
Dolores Vázquez padece un “sobreseimiento provisional” de la causa. La hasta no hace mucho presunta autora del asesinato de Rocío Wanninkhof ha quedado exculpada, aunque el procedimiento se guarda la posibilidad de que surjan modificaciones que afecten a su situación; de ahí lo de “provisional”. El asunto es de tales proporciones que algunos hablan del mayor escándalo judicial desde El crimen de Cuenca. Pero vayamos por partes: nada ha sido improvisado en este asunto; y, por otro lado, los motivos por los que la antes presunta fue inculpada permanecen ahí. Son importantes, y aunque no nos corresponde decidir, si no sirven ahora para mantener la acusación no debieron servir nunca.
Recordemos sólo dos de ellos: los investigadores descubren un vehículo sospechoso en el lugar del crimen. Apuntan la matrícula y resulta ser propiedad de Dolores Vázquez. Interrogada sobre este extremo, niega haber estado allí o haber prestado el vehículo. De esta forma aparece en el caso. Posteriormente su sirvienta denunció que la señora, en un arrebato, tomó un cartel con la foto de Rocío Wanninkhof, de los que se utilizaban para la búsqueda de la joven, y lo acuchilló repetidamente, mientras decía: “Problema, problema, problema”. En ese momento no se sabía que Rocío había muerto apuñalada, lo que entonces pareció significativo.
¿Es un comportamiento en los límites de la normalidad emprenderla a cuchilladas con la foto de un ser querido –no olvidemos que la actora ayudó a criar a Rocío–, sobre todo cuando se teme lo peor? En cualquier caso: ¿son indicios suficientes para meter a alguien en la cárcel? Los encargados de valorarlo fueron expertos acostumbrados a tener en cuenta la presunción de inocencia: policías, fiscales y jueces. Decidieron que sí.
En primer lugar lo hicieron miembros de la Guardia Civil; y no meros agentes, sino de la UCO, unidad de elite compuesta por especialistas en casos difíciles como el secuestro de la farmacéutica de Olot o el asunto de Alcácer. Luego, el juez instructor y el fiscal, tutelado por el fiscal jefe de la Fiscalía de Málaga. Todos los responsables estuvieron de acuerdo, y la sospechosa pasó 17 meses en prisión. Si bien no de forma precipitada, puesto que la investigación se llevó a cabo a lo largo de 11 meses y las conclusiones fueron valoradas por el instructor, que antes de dictar auto interrogó a Dolores exhaustivamente, observando contradicciones e incoherencias en su relato.
Durante todo ese tiempo el abogado defensor pidió una y otra vez la puesta en libertad, pero le fue denegada. Ante estos acontecimientos los periodistas fueron informando de las noticias de un proceso lleno de peculiaridades; ignoro si hubo excesos o meteduras pata. Me consta que la información procedía del único lugar donde se generaba: la indagación policial y judicial.
Antes de nada, para no llamarnos a engaño, hemos de resaltar que, pese a las apariencias, la persona que más ha perdido con todo esto es Alicia Hornos, la madre de Rocío, hoy olvidada. Le han matado una hija, y ha sufrido tanto el curso errático de la indagación como la ruina física y económica. La he escuchado quejarse amargamente de que hay abogados que le reclaman casi ocho millones de pesetas por haberle llevado el caso. El asesinato de su hija le ha obligado a agotar todos sus recursos. Es decir, como suele pasarles a las víctimas en este país, no sólo ha quedado abandonada a sus propias fuerzas, sino que no termina de recibir agresiones.

Ahora tal vez se pierda un poco en la vorágine, pero el proceso fue largo y con todos los requisitos legales. Se fijó una fecha para la vista oral con jurado y se eligió a los componentes del tribunal popular con el concurso de todas las partes. Durante muchas horas desfilaron todos los que tenían algo que decir, mientras el jurado no perdía comba y trataba de cumplir escrupulosamente con su labor. Al término del juicio dictaron veredicto: el fiscal acusaba a Dolores de homicidio, pero el jurado estimó que era autora de asesinato; esto es, de haber matado con intención de hacerlo.
Planteado recurso, el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ordenó repetir el juicio porque el veredicto estaba “falto de motivación”; es decir, los miembros del jurado, que en otros países no precisan explicar el sentido del voto, en España tienen que hacerlo, y no precisamente como podría esperarse de jueces legos. O sea, que el TSJA no entra en si la entonces condenada es culpable o inocente: ordena que se repita con otro jurado.
De la misma forma reaccionará, más tarde, el Tribunal Supremo. Pero nos encontramos con la sorpresa, una vez más: lejos de seguir estas indicaciones, el proceso registra el desistimiento del fiscal a seguir acusando, a pesar de que lo nuevo registrado en el caso, según puede verse, es el añadido de un sospechoso, Tony King, lo que no quita nada de lo actuado.
