Nuestra situación climática y geográfica nos permite vivir apaciblemente sin riesgos de padecer el azote de huracanes (que sólo ocurren en zonas intertropicales) ni grandes tornados. El cinturón de fuego, la zona de contacto entre grandes placas tectónicas donde se producen los mayores riesgos de terremoto, apenas nos roza por el sur de la península, de modo que nuestra propensión a los terremotos es leve. El vulcanismo activo se limita a algunos puntos calientes en Canarias que, afortunadamente, están bien controlados por la comunidad científica. Para colmo, la biodiversidad ibérica es asaz inocua para el hombre: podemos disfrutar de nuestros campos, ríos, mares y bosques sin miedo a ser atacados por bestias salvajes, picados por insectos transmisores de la malaria, asediados por enfermedades como el dengue o la leishmaniosis, sorprendidos por caimanes, pirañas o tiburones.
Sí tenemos suerte. No todos los países del mundo pueden decir eso. Ni siquiera todos los países desarrollados.
Quizás por ello nuestras autoridades se jactan con frecuencia (lo acaba de hacer, por ejemplo, nuestro ministro de Interior) de la capacidad del Estado para mantener la naturaleza a raya. "A nosotros no nos pasaría lo mismo que ha ocurrido en Nueva Orleáns, no. Y si nos pasara, responderíamos como es debido", nos dicen. ¿Será verdad?
La respuesta es no. En primer lugar, el hecho de que España esté libre del azote de grandes catástrofes naturales tipo Katrina no se debe, evidentemente, a la sapiencia de nuestros gobernantes. Ya hemos explicado que nuestro territorio parte con ciertas ventajas naturales desde bastante antes de que nacieran los abuelos del actual Gobierno. En segundo lugar, y esto es lo más importante, porque es falso que España no sufra los rigores de la naturaleza. Lo que pasa es que los padece de un modo perverso y silente.
Desde 1990, más de 1.200 personas han muerto en nuestro país por culpa de la furia de la naturaleza. No ha habido desastres globales, pero la nómina no deja de crecer año tras año a pequeñas gotas. Las medias son (según datos de 2003) las que siguen. Al año pueden morir cerca de 4 españoles por aludes de nieve, 2 por deslizamientos de terreno, 11 por incendios forestales (este año la media ha sido superada con creces, por desgracia), 13 por lluvias intensas, 10 por efecto del viento, 2 por tormentas… y así podríamos continuar hasta alcanzar las cifras totales.
En esta contabilidad no aparecen, por cierto, otras muertes directamente relacionadas con la naturaleza como la de los accidentes de tráfico causados por la niebla o la lluvia intensa, los marineros muertos en el mar y las personas que fallecen a causa de una ola de calor. Casi 1.500 conciudadanos en poco más de 10 años es una cifra que debería dar que pensar. Y, sobre todo, que tendría que evitar las ínfulas de triunfalismo que tienden a manifestar algunos gobernantes responsables de la materia.
Los que saben de esto llevan años desgañitándose para que las autoridades españolas se tomen en serio el problema de los riesgos naturales. Un riesgo natural no es lo mismo que una catástrofe natural (la mayoría de las cuales no suelen afectarnos), pero también mata. España carece de una estadística fiable sobre las víctimas y pérdidas económicas derivadas de estos riesgos, entre los que están los ya citados: inundaciones, nieblas, olas de calor, etcétera. Habitualmente, las cifras de daños económicos se inflan con el fin de obtener ayudas y subvenciones y no concuerdan con las que se extraen de los datos de las aseguradoras. Por otra parte, los expertos tienen que contabilizar de mil maneras indirectas los desastres producidos y las víctimas causadas por carecer de un órgano que centralice esta tarea.
Existe una normativa muy estricta a la hora de evaluar el impacto ambiental de un obra pública, por ejemplo. Pero se carece de una normativa similar para evaluar su riesgo para los ciudadanos. Así, a pesar de que en España las inundaciones son recurrentes en periodos de tiempo más o menos estables y sobre las mismas áreas, la ley sigue siendo demasiado laxa a la hora de evitar la construcción de edificios y urbanizaciones en zonas de riesgo como ramblas, torrentes o barrancos. El 95% de las muertes por inundación ocurridas en España desde 1990 se produjeron en estos terrenos potencialmente peligrosos.
Aun así, sigue sin existir una ley marco que regule con eficacia todo lo referente a la gestión de riesgos naturales como la que rige en otros países europeos.
Por otro lado, la atomización de competencias locales, autonómicas y estatales ha puesto de manifiesto (por ejemplo, con los desgraciados incendios de este verano) la incapacidad de afrontar desastres de cierto nivel con la solvencia debida.
La naturaleza ibérica nos es favorable en muchas cuestiones. Pero no debemos olvidar que no estamos exentos de peligros. Las recurrentes sequías, las lluvias torrenciales, los episodios de gota fría, los golpes de mar… Los gobernantes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos también de esta amenaza, menos evidente que la de los huracanes, terremotos y volcanes pero más propia de nuestros lares.
De nada sirve jactarse de saber hacer algo que somos conscientes que no vamos a tener que hacer (porque el Katrina nuca pasará por la Península Ibérica) si dejamos sin hacer los deberes que año a año nos imponen los centenares de víctimas de los riesgos naturales en España.