El caso de la partitocracia española es aún peor que el de la mafia italiana, porque al menos Corleone y sus colegas no pretendían dar una lección de moral pública a sus víctimas. Nuestros políticos, en cambio, cuando consuman sus fechorías salen en la tele diciendo que las hacen por nuestro bien.
Con las pensiones públicas estamos llegando a un nivel de obscenidad en el argumento excesivo incluso para un país tan lanar como la España de Zapatero. El invento de la previsión social del estado no funciona, como ocurre con cualquier estafa piramidal, y en cuanto gobiernan los socialistas sus contradicciones se agudizan. La derecha, que también es muy social, y algo más progre que la izquierda semidesbravada, decide siempre contribuir por "sentido de estado" a mantener el robo institucionalizado de las pensiones públicas, de forma que al ciudadano medio le queda como único mecanismo de defensa para evitar el latrocino pasar a la clandestinidad fiscal y exponerse a ir a la cárcel o, peor aún, a que sus vecinos le señalen por la calle como el perfecto insolidario, al que hay que aislar de la sociedad.
¿Somos imbéciles los españoles? Por supuesto que sí, y no sólo por haber decidido en dos ocasiones consecutivas que un señor como el que ustedes saben ascienda hasta su máximo nivel de incompetencia, sino porque hay que ser bastante idiota para sonreír al que te roba, y encima darle las gracias por la preocupación que muestra por tus finanzas. Sólo un retardo mental generalizado de origen congénito entre la población serviría de atenuante en este caso, y no parece que la tara genética pueda explicar una conducta tan obsecuente con la delincuencia organizada de los partidos políticos como la que campea por lo que queda de España.
Si este ramillete de analfabetos de cuota se atreve a traficar con el esfuerzo de millones de honrados españoles es porque son esos mismos millones de españoles los que, voluntariamente, les han pedido que se hagan cargo de su futuro. Por más evidente que resulte el despojo a que son sometidos, los españolitos prefieren que los políticos les roben a arriesgarse a decidir por sí mismos cómo quieren ordenar su vida y asegurarse el retiro.
Por eso la única solución pasa por exigir el derecho a renunciar a la protección del estado, y asumir las consecuencias. Los que confiamos en nuestro esfuerzo y talento y estamos hartos de financiar la vagancia institucionalizada queremos que el estado nos abandone a nuestra suerte. No queremos pensiones públicas, ni siquiera sanidad pública. Que las disfruten los que así lo pidan, como el yonqui exige su dosis diaria.
El desastre de las pensiones públicas, próximas a desaparecer por su propia dinámica acelerada con el catalizador ZP, es de tal gravedad, que hay ya algunos destacados políticos del PP rumiando la idea de que algo hay que hacer al respecto, más allá de corregir el periodo de cotización o la fecha del retiro. A la izquierda le da exactamente igual que el obrero pierda todos sus ahorros, porque su labor destructora y contraria a la civilización la lleva a cabo por una buena causa, lo que justifica cualquier latrocinio. Cierta derecha, sin embargo, todavía experimenta algún escrúpulo cuando estampa su firma para la validación de otro atraco a los trabajadores más desfavorecidos en el momento de su vejez.
No está claro que este sentimiento de culpa vaya a fructificar en el programa electoral del PP con una propuesta de sustitución paulatina del sistema actual de pensiones por uno de capitalización; pero cuando responsables autonómicos de finanzas reconocen en público que es la única solución decente, podemos pensar que es una idea que sobrevuela las cabecitas de sus dirigentes nacionales. Sólo falta que estos arriesgados miembros del PP convenzan a Arriola de que una medida revolucionaria como ésa serviría para ganar ochenta o cien votos en cinco circunscripciones. No será tarea fácil: el tío tiene su vejez más que asegurada.