En ocasiones se emplea mayor contundencia económica contra un "ilícito civil" que contra uno criminal. Así, puede producirse el hecho de que una violación sea indemnizada con 2.000 euros y la difusión de una noticia importante para la sociedad que colisiona supuestamente con la intimidad, por lo que se produce una lucha entre derechos fundamentales, obtenga valoraciones contra los medios informativos de cantidades millonarias. Dicho de otro modo: es peor faltarle a uno al honor que matarlo.
Privar de la vida es un daño irreparable, mientras que las "intromisiones ilegítimas en el honor" son siempre de difícil apreciación y casi imposibles de medir. Por cierto, que en esta materia, con cierta frecuencia, algunos jueces establecen un tipo de indemnización millonaria, sin acreditación objetiva, aplicando, por el contrario, sólo la propia estimación, sin aporte de perito o dato contrastado, lo que para el común de los mortales sería caprichoso y arbitrario; ignorando así la Constitución, que en su artículo 9 prohíbe expresamente a los poderes públicos la arbitrariedad.
Hablamos de sentencias civiles contra periodistas que están pendientes de resolución en los tribunales superiores, así que tenemos la oportunidad de ver si el Supremo o el Constitucional corrigen este desaguisado. Los datos son recogidos de periódicos solventes que no han sido rectificados. En uno de ellos se publicaba no hace mucho la prueba de que es tanta la falta de sentido común de la ley que hasta un asesino puede ser más sensato que ella.
Se trataba de un informe sobre el estado de "reinserción" en la sociedad del llamado Asesino de la Catana, ya saben, ese muchacho que cuando tenía 16 años mató, con premeditación y alevosía, a sus padres y a su hermana con una espada japonesa. Pues bien, el diario que se mostraba favorable a la acogida del joven criminal en el seno social evitaba en todo momento dar el nombre completo, supuestamente para no dañarle, aunque ofrecía todo tipo de información, al detalle, del pueblecito cántabro en el que pretende rehacer su vida; incluso facilitaba, en su precisión, el número de habitantes, la distancia a Santander, que es de veinte kilómetros, y el nombre de la localidad, que maldita falta que hace si lo que se pretende es ayudarle a pasar inadvertido para una nueva existencia, en la que se presume que el pasado supone un lastre.
En el mismo artículo se destaca que, dado que cometió el horrible delito siendo menor, no se deben facilitar los apellidos, porque es un hecho que persiguen la Ley del Menor y la mordaza en que puede transformarse la intimidad, el honor y la propia imagen. Aunque en este asunto ya no es así, porque es mayor de edad y porque ha sido recientemente condenado a siete meses de prisión por quebrantamiento de condena. Lo cierto es que, en general, en nuestro país la sociedad no tiene derecho a enterarse de cómo se llama el que ha matado a catanazos a toda la familia, dado que el periodista que lo difunda puede ser perseguido por los fiscales de menores, que últimamente persiguen mucho a los periodistas.En el mismo artículo se nos cuenta que el abogado del chico de la catana ha llevado su defensa "de forma gratuita", aunque precisa después que ha intentado "cobrar" de dos maneras sorprendentes: una, mediante la notoriedad alcanzada por el hecho delictivo en sí, que ha llevado la fama al bufete de letrados, prueba de lo cual es que el titular del mismo ha decorado, muy orgulloso, su despacho con un mural en el que recoge los múltiples recortes de prensa en que aparece logrando esa popularidad remuneradora. En segundo lugar, preparando una demanda millonaria contra todos aquellos periodistas y medios que han difundido el nombre del asesino, dado que cuando decapitó a sus padres tenía sólo 16 años.
En España, a los 13 años pueden elegir con quién hacen el amor, a los 14 otorgan testamento; y a los 16, la edad en que mató el de la catana, prestan testimonio, se emancipan, inician la vida laboral o se casan. Sin embargo, si asesinan a toda su familia, el nombre del "niño jurídico" no puede ser difundido. La cosa es tan irracional y desproporcionada, si no miente el periódico, que, sabedor el ilustre letrado que allí había indemnización al canto, y hasta mucho mayor en potencia que la que pudiera corresponder a su defendido por el exterminio, comenzó a preparar una acción contra los periodistas, que ya le habían "remunerado generosamente" con sus artículos, dado el precio que tiene actualmente la publicidad, lo que entre otras cosas pone de relieve la valoración injusta y arbitraria que de sí mismos tienen algunos abogados.