Con el llamado Estado del Bienestar, los Gobiernos prometen satisfacer todas nuestras necesidades y velar por nuestro futuro, pues al parecer los ciudadanos somos tan inconscientes que si nos dejaran tomar nuestras propias decisiones acabaríamos todos en el arroyo, rodeados de miseria. Nuestros hijos perecerían de inanición, desaparecerían las escuelas, se hundirían los hospitales; y, lo que es peor, nadie tendría ánimo ni pasta suficientes para ir al cine a ver una película española.
Esta arrogancia de los políticos, claramente injustificada, dado el nivel intelectual de la mayoría de ellos, es aceptada por la masa de votantes porque, en el proceso de redistribución del dinero expropiado a los demás, todos piensan que van a salir beneficiados (a costa del vecino). El socialismo nos convierte en malas personas, pero ya habrá tiempo de volver otro día sobre este punto.
Sentemos una primera verdad incuestionable. El dinero que el Gobierno se gasta en hacernos la vida cada vez más difícil ha salido previamente del bolsillo de la gente de a pie, bien directamente del nuestro y del de nuestros contemporáneos (a través de los impuestos), bien del de las generaciones futuras (a través del endeudamiento público). Cuando se tiene clara esta premisa, las alegrías redistributivas son vistas desde una perspectiva más crítica que cuando uno se engaña a sí mismo creyendo que ese dinero aparece como por ensalmo en las faltriqueras de los gobernantes.
Pero ¿hasta qué punto una persona puede llegar a depender a lo largo de su vida de esta siniestra maquinaria estatal? Veamos un ejemplo.
Supongamos que un niño viene al mundo en el seno de una familia modesta, con una renta familiar, digamos, de 25.000 euros. Si los padres trabajan, es probable que lo inscriban en una escuela infantil tras el periodo de descanso postparto de la madre. Sigamos suponiendo: estos padres tienen la suerte de encontrar plaza para su hijo en una guardería subvencionada, de tal forma que sólo pagan el 50% del coste de la plaza. De esta forma, si la cuota mensual es de, pongamos, 75 euros, tenemos una percepción de renta que el Gobierno transfiere a esta familia, desde el bolsillo de otros ciudadanos, de otros 75 euros mensuales. Once meses por 75 euros por tres años –lo que dura el periodo de guardería– hace un total de 2.475 euros. Apunten el dato y sigamos.
El niño abandona la guardería y entra en un colegio público. El coste de una plaza escolar para el Estado es de unos 3.500 euros anuales. Multipliquemos por los 14 años que suele durar la educación obligatoria y tendremos 49.000 euros más en el apartado de la educación del chiquillo.
Sigamos suponiendo que, a pesar de la LOE, la criatura no ha salido de la escuela analfabeta del todo y que sus padres deciden matricularla en una universidad, pública también. Aunque los rectores son muy celosos y no desvelan el coste real de las plazas de los alumnos, se estima que éstos pagan en torno al 15% del total, porcentaje que, dicho sea de paso, no deja de descender. El coste real por alumno de la universidad pública española es como los agujeros de gusano para la física cuántica: se sabe que están ahí, pero nadie ha podido todavía determinar su tamaño, forma y composición.Por otra parte, existe cada vez mayor escepticismo, incluso entre la clase progresista, acerca de que eso de que la educación superior se sufrague con los impuestos de todos sea una buena herramienta igualitaria. Cómo será la cosa que hasta la Unión Europea se está planteado que probablemente esto de la universidad gratuita va en contra del sacrosanto principio de igualdad. Pero dejemos a los progresistas con sus agobios intelectuales y su mala conciencia y establezcamos en 6.000 euros el coste anual de una plaza universitaria. Si lo multiplicamos por los seis años necesarios para sacar una carrera de cinco (seamos optimistas) y descontamos la parte que abona el alumno, tendremos un resultado redistributivo a favor de nuestro educando de 30.600 euros más.
Nuestro joven amigo llevaría consumidos a estas alturas de su vida 82.075 euros procedentes de la renta de sus compatriotas. Y todavía no ha dado un palo al agua.
Si el protagonista de este ejemplo se dedica a preparar oposiciones y, lo que es peor, las aprueba y se convierte en funcionario, estará unos cuarenta años más cobrando una renta mensual procedente, también, del bolsillo de los demás. No digamos ya si se mete en política y, por aquellos azares de la vida, alcanza un acta de diputado. A aquellos que sostienen que los políticos y los funcionarios también contribuyen al presupuesto estatal les sugiero que hagan un pequeño experimento mental y se pregunten qué les pasaría a un fontanero y a un diputado si de pronto se abolieran los impuestos. En efecto, la renta del currela aumentaría sensiblemente, y la del padre de la patria se reduciría a cero. Sobran los comentarios.
Pongámosle un sueldo decentillo a nuestro joven funcionario; digamos, de otros 25.000 euros anuales. En el momento de su jubilación habrá sustraído de la renta nacional un millón de euros en concepto de salario. Súmenle a partir de ahí los programas subvencionados del Inserso para visitar Benidorm cada mes de enero y los gastos que ocasionará, gracias a la flamante Ley de Dependencia, si al final de sus días se pone pachucho.
En fin, una burrada de dinero en términos constantes, extraído coactivamente del pobre bolsillo de los demás, que aumenta geométricamente a causa del efecto acumulado de la inflación.
¿Que es muy difícil encontrar un caso semejante al propuesto? Piensen en nuestro presidente del Gobierno y vuelvan a leer este artículo.