Aunque no lo parezca, en parte, esto es bueno, porque nada queda de los dieciséis años de cárcel que durante más de trece de inexplicable instrucción han estado pidiendo para Fernando y Juan Ignacio; a la presentadora y el director del espacio El juicio Alcácer se les quería meter tres años en la cárcel, pero finalmente han sido declarado absueltos.
Juan Ignacio Blanco, reportero de sucesos de los antiguos, de los buenos, enrollado en el caso Alcácer como una crisálida en su capullo, no ha vuelto a levantar cabeza. Pedían para él más cárcel que la que se solicita para un homicida, pero al final serán sólo dos años, más una enorme cantidad de dinero, de la que de ningún modo dispone.
Frente a una sentencia durísima que trata a dos personas que lucharon con todas sus fuerzas por encontrar a los asesinos de unas niñas y perdieron en el intento no sólo lo que tenían, sino todas sus perspectivas de futuro, nos queda la esperanza de que los jueces del Supremo vuelvan a examinar su caso, lo tamicen y valoren el verdadero peso de las supuestas injurias y calumnias, delitos delicuescentes que pueden ir de leves a graves e incluso ser sólo faltas; que tengan en cuenta las pasiones que suscitaron los crímenes de Alcácer cuando se conocieron y cuando fueron juzgados.
Hay que establecer, más allá de toda duda, el derecho de un padre a disentir de la versión oficial de un hecho, a no estar contento con lo que se hizo para taparle la herida, a mostrarse contrario a la solución. Sobre todo cuando se trata de una solución que deja asesinos sueltos.
Tratar al padre de Miriam como un delincuente peligrosísimo al que no se le envía a la cárcel pero se le castiga con una pena económica insufrible es a todas luces injusto. Lo mismo cabe decir de Juan Ignacio Blanco, que lo dio todo en Alcácer, hasta el punto de que no ha vuelto a tener un trabajo regular. Respeto la sentencia, pero no la comparto en absoluto.
Vale la pena recordar que Fernando y Juan Ignacio, antes de criticar el trabajo de alguno de sus integrantes, empiezan por elogiar a la Guardia Civil. Y que se muestran fervorosos creyentes en la Justicia. A la que por cierto, han dedicado sus vidas.
El razonamiento que se aplica para argumentar la pena contra Juan Ignacio acude al ojo de buen cubero para establecer la cantidad de la multa. En la sentencia se dice que no se ha podido determinar su capacidad económica, y a continuación se añade: "Pero desde luego de algo vivirá el acusado, cuando dispone de domicilio independiente y tiene capacidad económica suficiente como para poder realizar su sustento sin ayuda alguna". Pues bien, si éste es el rigor en materia de comprobaciones de toda la sentencia, es para echarse a temblar.
Al parecer, Juan Ignacio vive en una casa cedida por familiares, que también le socorren en sus necesidades de hombre casado mientras busca, incansable, ingresos y tareas. En cuanto a Fernando García, era un colchonero de éxito hasta que el Estado falló tan estrepitosamente –y tuvo que indemnizarle por ello–, que no pudo impedir que secuestraran y asesinaran a su hija. Gastó todo lo que tenía en dar con los asesinos, a los que personalmente creo estuvo a punto de atrapar, con la ayuda de Juan Ignacio.
Cabe señalar la entrega absoluta de los dos, en beneficio de la sociedad entera, y la incomprensión de un buen batallón de periodistas buitres pero incapaces de analizar los 87 folios de esta sentencia que los convierte en mendigos, que estima como los más graves delitos una serie de opiniones exaltadas, impertinentes, quizá fuera de lugar, fruto del calor de la pelea, pero no alentadas por el ánimo de injuriar o calumniar, como por otra parte suele suceder entre personas de bien.
Esta sentencia fue promovida por una denuncia del fiscal Enrique Beltrán, que cuando llegó el juicio rondaba la edad de jubilación, aunque finalmente logró que le prolongaran el tiempo de servicio. Particularmente, y dado que no estoy de acuerdo con Fernando ni con Juan Ignacio en muchas cosas, afirmo que Beltrán hizo bien su trabajo durante el juicio, a cuyas sesiones asistí. Dicho esto, no comparto que en esta sentencia se tenga por delitos una sarta de opiniones pronunciadas en el transcurso de un proceso que inflamó a España entera. A mi juicio, se trata de una condena –afortunadamente, provisional– fuera de foco e injusta.
FRANCISCO PÉREZ ABELLÁN, presentador del programa de LIBERTAD DIGITAL TV CASO ABIERTO.
Juan Ignacio Blanco, reportero de sucesos de los antiguos, de los buenos, enrollado en el caso Alcácer como una crisálida en su capullo, no ha vuelto a levantar cabeza. Pedían para él más cárcel que la que se solicita para un homicida, pero al final serán sólo dos años, más una enorme cantidad de dinero, de la que de ningún modo dispone.
Frente a una sentencia durísima que trata a dos personas que lucharon con todas sus fuerzas por encontrar a los asesinos de unas niñas y perdieron en el intento no sólo lo que tenían, sino todas sus perspectivas de futuro, nos queda la esperanza de que los jueces del Supremo vuelvan a examinar su caso, lo tamicen y valoren el verdadero peso de las supuestas injurias y calumnias, delitos delicuescentes que pueden ir de leves a graves e incluso ser sólo faltas; que tengan en cuenta las pasiones que suscitaron los crímenes de Alcácer cuando se conocieron y cuando fueron juzgados.
Hay que establecer, más allá de toda duda, el derecho de un padre a disentir de la versión oficial de un hecho, a no estar contento con lo que se hizo para taparle la herida, a mostrarse contrario a la solución. Sobre todo cuando se trata de una solución que deja asesinos sueltos.
Tratar al padre de Miriam como un delincuente peligrosísimo al que no se le envía a la cárcel pero se le castiga con una pena económica insufrible es a todas luces injusto. Lo mismo cabe decir de Juan Ignacio Blanco, que lo dio todo en Alcácer, hasta el punto de que no ha vuelto a tener un trabajo regular. Respeto la sentencia, pero no la comparto en absoluto.
Vale la pena recordar que Fernando y Juan Ignacio, antes de criticar el trabajo de alguno de sus integrantes, empiezan por elogiar a la Guardia Civil. Y que se muestran fervorosos creyentes en la Justicia. A la que por cierto, han dedicado sus vidas.El razonamiento que se aplica para argumentar la pena contra Juan Ignacio acude al ojo de buen cubero para establecer la cantidad de la multa. En la sentencia se dice que no se ha podido determinar su capacidad económica, y a continuación se añade: "Pero desde luego de algo vivirá el acusado, cuando dispone de domicilio independiente y tiene capacidad económica suficiente como para poder realizar su sustento sin ayuda alguna". Pues bien, si éste es el rigor en materia de comprobaciones de toda la sentencia, es para echarse a temblar.
Al parecer, Juan Ignacio vive en una casa cedida por familiares, que también le socorren en sus necesidades de hombre casado mientras busca, incansable, ingresos y tareas. En cuanto a Fernando García, era un colchonero de éxito hasta que el Estado falló tan estrepitosamente –y tuvo que indemnizarle por ello–, que no pudo impedir que secuestraran y asesinaran a su hija. Gastó todo lo que tenía en dar con los asesinos, a los que personalmente creo estuvo a punto de atrapar, con la ayuda de Juan Ignacio.
Cabe señalar la entrega absoluta de los dos, en beneficio de la sociedad entera, y la incomprensión de un buen batallón de periodistas buitres pero incapaces de analizar los 87 folios de esta sentencia que los convierte en mendigos, que estima como los más graves delitos una serie de opiniones exaltadas, impertinentes, quizá fuera de lugar, fruto del calor de la pelea, pero no alentadas por el ánimo de injuriar o calumniar, como por otra parte suele suceder entre personas de bien.
Esta sentencia fue promovida por una denuncia del fiscal Enrique Beltrán, que cuando llegó el juicio rondaba la edad de jubilación, aunque finalmente logró que le prolongaran el tiempo de servicio. Particularmente, y dado que no estoy de acuerdo con Fernando ni con Juan Ignacio en muchas cosas, afirmo que Beltrán hizo bien su trabajo durante el juicio, a cuyas sesiones asistí. Dicho esto, no comparto que en esta sentencia se tenga por delitos una sarta de opiniones pronunciadas en el transcurso de un proceso que inflamó a España entera. A mi juicio, se trata de una condena –afortunadamente, provisional– fuera de foco e injusta.
FRANCISCO PÉREZ ABELLÁN, presentador del programa de LIBERTAD DIGITAL TV CASO ABIERTO.