Tres días para la infamia, para la larga historia de sus infamias, ha acumulado la Izquierda en esta última semana: el primero fue el de la sesión de ultraje en el Congreso a los familiares de las víctimas de asesinos en serie, protagonizada por un politijuez del PSOE llamado del Campo, apellido adecuado si lo limitamos al Rastrojo; el tercero fue el de la toma del barrio de Lavapiés por hordas podemitas encapuchadas y acarreadas en autobús, que tras manipular la muerte por infarto de un mantero senegalés, rompieron escaparates, saquearon comercios, destrozaron cajeros, quemaron sucursales bancarias, destrozaron el mobiliario urbano, incendiaron contenedores, hirieron a dieciséis policías y, al día siguiente, declararon al mantero muerto "víctima del capitalismo".
Entre ambos días, el de la injuria y el del molotov, hubo otra jornada parlamentaria, en la que Podemos, que aunque de forma menos gorilesca que el bípedo sociata también apoyó al PNV y la ETA para derogar la Prisión Permanente Revisable, presentó el programa más completo para acabar con la propiedad privada que hayan visto nunca los leones de las Cortes, que lo han visto casi todo. Proyecto éste que parte de la anulación del derecho de propiedad de los propietarios de viviendas en favor de okupas y maleantes, calcado del chavista que popularizó el Gorila Rojo con el "¡Exprópiese!". Lo pasmoso es que sólo el PNV votó en contra. PP y Ciudadanos se abstuvieron.
ZP con Irene Villa, Sánchez con el niño Gabriel
Pero como ha recordado muy acertadamente David Gistau, el público desprecio del PSOE por las víctimas no lo ha inaugurado el antropodiputoide que acusó al PP de utilizar el dolor de las víctimas y luego usó una frase de la madre del niño Gabriel contra los padres de la niña Mari Luz, Diana Quer o Sandra Palo, que, invitados en la tribuna de las Cortes, se vieron insultados por el zafio politijuez que les acusaba de buscar "venganza y no justicia". Esa actitud se inscribe en el desprecio a las víctimas de ETA que no sólo creó sino que sistematizó e institucionalizó el siniestro Rodríguez Zapatero.
El momento fundacional de ese discurso sociópata del PSOE tuvo lugar cuando ZP recibió a Irene Villa y su madre en la puerta de la Moncloa y les espetó ceñudo: "a mí también me fusilaron a un abuelo", ¡como si lo hubieran fusilado las pobres víctimas de la ETA, con la que él andaba ya en negociaciones, y no el bando de sus otros tres abuelos, que también era el del cuarto hasta que lo traicionó! Por supuesto, lo que les reprochaba era que le pudieron reprochar pactar con sus verdugos, que era lo que venía haciendo, a escondidas antes de llegar al Poder, y a cara descubierta ya en la Moncloa.
Pero además, como bien recuerda Gistau, el dúo ZP-Rubalcaba puso en marcha una Oficina de Atención a las Víctimas, con Peces Barba al frente, cuya tarea esencial era deslegitimarlas y, sobre todo, desactivar la AVT de Francisco José Alcaraz, que como referente moral de la sociedad española convocó manifestaciones gigantescas, todas respaldadas por el PP, contra su pacto con la ETA y pidiendo la verdad de sobre la masacre del 11M, cuya manipulación por el PSOE y PRISA impidió a Rajoy ganar las elecciones. Lo que ha hecho Rajoy en el poder con la ETA, el 11M y la AVT sólo ha sido continuar la tarea de ZP y Rubalcaba de deslegitimación de las víctimas.
Y cuando ha querido utilizarlas -porque sin duda, aunque con razón, lo mueve un legítimo fin electoral: atacar las vacilaciones de Ciudadanos, se ha encontrado con aquel discurso de Peces Barba y la patulea cebrianita, (artillada, como entonces, por García Ferreras y Pre-Escolar) acusando a las víctimas de buscar venganza y no justicia, como si buscar justicia fuera algo criminal y no la respuesta al crimen. Como si las leyes no estuvieran para castigar al asesino sino para "mirarlo a los ojos y sentir empatía", como predicaba Carmena en La Tuerka de Pablo Iglesias. O sea, para buscar cómo absolverlo, a costa de la memoria de las víctimas y del dolor de sus familias.
La teoría en el Parlamento, la práctica en Lavapiés
Como explica detenidamente Manuel Llamas en este artículo, lo que plantea Podemos es la liquidación del derecho de propiedad, en base a uno de tantos brindis al sol de la Constitución, el del derecho a una vivienda digna, que sería interpretado como le dé la gana el Poder político según cumpla su "función social". Dado que la función social básica para el comunismo es la liquidación de la propiedad y la libertad individual indisociable de ella, lo que se busca es legalizar el asalto de las viviendas, cuya función social sería la de albergar gratis a quienes no las han pagado.
Sobre prohibir los desahucios y cualquier otra aplicación de la Ley en defensa de los propietarios, los comunistas de Podemos plantean que el poder público debe suministrar también gratis luz, gas y cualquier clase de energía y servicios a esa viviendaokupada o expropiada. Dado que el 86% de los españoles es propietario de una vivienda y el 16% de dos o más, estaríamos ante el mayor asalto a la propiedad privada en Europa desde 1917, cuando Lenin creó sobre el robo y la masacre el primer Estado comunista del mundo.
Lo asombroso no es que Podemos quiera quitarle todo a todos para quedárselo ellos, sino que PP y Ciudadanos se abstuvieran ante el proyecto. Se da el caso de que Ciudadanos se manifiesta contra el régimen liberticida de Caracas pero se abstiene ante una ley que es la copia de la que sirvió a las hordas chavistas para expropiar casas ajenas y apropiárselas por la fuerza. ¿Acaso es menos grave el "exprópiese" de Iglesias que el del Gorila Rojo?
Lo de Rajoy extraña menos, porque su proceder con Venezuela es, sencillamente criminal. Mientras el poco respetable Santoschenko ha dado el permiso de residencia en Colombia a más de medio millón de venezolanos, de las decenas de miles que lo han pedido en España, pocas docenas lo han obtenido de la burocracia rajoyana, de Dastis 'el Plastis' y de los secuaces que Zapatero debe de tener en la administración a cuenta, supongo, del narco-comunismo, que esa es la naturaleza del triángulo FARC-Habana-Caracas. Total, que a unos se les va la fuerza por la boca y a otros por la ventanilla.
Pero el asalto a Lavapiés, organizado desde el principio por la horda podemita y antisistema es sólo un episodio más de la escalada de violencia callejera que pretende deslegitimar el Parlamento y compensar las escasas expectativas de triunfo en las urnas de la izquierda en una situación normal. Y lo hace como en 2002-2004: utilizando cualquier argumento, cualquier protesta, cualquier sector social -pensionistas, mujeres, estudiantes, okupas, lo que sea- para presentar ante los votantes la salida del poder de la Derecha como la única forma de conseguir la paz social. O sea, convencernos de que sólo la Izquierda puede resolver el problema que previamente ella ha creado. Para ello tiene dos plataformas, las Cortes y la Calle, unidas por la televisión, o sea, La Sexta y sus secuaces.
Y mientras se prepara la resurrección del Frente Popular y Separatista, el PP les regala la televisión y Ciudadanos se entrega al opio de las encuestas, como creyendo que, cuando lleguen al poder, los tratarán mejor que al PP. Ante una Izquierda decididamente despreciable, el Centro-Derecha sigue en Babia, cobardeando, lamentable. Ni unos aprenden ni otros escarmientan.