A las sesiones parlamentarias en que se determina el punto exacto de cocción de lo que antes era la nación española habrá que llamarlas "jornadas parlamentarias sobre el estado de la federación ibérica de nacionalidades autónomas", o algo por el estilo; porque lo de "nación", referido a España, va a dar lugar a múltiples confusiones y agravios comparativos.
Es cierto que la nación catalana no tiene todavía eficacia jurídica interpretativa, según determinó el órgano presidido por María Emilia Casas, lo que no implica que los muñidores de una ley orgánica que consagra la esencia nacional de una comunidad autónoma, junto con sus símbolos, deban renunciar a las consecuencias lógicas que de que el estatuto de autonomía establezca esa dimensión nacional de una determinada región española.
El concepto de nación es para Zapatero discutido y discutible, pero sólo si se refiere a España. Si el sujeto político en cuestión es Cataluña, no hay nada que discutir. Cataluña es una nación, y punto.
Al Partido Popular no le molesta en exceso esta transformación radical del régimen veteroconstitucional, porque lo suyo es "mirar hacia delante" y "seguir avanzando" aunque estemos al borde de un precipicio, cuando lo de continuar la marcha alegremente no es muy aconsejable. Tras interponer el recurso de inconstitucionalidad y recoger varios millones de firmas de españoles confiados, los populares cierran el expediente y se disponen a participar en el nuevo sistema político, no sea que algún avispado se lleve su parte del pastel.
Mientras tanto, los ciudadanos que pagamos impuestos ya no sabemos si pertenecemos a una nación o somos apátridas, a la espera de lo que decidan José Antonio (¡presente!) Durán y Lérida, Arturo Mas, José Montilla y Zapatero. En todo caso, hay una cosa clara, y es que vamos a tener que pagar cada vez más, sin saber exactamente si estamos contribuyendo a las arcas comunes de una nación de ciudadanos iguales o si nuestro esfuerzo va a ir destinado a promover la construcción nacional de otros entes territoriales en régimen de bilateralidad.
Urge por tanto la celebración de un debate sobre el estado de la noción, de la noción de España como patria indivisible de los españoles, según reza cierto documento que últimamente sólo se utiliza para consagrar otros papeles que afirman lo contrario.
Si ya no hay una sino dos, tres, cuatro o cinco naciones y lo indivisible ha sido dividido en partes a las que sólo une el conducto financiero por el que fluye el dinero del todo hacia una de las susodichas, suponemos que los dos grandes partidos estatales no tendrán inconveniente en que los ciudadanos españoles organicemos nuestras finanzas en función de esta nueva realidad plurinacional, de la que Zapatero blasona constantemente, ante el silencio senatorial de un Rajoy que de tanto mirar hacia delante corre el peligro de trastabillar con los obstáculos que tiene justo a sus pies.
¿Existe España, o es sólo una construcción sociológica para enmascarar una realidad poliédrica a la que los contribuyentes somos ajenos? Una aclaración queremos, y pronto, no sea que decidamos hacer una huelga de impuestos caídos. Y además como en el metro de Madrid. Sin servicios mínimos.