis" en dos patadas. Tras los incendios de Guadalajara y Galicia, estos peritos al servicio de la Administración de la Justicia habrían permitido definir sin género de dudas el grado de culpabilidad de los diferentes gobiernos, locales o nacionales, despejando el camino para la petición de responsabilidades. En el caso del próximo emplazamiento de un almacén geológico de residuos radiactivos, los forenses podrían ayudar a decidir el lugar más indicado para hacerlo, librándonos del penoso debate demagógico e interesado que se nos avecina.