Esta semana, hemos enterrado el rajoyismo y alumbrado el sorayato, un régimen político por delegación, porque se delega el poder Ejecutivo en el Poder Legislativo y, preferentemente, en el Judicial. Si Rajoy elude su responsabilidad como Presidente endosándosela a la Vicepresidenta y constituyéndose en su preso político, celado por Ayllón, Soraya se la endosa formalmente al Parlamento y realmente a los jueces, que en el Supremo y el Constitucional son a su vez emanación del propio Parlamento, aunque a través de los dos partidos dominantes, PP y PSOE.
O sea, que el Presidente sólo preside lo que la Vicepresidenta deja presidir a los magistrados del Constitucional y a los jueces del Supremo, que junto a la Audiencia Nacional han sido los encargados de las labores del Ejecutivo para afrontar el Golpe de Estado de la Generalidad y medio Parlamento catalán. Así las cosas, sería un gran ahorro para España que Soraya presidiera a los jueces que realmente gobiernan, ya que lo hacen al dictado o al pairo de su infinito poder, que a la hora de la verdad es un poder a escondidas, un Despoder. El sorayato es una pomposa abdicación.
Unanimidad en la oficiosidad
Tras la bofetada del Consejo de Estado y el feo de los letrados del propio tribunal, el Constitucional le ha dado al Gobierno el beso de Judas. Por un lado, dice que es elegible el delincuente Cocomocho. Por otro, dice que tiene que estar presente en su elección, y como es un delincuente, deja en manos del Juez del Supremo, el imprescindible Llarena, si le deja o no asistir a su elección, es decir, si lo mete en la cárcel investido o sin investir.
Para legalizar a la ETA a la orden de Zapatero, al TC no le importó revocar una sentencia en firme del Supremo, pero si se trata de dirimir un asunto de garantías legales, exclusivamente suyo, no le importa dejárselo al Supremo. Siempre he defendido, como muchos otros, que el Constitucional debería convertirse en una Sala del más alto tribunal, no en un tribunal de casación o Supremo del Supremo. Por lo visto, sus Altísimas Puñetísimas prefieren seguir a las maduras y a las podridas, pero a las duras, jamás.
Lo fundamental del Constitucional, como de costumbre, no ha sido hacer justicia, porque nunca lo es, sino alcanzar un acuerdo con sus grandes padrinos políticos, PP y PSOE, manteniendo lo que entienden que les da mayor apariencia de autonomía, que es la unanimidad. Yo me creería más la independencia de unos magistrados si hubiera votos discrepantes. Al no haberlos, entiendo que la patata caliente se la devuelven al Gobierno a través del Supremo, con lo que el Tribunal Constitucional muestra una total adecuación al Sorayato: se ha instalado en el Reino de la Irresponsabilidad.
La cobardía patológica del Gobierno, respaldada por la mayoría del Parlamento, al limitar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución a una mera convocatoria electoral, ha acabado enlodando al Poder Judicial, al que se ha endosado en la práctica una responsabilidad que es del Ejecutivo. Así que el Ejecutivo delega en los jueces lo que no debería delegar y el Judicial, más honradamente en el caso de la Audiencia y el Supremo, y menos en la artería del Constitucional, ha acabado por hacer bastante mal lo que debería haber sido la coronación legal impecable de una actuación del Gobierno implacable y con el respaldo deseable, aunque no necesario, de un Parlamento responsable. El Ejecutivo ha desertado, el Legislativo se ha desvanecido y el Judicial se ha acabado enredando al asumir una serie de responsabilidades que no sólo no son suyas, sino que impiden el ejercicio correcto de las que sí lo son.
Los Tres Poderes son indelegables
La naturaleza de la separación de poderes reside en que cada uno de ellos sea independiente y sus funciones rigurosamente indelegables. Ni los jueces deben legislar, ni los legisladores gobernar, ni los gobernantes juzgar. Por desgracia, el Sorayato, enfermedad senil del Marianato, se basa justamente en lo contrario: en la confusión interesada de poderes, pero no porque uno mande despóticamente sobre los otros, sino porque delega en uno de ellos o en los otros dos la parte más difícil de sus obligaciones. Mal puede resolverse en los tribunales lo que debería resolver el Gobierno. Mal puede gobernar quien aspira a disfrutar del Poder dejando que sean los jueces los que afronten los actos de fuerza contra las instituciones, y el acto de fuerza más implacable, irrevocable e inesquivable es el Golpe de Estado. Eso es lo que viene pasando en Cataluña y se sigue sin actuar en serio para destruirlo de arriba abajo y de abajo arriba. No hay otro modo.
En un momento de crisis, y España vive la más grave de su historia, es normal que una institución tome sobre sí la responsabilidad que otras no pueden afrontar. Es lo que ha hecho la Corona. Pero lo que no puede el Rey es sustituir la acción de Gobierno. Y lo que no puede hacer el Gobierno es endilgarles a los órganos consultivos responsabilidades que son ejecutivas. La nación se sostiene hoy por el liderazgo de Felipe VI y la movilización de millones de españoles en defensa de su nación, que es su libertad y son sus derechos fundamentales. Lástima que los que tienen como profesión la defensa del Derecho aplicándolo, que son los jueces, se vean enredados en unas tareas que, si de forma excepcional es difícil que desempeñen bien, de forma habitual es seguro que desempeñarán muy mal.
En fin, que el sorayato no ha podido empezar peor.