Los sindicatos de izquierdas UGT y CCOO son corporaciones privadas que venden un producto a su principal cliente, la administración pública. En realidad no comercian con un bien físico, sino que prestan un servicio a cambio de una contraprestación dineraria, como las empresas de viajes o los profesionales de la hostelería. Se trata de mantener la paz social, que ambas empresas gestionan, a cambio de un pago anual, que los gobiernos les entregan con cargo a nuestros bolsillos por medio de los cauces más imaginativos que imaginarse quepa.
Los dos grandes sindicatos de clase (de clase alta, a tenor de los sueldos y complementos de vestuario que lucen sus líderes) llevan treinta años creando a sus clientes la necesidad de adquirir sus servicios, que es la principal estrategia que utilizan todos los agentes comerciales para colocar su mercancía entre sus potenciales clientes. Con el transcurso del tiempo –pasa en todas las ramas de la actividad económica–, la clientela puede cansarse de adquirir siempre el mismo producto y comienza a pensar que ya no le resulta necesario o, peor aún, a coquetear con la competencia, momento en el cual el experto en mercadotecnia tiene que sacar la artillería pesada para mantener la fidelidad del comprador díscolo.
UGT y CCOO han mantenido su preeminencia en el mercado de la paz social porque, en virtud de ciertas componendas legislativas, se han erigido como los únicos interlocutores sociales. Este régimen de duopolio subsistió mientras los gobernantes transigieron con la adquisición de sus servicios en los términos acordados, pero cuando alguno pretendió modificar las cláusulas no escritas de esta relación, ambos sindicatos se vieron obligados a estimular ese mercado cautivo poniendo en marcha su principal herramienta de marketing: la huelga general.
Los episodios de huelga general vividos en España responden a esa dialéctica proveedor-cliente típica de las relaciones del mundo mercantil, y el de este jueves no fue una excepción sino, por el contrario, el ejemplo más perfecto de que, en última instancia, todo esto no es más que un asunto de negocios.
El gobierno de Rajoy, a través de la reforma laboral, se ha atrevido a poner en cuestión la exclusividad de UGT y CCOO como proveedores oficiales de paz social introduciendo criterios de flexibilidad en la gestión de tal servicio a través de la entrada en ese mercado cautivo de nuevos agentes económicos, como las empresas privadas especializadas en formación. El panorama para las referidas centrales sindicales no podía ser más oscuro, porque ninguna empresa enviciada en el monopolio acepta de buen grado repartir la tarta con nuevos competidores.
Al abrir el abanico de suministradores de paz social, los ingresos por la prestación de ese servicio se fraccionan a su vez, lo que tiene como consecuencia una disminución notable en los ingresos anuales de los dos sindicatos que hasta el momento tenían la concesión en exclusiva.
La reacción de UGT y CCOO ha sido exactamente la de cualquier empresa que viera amenazado su negocio por la entrada de nuevos competidores capaces de ofrecer precios más económicos: poner en marcha una ofensiva en toda regla para demostrar al principal cliente que los servicios que prestan, aunque caros, son mucho más valiosos que los que anuncian esos advenedizos.
Esta huelga general ha sido eso y nada más que eso, un despliegue de los dos grandes sindicatos para demostrar que sólo ellos pueden garantizar la paz social, ese bien tan preciado por los gobernantes de toda laya y condición.
¿Por qué desde que se anunció la huelga ningún sindicalista ha sido capaz de detallar en qué perjudica la reforma laboral a los trabajadores con ejemplos concretos? Pues porque no lo saben... ni les importa. Lo que les tiene aterrorizados es la perspectiva de quedarse sin el momio.
Si se tiene en cuenta esta realidad, ocultada generalmente entre el fárrago de declaraciones ociosas que a diario vomitan los grandes medios, se comprenderá perfectamente la vehemencia informativa de los piquetes sindicales y también las caras de pavor de Toxo y Méndez al darse cuenta de que su estrategia de marketing, a tenor del seguimiento popular de la huelga, parece haber perdido efectividad. Ya iba siendo hora.