¿Y cuál es esa actitud? Consiste en denunciar y atacar al Estado colombiano en escenarios en que no existe información plena sobre las realidades de la violencia colombiana, y por tanto a estas organizaciones les es posible presentar una versión que, en el mejor de los casos, es errónea por incompleta. Así, dichas organizaciones movilizan el apoyo de personas y sectores de buenas intenciones, especialmente en Europa, y los llevan a sumarse a su causa y su mensaje. Esto, en ocasiones, implica referirse al Estado colombiano en los peores términos posibles. Por más que en el frente interno uno sea opositor al Gobierno de Uribe, debería sentirse maltratado en su dignidad nacional cuando al mandatario colombiano se le trata de genocida, asesino y terrorista.
¿Cuáles fueron los aciertos de Uribe en este debate? En primer lugar, acertó al exponer la ignorancia del representante de Amnistía Internacional sobre la controvertida Ley de Justicia y Paz, que se aprobó recientemente en el Congreso colombiano y hará su debut sirviendo de marco jurídico en el proceso de paz con los grupos paramilitares. Aquél recriminó a Uribe con el argumento de que para crímenes de lesa humanidad no puede haber amnistía, a lo cual el presidente respondió claramente que la ley en cuestión no concede tal beneficio a quienes cometan esa clase de delitos.
Acto seguido invitó al representante de Amnistía Internacional a prepararse para cuando esta ley, en un futuro, se aplique como marco jurídico de un proceso de paz con las guerrillas izquierdistas de las FARC y el ELN. Es bien sabido que estos grupos demandan indultos plenos y aspiran a que sus comandantes, todos ellos implicados en cientos de delitos de lesa humanidad, participen activamente de la actividad política y el poder público.
¿Por qué fue tan acertado este comentario de Uribe? Lamentablemente, buena parte de estas ONG tienen una orientación ideológica hacia la izquierda. Esto, si bien no necesariamente las lleva a convalidar las atrocidades de los grupos terroristas de izquierda, sí ha llevado a algunas a asumir una actitud más benévola cuado se trata de negociaciones con las guerrillas.El contraste es evidente. Durante el proceso de diálogos que la Administración Uribe ha llevado a cabo con los grupos paramilitares, proceso que no está libre de serias imperfecciones, la gran mayoría de ONG han estado sumamente activas exigiendo que los integrantes de estos grupos, así se acojan a un proceso de paz, sean llevados ante la justicia y obligados a dar una plena reparación a las víctimas de sus crímenes. Por todo el mundo han puesto en marcha una agresiva campaña de desprestigio contra este proceso. Aun reconociendo que en el plan de paz hay serias deficiencias, esta campaña resulta totalmente injusta y fanática.
Nada tengo en contra de la justicia y el reconocimiento a las víctimas. De lo que sí estoy en contra es de que se tengan actitudes diferentes dependiendo de la orientación ideológica del grupo armado que se sienta a la mesa de diálogo. Desde que recuerdo, en Colombia se han adelantado numerosos procesos de diálogo con guerrillas izquierdistas, no todos exitosos. Algunos de ellos han tenido grandes dimensiones y se han extendido por varios años. Otros se han realizado en escenarios internacionales. Jamás, ni una sola vez, estos procesos fueron rodeados por los mismos clamores de justicia que se escuchan hoy.
Es más, durante el tristemente célebre proceso de paz que el presidente Pastrana adelantó con las FARC en una gran zona desmilitarizada (1998-2002) muchos de los sectores que hoy denuncian con fervor las actuales negociaciones eran entonces muy entusiastas. Incluso cuando las FARC siguieron cometiendo delitos de lesa humanidad y en algunos casos, como en el del secuestro, admitían públicamente su responsabilidad, excusando tan atroz delito. Jamás se oyó el reclamo de justicia y reparación de las víctimas en contra de las FARC, ni siquiera de parte de la ONU, que hoy es uno de los más fuertes críticos del proceso con los paramilitares. Es necesario aclarar que, en lo relativo a las FARC, la ONG Human Rights Watch sí ha mantenido una postura muy firme.
Finalmente, sería interesante que estos activistas aceptaran el reto que Uribe hizo en Madrid y explicaran por qué, si Colombia es una "democracia genocida", como decían algunos carteles callejeros en la capital española, las Fuerzas Armadas tienen una imagen altamente positiva en la opinión pública, hecho que ha sido certificado por decenas de encuestas elaboradas por firmas independientes.
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Andrés Mejía Vergnaud, director ejecutivo del Instituto Libertad y Progreso (Bogotá).