El empleo de estas sustancias para el tratamiento del cáncer ha sido uno de los avances más espectaculares de la oncología en las últimas décadas. Identificando una diana molecular terapéutica y actuando sobre ella, los científicos buscan estrategias para inhibir algunas funciones de las células cancerosas. Por ejemplo, su tendencia a proliferar incontroladamente.
C-Raf es una diana molecular. Se trata de una quinasa esencial para que se desarrolle un cáncer de pulmón. Sin ella, el tumor no crecería tan rápidamente como lo hace. De alguna manera, esta sustancia es necesaria para que los oncogenes relacionados con esta enfermedad (un oncogén es un gen mutado responsable de que una célula normal se transforme en maligna) transmitan a la célula las instrucciones de proliferación y destrucción que conducen a la manifestación de la patología. Si se pudiera bloquear el ominoso trabajo de C-Raf, estaríamos a las puertas de una terapia efectiva para tratar el cáncer de pulmón. Y se puede, al menos en laboratorio.
El equipo de investigación del Grupo de Oncología Experimental dirigido por Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) publicó a principios de mayo los resultados de unas investigaciones con ratones genéticamente modificados para bloquear la acción de esa quinasa clave. Los animales no desarrollaron tumores a pesar de que fueron inducidos a ello. El trabajo demostraba que es posible inhibir esta sustancia para detener el desarrollo de un cáncer sin producir toxicidad secundaria en los animales.
El siguiente paso debe ser la síntesis de moléculas que tengan un efecto inhibidor en C-Raf. Es decir, encontrar fármacos que puedan aplicarse primero en animales y luego en humanos para producir el efecto terapéutico esperado. Pero ese paso no podrá darse. Al menos en España. Al menos mientras el Ministerio de Ciencia y Tecnología siga impidiéndolo.
El trabajo de búsqueda y síntesis de estas moléculas es largo, complicado y caro. No es mucho más caro que otras líneas de investigación (algunos de los aparatos que se necesitan cuestan mucho menos que otras herramientas utilizadas en astrofísica o física médica), pero es exigente en recursos. Y, como todos ustedes habrán leído y escuchado esa semana, el ministerio ha decidido no dotar de recursos a Barbacid para seguir adelante con la fase farmacológica del proyecto, a pesar de que el equipo de 50 químicos especializados con que cuenta el CNIO ya ha avanzado algunos posibles fármacos candidatos y de que el propio Barbacid asegura tener comprometidos 50 millones de euros de inversores privados para que al Estado no le cueste un duro la aventura.
Las razones que aduce el Ministerio para bloquear la investigación son meramente administrativas. No está dispuesto a aceptar financiación privada. Se advierte de que inyectar capital privado en la fundación que gestiona la actividad científica del CNIO es "ilegal". Barbacid asegura contar con dos informes jurídicos que avalan su propuesta. De hecho, se ampara en el artículo 56 de la recientemente aprobada Ley de Economía Sostenible, que sostiene literalmente lo siguiente:
Los Organismos públicos de investigación, las universidades y los demás agentes incluidos en el ámbito de aplicación de este Capítulo, podrán participar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social sea la realización de alguna de las siguientes actividades:
a) La investigación, el desarrollo o la innovación.
b) La realización de pruebas de concepto.
c) La explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los derechos de la propiedad industrial e intelectual.
d) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por dichos agentes.
(...)
Esta potestad siempre debe contar, según la ley, con la autorización del Consejo de Ministros, en el caso de que el organismo público en cuestión pierda la condición de sociedad mercantil estatal. Es decir, se establece un estricto control sobre la titularidad de la inversión privada... pero no se ve la presunta ilegalidad por ningún lado.
El agrio cruce de declaraciones entre Barbacid y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha llegado a ser recogido en las más prestigiosas revistas científicas internacionales. No hay que olvidar que Barbacid es uno de nuestros científicos más reconocidos, y que el CNIO está entre los cinco centros de investigación más valorados del planeta si se tiene en cuenta su impacto bibliométrico en publicaciones de alto nivel (muy por encima de la media española). Y una de las cuestiones que más ha llamado la atención en la prensa internacional del affaire Barbacid ha sido, precisamente, la dureza con la que le han tratado desde el ministerio. "Añadiendo insulto al dolo", refería la revista Science, "las autoridades españolas han acusado al científico de levantar falsas esperanzas sobre el cáncer".
La frase se refiere a la furiosa reacción del equipo de Garmendia contra el investigador cuando éste denunció el bloqueo de su actividad investigadora por falta de fondos. Desde varios medios se le acusó de prácticas ilegales, de comportamiento ajeno a la ética científica y de exagerar la importancia de sus trabajos, convirtiendo unos prometedores resultados en "falsas expectativas" de curación para los enfermos de cáncer.
Es la primera vez que un Ministerio de Ciencia maltrata de esa pública manera a una de las figuras científicas más relevantes de su país. Un ministerio que nació precisamente con la intención declarada de rescatar cerebros patrios de allende las fronteras... y la menos declarada de sacudir el panorama científico español introduciendo nuevas vías de entendimiento entre la Academia y la empresa privada. La ministra que insulta a las joyas de su corona (y procedente de la empresa privada, por cierto) no se parece en nada a aquella que hace años se sentaba en su despacho con un saco de buenas intenciones modernizadoras: colocar alguna universidad española entre las cinco mejores del mundo antes de 2015, activar la presencia de la industria en los planes de innovación, mejorar las opciones de desarrollo profesional y empresarial de los científicos, reducir la presión de las incompatibilidades académicas para permeabilizar la relación universidad-empresa, crear centros atractivos para el capital privado, generar un sistema de competición universitaria que prime la excelencia...
Todas esas buenas ideas son profundamente incompatibles con el bloqueo de una de las líneas de investigación más prometedoras que ha dado nuestro país por un mero asunto burocrático y legalista, que más parece responder a la perpetuación de un modelo de investigación estatista, arbitrario, subvencionador y elefantiásico que a las promesas de modernización que impregnaron los primeros años de mandato de Garmendia, que a tantos (a mí el primero) entusiasmaron.
El ministerio sabe que el peor insulto para un científico es el que ha lanzado contra Barbacid. Levantar falsas expectativas no es cosa de investigadores rigurosos, es cosa de otros... ¿Políticos, quizás?
Mientras tanto, hay 50 millones de euros comprometidos para la lucha contra el cáncer que están a punto de volar en busca de otras inversiones mejor tratadas en España... A este paso, se compran un equipo de fútbol de segunda división, que ahí no ponen pegas.