No digo que no sea posible, como tampoco me atrevo a negar con rotundidad que el lobo se comiera a la abuela de Caperucita y más tarde un cazador extrajera viva a la buena señora de su estómago. Simplemente sostengo que lo más probable es que la anciana pereciera devorada por la alimaña y que el relato de la niña casquivana, apoyado por el testimonio de un cazador providencial, seguramente fue una invención para ocultar otras responsabilidades.
La teoría oficial sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 permitió albergar desde el principio importantes sospechas que el transcurso del tiempo y las investigaciones periodísticas han confirmado de forma indubitable. Si la abuelita sobrevivió a la ingesta del lobo pero nadie ha vuelto a verla, es razonable dudar sobre el relato de Caperucita y su amigo el cazador, con quien, por cierto, se la podía ver desde mucho antes pasear por el bosque a deshoras, con grave escándalo para las nobles gentes de la aldea.
Luis del Pino, colaborador de esta santa casa, es tal vez el investigador que más ha trabajado para esclarecer lo que desde un principio él mismo llamó "los agujeros negros del 11-M". La denominación no pudo ser más acertada, pues también en el proceso para esclarecer los atentados hubo gran cantidad de materia que se volatilizó sin que se sepa dónde fue a parar, que es la principal característica de esos fenómenos cosmológicos de los que tomó prestado el nombre.
Pero, siete años después, parece que el inmenso agujero de antimateria formado en torno al 11-M lleva camino de convertirse en un agujero de gusano, que las ecuaciones de la relatividad y la teoría de cuerdas caracterizan como un vórtice energético capaz de conectar dos realidades distintas separadas por la línea normal espacio-tiempo.
Los testimonios recogidos tras los atentados, que permitieron condenar a los cabecillas de ese abigarrado comando de islamistas descreídos, aparecen ahora como surgidos de otra dimensión, refutando los principios más sólidos de las leyes de la física, de la química y, sobre todo, de la ética judicial. Las peripecias de algunos testigos protegidos, que no tenían nada de lo primero y acabaron teniendo todo de lo segundo, son buena prueba de ello.
Paralelamente, la asociación civil que ha sostenido todo este tiempo el frente judicial para esclarecer lo que realmente ocurrió aquel once de marzo languidece sin apenas fondos con los que mantener su actividad. Consecuencia de la crisis, dicen, pero sin aclarar si se refieren a la carencia de fondos públicos o a la escasez de dignidad política, mucho más grave que las dificultades financieras ganadas a pulso por los mismos que hoy niegan a esa asociación unos recursos que no les pertenecen.
Las asociaciones civiles deben financiarse estrictamente con las aportaciones de sus miembros y simpatizantes, pero en un sistema político como el nuestro, basado en la subvención y el trinque presupuestario, las ayudas públicas a instituciones como las asociaciones de víctimas deberían ser las últimas en desaparecer de los boletines oficiales.
Si desde la marcha de la sabia egabrense hemos llegado al consenso de que el dinero público pertenece a los ciudadanos, no estaría de más que los políticos en ejercicio hicieran honor a la petición expresa de una gran parte de esos contribuyentes, que prefiere que su dinero vaya a entidades como las asociaciones de víctimas de todo tipo de terrorismo. Visto desde la perspectiva de la codificación presupuestaria, en última instancia estas aportaciones de fondos públicos no dejarían de ser una inversión en I+D. Integridad + Dignidad.