El artículo 239 de la Constitución hondureña dice: "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública". Por eso la Corte Suprema ordenó a las Fuerzas Armadas arrestar y remover a Zelaya de la Presidencia.
En mi país sucedió algo parecido... con un desenlace muy distinto. El presidente Rafael Correa convocó inconstitucionalmente una consulta popular y el Congreso pidió alterarla, ignorando su inconstitucionalidad, pues la veía como un suceso inevitable por la popularidad del mandatario. Luego el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció en contra de tal consulta. Entonces una turba violenta agredió a los vocales, y los ecuatorianos vimos en televisión cómo un presidente popular podía violar la Constitución, y la independencia de poderes plasmada en ella, frente al aplauso de muchos en casa y el silencio de la comunidad internacional.
Ese fue el principio del fin de la democracia en mi país. Hoy no hay entidad del Estado ecuatoriano independiente del Ejecutivo. A los jueces de la Corte Suprema se les obligó a renunciar luego de ser aprobada la nueva Constitución. A los miembros del Tribunal Constitucional se los reemplazó mucho antes por unos que supieran seguir órdenes. Todas las comisiones del Congreso están encabezadas por un miembro del partido del presidente. Y no hay esperanzas de que esto cambie en el futuro cercano, ni con unas nuevas elecciones, dado que éstas también serían organizadas por un organismo capturado por el Ejecutivo.
Una semana antes del 28 de junio, el presidente Correa visitó al entonces presidente Zelaya para asesorarle en la creación de una Asamblea Constituyente. Es probable que ambos pensaran que sería fácil repetir la jugada correísta en Honduras. Pero en Honduras había (y hay) separación de poderes, y cada uno de ellos estaba (y está) dispuesto a defenderla, con la Constitución de su lado.
Los que usualmente critican la intervención estadounidense en América Latina no han dicho nada respecto de la intervención estadounidense en la justicia hondureña ni de la evidente intervención del presidente Hugo Chávez.
Pero al Gobierno de Obama (y al de Lula) parece importarle más su popularidad en América Latina; igualmente, parece creer que la mejor manera de promoverla es diferenciarse como sea de la Administración Bush. Aunque el intervencionismo al estilo Bush no es deseable, el de Obama tampoco. Y esta vez la víctima inocente podría ser la democracia hondureña.
No le corresponde a EEUU restaurar la democracia y el Estado de Derecho en Honduras, pero si quiere ayudar a que eso suceda, la manera de hacerlo no es restaurando a un presidente que violó abiertamente la Constitución de su país. Si ayudara a Zelaya a volver al poder, no sólo estaría poniéndose por encima de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, sino enviando un terrible mensaje a los demás líderes de la región: las constituciones no importan; los presidentes que las violan, sí.
© Cato Institute
En mi país sucedió algo parecido... con un desenlace muy distinto. El presidente Rafael Correa convocó inconstitucionalmente una consulta popular y el Congreso pidió alterarla, ignorando su inconstitucionalidad, pues la veía como un suceso inevitable por la popularidad del mandatario. Luego el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció en contra de tal consulta. Entonces una turba violenta agredió a los vocales, y los ecuatorianos vimos en televisión cómo un presidente popular podía violar la Constitución, y la independencia de poderes plasmada en ella, frente al aplauso de muchos en casa y el silencio de la comunidad internacional.
Ese fue el principio del fin de la democracia en mi país. Hoy no hay entidad del Estado ecuatoriano independiente del Ejecutivo. A los jueces de la Corte Suprema se les obligó a renunciar luego de ser aprobada la nueva Constitución. A los miembros del Tribunal Constitucional se los reemplazó mucho antes por unos que supieran seguir órdenes. Todas las comisiones del Congreso están encabezadas por un miembro del partido del presidente. Y no hay esperanzas de que esto cambie en el futuro cercano, ni con unas nuevas elecciones, dado que éstas también serían organizadas por un organismo capturado por el Ejecutivo.
Una semana antes del 28 de junio, el presidente Correa visitó al entonces presidente Zelaya para asesorarle en la creación de una Asamblea Constituyente. Es probable que ambos pensaran que sería fácil repetir la jugada correísta en Honduras. Pero en Honduras había (y hay) separación de poderes, y cada uno de ellos estaba (y está) dispuesto a defenderla, con la Constitución de su lado.Los que usualmente critican la intervención estadounidense en América Latina no han dicho nada respecto de la intervención estadounidense en la justicia hondureña ni de la evidente intervención del presidente Hugo Chávez.
Pero al Gobierno de Obama (y al de Lula) parece importarle más su popularidad en América Latina; igualmente, parece creer que la mejor manera de promoverla es diferenciarse como sea de la Administración Bush. Aunque el intervencionismo al estilo Bush no es deseable, el de Obama tampoco. Y esta vez la víctima inocente podría ser la democracia hondureña.
No le corresponde a EEUU restaurar la democracia y el Estado de Derecho en Honduras, pero si quiere ayudar a que eso suceda, la manera de hacerlo no es restaurando a un presidente que violó abiertamente la Constitución de su país. Si ayudara a Zelaya a volver al poder, no sólo estaría poniéndose por encima de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, sino enviando un terrible mensaje a los demás líderes de la región: las constituciones no importan; los presidentes que las violan, sí.
© Cato Institute