El proceso constituyente, en realidad un "debate constituyente" del Gobierno social-comunista con la ERC golpista de Junqueras no empezó esta semana, cuando lo ha anunciado nada menos que en las Cortes y el Ministro de Justicia, sino con la sentencia sobre el 1-O de Marchena y sus Unánimes en el Supremo, la peor injusticia que se podía infligir a la Nación que se echó a la calle, al Rey que la defendió y al Estado de Derecho que tenía en la Sala Segunda el encargo de defendernos. Fue al revés: nos abandonó.
Me remito a la crítica demoledora que los cuatro fiscales del propio Tribunal Supremo han hecho de esa sentencia, monumento a la cobardía que algunos denunciamos entonces, porque fatalmente debía acarrear gravísimas consecuencias para el orden constitucional, en cuya cúspide debe estar siempre la Ley, no los jueces y sus personales destinos. Mucho menos, ante un Golpe de Estado, donde gana el Golpe o el Estado, sin más. La sentencia daba el triunfo al Golpe al cambiar el delito de "rebelión" por el jibarizado de "sedición"; y éste, matizado por el estado de "ensoñación". Ahí están los resultados.
El proceso constituyente después del 1-O
Su significado político se ve mejor ahora, sin el humo biempensante de tantos medios engañados por las propias filtraciones del Tribunal: si el Supremo, cima del Estado de Derecho español, no podía o quería condenar el Golpe, España debía convivir con él, hacerle sitio derribando desde dentro lo que el golpe no había podido derribar desde fuera. Y a eso llaman "proceso constituyente": como los jueces no son capaces de imponer que se cumpla la Constitución, haremos otra en la que los mismos jueces sigan en sus puestos defendiendo todo aquello que juraron combatir. Ese era el fatal resultado de la marchenada por unanimidad, ¡sin un solo voto particular".
Cuando el juicio del 1-O se dijo que, si el Supremo no veía clara la condena por rebelión, debía apostar por las penas más altas por sedición y asegurarse una condena ejemplar en años de cárcel. Sucedió al revés; ni rebelión, ni apenas sedición, y encima la mamarrachada de la ensoñación. En el juicio al Delegado del Gobierno y el experto Simón por la juez Medel cabe plantearse lo mismo: si no lo tenía claro, ¿por qué imputó a Franco? ¿Y por qué descartó la imputación de Simón, que tenía mucho más material probatorio en contra? En ese momento, ha contado Miguel Ángel Pérez en LD, los peritos en lidias de presiones judiciales dieron el caso por perdido.
Las infinitas excusas de la juez Medel
Si se leen las 45 páginas de la juez sobre las negligencias de Franco lo único inexplicable es que dé carpetazo al caso, lo sobresea o lo digiera con bicarbonato "Tecnical", la ayuda de la cal para las buenas digestiones. Me recordó el penúltimo discurso sobre el Estado de Alarma de Casado, tan inapelable, brillante e indiscutible que lo único incomprensible es que al final votara sí a lo que tan brillantemente explicó que se debía votar no. Medel parece disculparse ante los medios que tanto confiaron en ella, pero el efecto es el contrario. Si no ha sido capaz de mantener la imputación, al menos podía haberse impuesto cierta brevedad. Cuanto más acusa a Franco folio tras folio, más se inculpa ella. Ni eficiente ni frugal. Una calamidad.
Pero el caso no lo pierde la juez Medel, que se tapa en el burladero del carácter provisional del sobreseimiento y hay medios que se lo quieren creer, sino la Guardia Civil, depurada por el Gobierno al servirla, el forense que de forma inequívoca apuntaló la responsabilidad de Franco, y, sobre todo, las 47.000 víctimas de la criminal negligencia de un Gobierno en el que Franco era el último eslabón. La sensación generalizada en la opinión pública es que los jueces garantizarán la impunidad absoluta de Sánchez e Iglesias en la crisis sanitaria, porque ni el Gobierno vacila en presionar a los jueces con ferocidad ni éstos en dejarse presionar con pareja docilidad.
Si traigo a colación el carácter marchenil de la decisión de Medel es porque abunda en la misma sensación que produjo la sentencia del 1-O en el Supremo: nuestros jueces no se atreven a defendernos del Gobierno. Y si no se atreven con una pieza menor como Franco Pardo, ¿cómo se van a atrever a frenar ese "proceso constituyente" en marcha, que busca liquidar la Constitución "constitucionalmente", pero sin acudir a los medios legales y democráticos de reforma de la propia Constitución? Antes de los Reyes Católicos era famosa en Castilla la frase "allá van leyes do quieren reyes". Aquí y ahora, nuestra monarquía constitucional parece seguir la misma vía muerta de la Ley: de una discreta anulación a una pomposa liquidación. No les será fácil a las bandas socialistas y comunistas, si la Oposición se resiste, pero ese es, inequívocamente, el The End del "proceso constituyente".
Marchena aún puede salvar su alma
Marchena tiene talento suficiente, quizás demasiado, para saber que su sentencia del 1-O fue una paletada de fango sobre la monarquía parlamentaria. No sé si Medel sabe tanto, aunque de valor anda igual. Pero en la situación española, cada paso atrás de la justicia es un paso más hacia el abismo. Como siempre en Justicia hay alguna instancia de apelación, el Supremo tiene la posibilidad de remediar la sensación de injusticia de su sentencia ensoñatoria, semejante a la que ahora se cierne sobre los miles de víctimas de la letal gestión de la crisis sanitaria: hay pendiente un recurso de Jaime Ignacio del Burgo contra todo el Gobierno, no el Franquillo, por los presuntos delitos que tantas vidas han costado. ¿Se atreverá a redimirse el Supremo de lo de Franco y el 1-O? ¿O vamos, de la mano de nuestros propios jueces, a enterrar definitivamente el Estado de Derecho en España?
