No había sustancia para solicitar prisión, pues "no había reconocimiento alguno de los acusados", "ni grabaciones de las cámaras de seguridad de los bancos", "ni huellas", "ni se había recogido material biológico que permitiera identificar a los autores de los robos", según Pedro Martínez, teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid, que ha salido en defensa de su compañera actuante.
La argumentación nos tenía contra las cuerdas, a pesar de que resulta difícil de aceptar parte de la misma, como que "únicamente había una tentativa de robo con fuerza en un banco", o que "en ningún caso se podría imponer una pena superior a un año de cárcel", lo que excluía la "posibilidad de solicitar la prisión provisional". Por lo que hace a lo más gordo, que "se hallaron unas armas escondidas en una mochila en el falso techo de la entidad", eso "quiere decir, jurídicamente que los imputados no estaban armados en el momento de ser detenidos", "no tenían consigo las armas". Vaya, menos mal que lo aclara, porque cabía el riesgo de entender que el concepto jurídico puede ser lo contrario del sentido común.
El caso es que iban armados, aunque no empuñaran las pistolas, y el delito, por si no se recuerda, es "tenencia ilícita de armas".
En fin, la ciencia jurídica tiene variadas interpretaciones. Por ejemplo, todo esto parece no tener mayor trascendencia, desde el punto y hora en que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, pasando de soslayo sobre la presuntamente impecable actuación constitucional de sus subordinados, ordenó de manera inmediata y preferente que los cinco atracadores fueran capturados de nuevo e ingresados en prisión. Además, de paso, se ha de estudiar el comportamiento y rigor de la fiscal que instruía el caso.
¿Qué ha pasado, entonces? La sociedad no se ha tomado nada bien que, en plena oleada de robos y atracos, unos asaltantes a los que en un vídeo policial se les ve salir del conducto de ventilación donde estaban "encalomados", es decir, escondidos, en espera de la llegada del director de la entidad bancaria, sean puestos en libertad, debido a que los autores de la detención, supuestamente, no hicieron bien los deberes. O, dicho de otro modo, podría haber sucedido lo que en tantas películas: que alguien se carga un proceso contra un malo malísimo porque no le leyeron los derechos antes de ponerle las esposas. Solo se trata de un detalle, pero el Estado de Derecho está hecho de pequeños detalles.
¿Qué faltaba en el asunto de los atracadores, a los que se les seguía desde Vigo? De hacer caso a la fiscal, todo; de escuchar a los policías que hicieron un atestado de más de cien folios, y que además se jugaron el tipo durante la detención, nada. Pero esto no cuadra. Si la culpabilidad era tan evidente, ¿cómo es posible que no se entendiera? ¿Por qué se arriesgaría la fiscal a tan monumental escándalo si no fuera por la noble defensa de los valores constitucionales?Más cosas que no encajan: los policías grabaron un vídeo esclarecedor, en el que se ve a los acusados saliendo del escondite… que sin embargo no entregaron al juez. ¿Se trata de un recuerdo entrañable de su estancia en la entidad bancaria? ¿Acaso de un vídeo finamente turístico? ¿O, por el contrario, quiere decir esto que no aportaron todas las pruebas que tenían en un caso en el que, precisamente, se echan en falta pruebas? Pues sí, exactamente. Reservaron el vídeo, que es tremendamente esclarecedor, de los atrapados in fraganti, supuestamente, para la propia "seguridad jurídica". ¡Qué cosa más rara! De hecho, la fiscalía se plantea ahora abrir un expediente por supuesta ocultación de pruebas.
Más: el susodicho video fue facilitado a las televisiones, que lo difundieron con comentarios de perplejidad, horas después de la insólita puesta en libertad de la banda de quita y pon. ¿Qué habría hecho Su Señoría si lo hubiera podido ver antes que el resto de España?
Lo sucedido puede ser, simplemente, un hecho aislado, con una actuación desafortunada de una de las dos partes: o bien los agentes se precipitaron en su actuación o la fiscal no valoró debidamente las imputaciones. Aunque les advierto de que también es posible que esto acabe y no sean hallados culpables; o sea, que fuese y no hubo nada.
Lo realmente preocupante es que podría tratarse del síntoma de una grave enfermedad: el desencuentro o colisión de funcionarios que no sintonizan a la hora de defender a los ciudadanos. Por supuesto que es prioritario y exigible actuar dentro de la ley, con exquisito respeto constitucional; pero, cuando todo parecía suficientemente argumentado, la orden taxativa de Conde Pumpido nos sume en el horror: o sea, que no se trataba de eso. ¿Por qué, si en principio se observó un escrupuloso respeto a la Constitución, ahora ya no importa? Lo único que ha variado es la escandalera: que el personal se sube por las paredes mientras le atracan, le entran en sus casas y se ve obligado a convivir con delincuentes a los que se pone en libertad.
Se supone que el fiscal general habrá examinado el atestado, de más de cien hojas, y que, con su experiencia y formación, lo habrá valorado de forma radicalmente distinta, ordenando la nueva captura de los pájaros a los que se dejó volar. ¿O es que la ley depende de quien la interprete?