Soria se ha destacado como adalid de la línea dura de la investigación biomédica, como pionero de la investigación en España con células madre embrionarias, sobre todo desde que se confinó en su semiexilio andaluz; y ha sido uno de los promotores intelectuales de la nueva Ley de Investigación Biomédica. Es de esperar que en su mochila de ideas para la próxima legislatura destaquen el impulso al uso de embriones como material de laboratorio, el aumento de las posibilidades de emplear material biológico nonato para la investigación y la redefinición del concepto "muerte" para favorecer la aparición de una ley de la eutanasia en España.
No le dará tiempo en lo que queda de primera legislatura Zapatero; pero si el PSOE gana las próximas elecciones, a buen seguro el nuevo ministro de Sanidad pretenderá convertir España en uno de los países con una legislación más laxa ("avanzada" o "progresista", según algunos) en el terreno de la bioética.
La decisión del presidente del Gobierno no puede interpretarse sino como una evidente toma de partido en la polémica científica sobre la ética biomédica. Un golpe de mano con el que se cercena cualquier posibilidad de diálogo y se dota de todo el poder de decisión a una sola de las partes. La comunidad científica, dividida, cuenta ahora con un mensaje claro. Lo ha dicho el propio Soria, al afirmar que es un hombre de diálogo pero con unas "profundas convicciones". El mensaje parece ser éste: "Pretendemos dialogar... siempre que el diálogo nos dé la razón".
En ese posible diálogo que no se va a producir, seguramente dejarán de tener cabida las instituciones religiosas (sobre las que Soria se ha pronunciado en numerosas ocasiones, y no precisamente para invitarlas a opinar), y muy probablemente perderán fuerza las voces científicas que hoy claman por la mesura en terrenos tan espinosos como el de las células madre y el de la eutanasia. Porque lo que el Gobierno envuelve con la apariencia de una simple toma de posición política (es progresista matar embriones para investigar y es reaccionario tratar de impedirlo), realmente no lo es. En el seno de la comunidad científica, los colores importan menos que los hechos. El discurso político polarizador no pretende otra cosa que ocultar la falta de consenso real entre los investigadores sobre la idoneidad de técnicas como la clonación o sobre el empleo de células madre embrionarias.Al esconder bajo un velo ideológico el debate, el Gobierno elude bajar al terreno donde menos argumentos le quedan: el científico. En ese terreno debería responder a los muchos expertos que alertan sobre la inexistencia de una sola experiencia clínica humana de empleo eficaz de células pluripotenciales de origen embrionario, al contrario de lo que ocurre con las células de origen adulto. O los que auguran graves problemas de histocompatibilidad en el caso de que estas técnicas lleguen a llevarse a efecto (problemas que sólo se solventarían con la creación de grandes bancos de embriones al servicio de la ciencia, con las consiguientes consecuencias éticas y morales). O los que reconocen que el uso de células embrionarias presenta un mayor riesgo de complicaciones, como la proliferación de procesos tumorales, que el empleo de células adultas.
No son pocos los que temen que las decisiones que se tomen desde el despacho de Soria irán encaminadas a favorecer la línea menos moderada de la ciencia biológica, con un doble efecto demoledor: por un lado, la certificación de que España se encamina hacia una ética científica laxa en la que casi todo vale en pos del progreso; por otro, la muerte por asfixia de las líneas de investigación con células madre adultas, que, éstas sí, han demostrado su eficacia en seres humanos y no presentan ningún dilema moral, pues cuentan con el reconocimiento tanto de los científicos de izquierda como de las instituciones religiosas.