Los excesos del triple crimen de Burgos

En España hay que vigilar a la justicia. En la misma semana en que se sopesa separar a una juez de su oficio por haber olvidado que debía poner en libertad a un preso al que ella misma había absuelto y que se pasó 437 días entre rejas, por la cara, sin merecerlo, otro juez admite las diligencias policiales como suficientes para detener y encarcelar –en un centro de menores– a un chico de 19 años que, cuando tenía 16, vivió la tragedia de un crimen en su familia. Ahora es todavía peor, porque esta vez es el imputado.

 

Los hechos se produjeron la madrugada del 8 de junio de 2004 en una vivienda ocupada por Salvador, alcalde pedáneo de La Partida de Bureba, su esposa y su hijo de 12 años. Su otro hijo se supone que estaba en el internado donde estudiaba, en Aranda de Duero. El asesino entró en el domicilio con una llave o porque le abrieron sin recelar, dio 50 cuchilladas al padre, 17 a la madre y 32 al niño. Dejó huellas de pisadas ensangrentadas en el suelo y, al parecer, en la hoja de la puerta que echó abajo. Sin embargo, en el lugar no se hallaron huellas dactilares ni se encontró el arma del crimen, un cuchillo.

 

El asunto es de los más misteriosos y tremendos que tiene entre manos la policía, que lo acogió con especial empeño. Sobre todo, desde el nombramiento de un nuevo comisario que se encarga del delito especializado y violento.

 

Tres años después de los hechos, parecía que todo quedaba resuelto. Se filtró que había sido detenido e imputado el hijo mayor de Salvador, aunque no se revelaron los motivos. Un nuevo éxito de la labor policial, que en este caso nos dejó boquiabiertos. Sin duda, los agentes especializados destinados a este enigma han reunido indicios y sospechas bastantes para llevar al imputado a comisaría y someterlo a un interrogatorio. Otra cosa es que ese material sea suficiente para llevarlo a juicio.

 

Entre otras cosas, el chico negó a los agentes que tuviera llave del domicilio paterno, cosa que se supone quedó desmentida por un testigo de la investigación. También dispone de una coartada: aquella noche estaba en Aranda de Duero, a 40 kilómetros del lugar de la matanza; pero se cree que sabe dónde se guardan las llaves de un vehículo del centro escolar que pudo ser utilizado aquel día. Y poco más ha trascendido. Entre ese poco está el hecho de que las manchas de sangre no siguen más allá de la puerta de entrada de la vivienda. En la escalera no hay ninguna, lo que supone que el asesino se cambió de ropa, y tal vez de calzado, dentro. Una de dos: o lo llevaba dispuesto o lo tenía allí. Muy sospechoso: un crimen de odio.

 

A todo lo anterior hay que añadir que los investigadores piensan que alguien entró en la escena del crimen una vez precintada por la policía, seguramente porque había olvidado algo. Con todos estos elementos, la investigación estudia varios móviles, y uno de ellos es el crimen familiar. Lo que pasa es que la cosa pasa a mayores cuando interviene la justicia.

 

Se supone, y me llegan noticias en este sentido, que los encargados de la investigación han estado en contacto durante estos meses con la Fiscalía de Menores; esto es, que para no meter la pata han consultado a la acusación. Y es posible que decidieran el arresto tras recibir el visto bueno. Luego aquí empieza el contrasentido.

 

Puede entenderse que el fiscal valore mal unas pruebas, pero no se entiende en absoluto que haga lo mismo el juez. Una vez en sus manos el atestado policial, el juez debe decidir si sigue adelante o no con el procedimiento, y aquí estima suficiente lo aportado como para recluir al chico, que ya es mayor, en un centro de menores, lo que no deja de ser sorprendente. En segundo lugar, lo mantiene allí durante muchas horas para, finalmente, ponerlo en libertad.

 

Aquí es donde empieza el alucine: ¿puede un juez valorar de dos formas contradictorias las mismas pruebas en el transcurso de unas horas? ¿Pueden los policías, en contacto con los fiscales, sobreestimar lo que tienen al cabo de tres años de investigación?

 

Si el imputado es culpable, hay que probarlo. Los medios de prueba y la valoración de los mismos no son tan complicados. A ver: ¿tienen el arma del crimen? ¿Hay un testigo de cargo? ¿Tienen huellas o restos de ADN? ¿Han recuperado las zapatillas ensangrentadas? Pues si no tienen nada de esto, igual no tienen nada.

 

La subdelegada del Gobierno ya estaba tentándose la ropa días antes. Repetía a los periodistas: "Tengan prudencia y paciencia". Pues ténganla ustedes primero. ¿Quién es el imprudente que ha confundido un indicio con una prueba? Cualquiera que haya sido, quien tiene la última palabra es el juez. A su señoría le tocaba valorar. Y frente a la expectación creada, metió al chico en reclusión. Eso embraveció el oleaje mediático: hubo un periodista de televisión que dijo haber adelantado la noticia y que luego, con el "síndrome del guardabarreras" –ya saben, cuando les echaban la culpa de los accidentes ferroviarios y ellos mismos lo aceptaban, entre lloros de desesperación–, decía en directo: "¡El daño que le hemos hecho!". Pues habrá sido él.

 

No me gusta la Ley del Menor, pero mientras esté vigente hay que respetarla. Cualquiera puede cometer un error, pero en este caso se veía todo muy confuso. ¿Por qué declaraban el secreto del sumario, si tenían el gato en la talega? A causa de todo esto, el imputado sigue siendo sospechoso, las actuaciones no están archivadas, pero está claro que la acusación ha perdido mucho gas. Además, está la sacrosanta presunción de inocencia.

 

El periodismo de sucesos también ha perdido mucho, y está lleno de aficionados. Gente que ha visto pocos muertos, ningún asesino y sólo algunos casos. En esta situación, cualquier error es posible. Aunque en este asunto toda la culpa es de quien se ha querido poner la medalla antes de haber terminado la cacería. Tampoco ha funcionado la red judicial, que últimamente presenta grandes fallos. El juez era nuestra última esperanza. Ahora tendremos que reinventar el periodismo de investigación.