El pasado día 6 Alá Abú Dheim ingresó en la yeshivá Mercaz Harav armado con una ametralladora y acribilló a sangre fría a ocho adolescentes, antes de ser abatido. La sociedad no había siquiera comenzado a asimilar la magnitud de la tragedia cuando los familiares del terrorista montaron una carpa en la parte árabe de Jerusalén para recibir las condolencias; una carpa que cubrieron con retratos del sahid y con banderas tanto palestinas como de Hamás y de Hezbolá, dos agrupaciones que llaman abiertamente a la destrucción de Israel.
Así, con una carpa abierta al público y a la vista del mundo entero, fue honrado impunemente un asesino de judíos en la capital de Israel. Hubo protestas, naturalmente, pero lo que llama la atención es la indecisión oficial y la empatía de parte de la sociedad. El ministro de Seguridad Pública, Avi Dichter, explicó que, legalmente, nada impedía a los deudos del terrorista montar una carpa de duelo, por lo que ésta no podía ser desmontada. "No tenemos la autoridad legal para cerrarla", indicó. Pero como sí existe una ley que prohíbe la manifestación de simpatías para con organizaciones terroristas, entonces había elementos para pedir a los deudos que retiraran las banderas de Hamás y de Hezbolá que agraciaban la escena.
El primer ministro, Ehud Olmert, mantuvo reuniones con otros altos cargos para debatir el asunto, y el l Instituto Nacional del Seguro anunció que no cubriría los gastos del funeral, pero apuntó que tal decisión debía ser sometida al criterio de los expertos, "para ver si [podía] ser justificada legalmente".
No acabaron ahí las situaciones delirantes. "Necesitamos comenzar a pensar en un compromiso, y en cómo aceptar al otro y al diferente, incluso si no apreciamos sus costumbres", declaró a la prensa un padre israelí que había perdido a un hijo en un atentado, mientras que el parlamentario Dov Khenin aseguró que el desmantelamiento de la carpa sería un "castigo colectivo" y la ultraizquierdista Tali Fahima se allegó hasta la misma para dar el pésame a la familia Dheim... Cuando ya había transcurrido casi una semana de la matanza, el ministro de Defensa, Ehud Barak, dio la orden de demoler la casa del terrorista.
Durante aquellos primeros días posteriores al ataque, mientras Israel ponderaba el detalle jurídico y evaluaba con minuciosidad científica la diferencia entre lo que era y no era legalmente permisible, para concluir que el hacer flamear banderas de agrupaciones terroristas era algo indebido pero no el rendir tributo a un asesino de israelíes en plena capital de la nación, las autoridades jordanas prohibieron sin más a unos familiares de Abú Dheim levantar en Ammán una carpa idéntica a la de Jerusalén. Poco tiempo antes, el Gobierno kuwaití había decidido deportar a unos individuos que habían participado en una manifestación conmemorativa del terrorista Imad Mughniyeh, asesinado en Damasco el pasado febrero.
Al traer estos ejemplos a colación no estoy sugiriendo que Israel adopte los patrones de comportamiento político de otros países de la región; sólo estoy notando la ironía de que dos naciones árabes han evidenciado una mayor firmeza ante la apología del terrorismo anti-israelí que el propio Estado judío.
Ciertamente, Israel es una democracia. Pero es una democracia en tiempos de guerra. Y no es mostrando sensibilidad y tolerancia como se derrota a un enemigo, que es de lo que se trata cuando se libra una guerra. La adhesión a la ley es un imperativo social; pero la ley debe dejar espacio para la acción en casos tan flagrantes de ofensa a la conciencia pública como la comisión de un acto terrorista y la posterior glorificación del autor.
Si con estas actitudes los israelíes buscan agradar al mundo, pueden olvidarse de ello. El mismo día del atentado contra la yeshivá Mercaz Harav, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución de condena contra Israel por la escalada de violencia en Gaza. El texto de la resolución no hacía mención alguna a la matanza de Jerusalén. Treinta y tres países votaron a favor, y sólo uno, Canadá, en contra. Dieciséis naciones occidentales se abstuvieron, a excepción de Suiza, que, abandonando su tradicional neutralidad, votó a favor. En Nueva York, el Consejo de Seguridad no pudo reunir los votos necesarios para condenar el ataque de Jerusalén, luego de que Libia pusiera objeciones al texto de la resolución. En cuanto a los palestinos, estaban demasiado ocupados celebrando la atrocidad como para tomar nota de la consideración israelí hacia los familiares del asesino. Miles de ellos salieron a las calles de Gaza a festejar, repartir caramelos y disparar sus rifles liberadores, o bien acudieron a la mezquitas para efectuar plegarias de agradecimiento.
Una periodista israelí advirtió de que, el mismo día del baño de sangre en Jerusalén, otro árabe murió en Israel, pero en circunstancias completamente diferentes. Se trataba de un joven beduino de 28 años, alistado voluntariamente en el Ejército israelí, que murió al pisar una mina en la frontera con Gaza. Temiendo represalias por parte de los palestinos o de la propia comunidad árabe de Israel, su familia decidió no divulgar su nombre y evitar el funeral militar con honores.
La paradoja trágica del caso es evidente: un árabe-israelí que dio su vida por su patria debió ser sepultado en secreto, bajo el hálito de la vergüenza, mientras que otro árabe-israelí que masacró a civiles indefensos fue despedido con orgullo. Esto dice mucho del sentimiento reinante en la comunidad árabe-israelí, sentimiento que el Gobierno nacional apenas ha contribuido a modificar con su desubicada delicadeza para con la carpa de la infamia.
JULIÁN SCHVINDLERMAN, analista político argentino y autor TIERRAS POR PAZ, TIERRAS POR GUERRA.