En este momento, tropas nicaragüenses permanecen estacionadas en la isla Calero, en la margen derecha del río San Juan, una porción indisputada del territorio costarricense. Nuestros derechos sobre la isla son absolutamente claros y están sólidamente establecidos. Así lo reconoce la cartografía oficial elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica y por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. También lo ratifica el Instituto Geodésico de Estados Unidos. Incluso mapas presentados recientemente por Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia como parte de la documentación sobre un caso relacionado con el río San Juan incluyen a la isla Calero en nuestro territorio.
La única justificación que hasta ahora han dado para contradecir esta evidencia es totalmente frívola, casi inverosímil: un mapa del buscador web Google, que no tiene carácter oficial y que, además, la propia empresa ha reconocido no es exacto.
Lo que ocurre en esa zona no es una simple disputa fronteriza, como las autoridades nicaragüenses aducen. Al contrario, enfrentamos una clara intervención militar que, además de su impacto directo sobre Costa Rica, viola abiertamente el derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad y la paz de Centroamérica y el Caribe.
Costa Rica es un país desarmado. Abolimos el ejército en 1949. Gracias a esta decisión, hemos podido consolidar nuestra estabilidad política y destinar mayores recursos al desarrollo económico y social. Estamos comprometidos con la coexistencia pacífica con nuestros vecinos, especialmente los inmediatos, como Nicaragua y Panamá. Por esto, entre otras cosas, hemos acogido como hermanos a más de 500.000 nicaragüenses que han emigrado a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida.
Tenemos una larga tradición de respeto a la ley interna y al derecho internacional. De él, y de su expresión mediante los organismos multilaterales, dependemos para proteger nuestra seguridad de agresiones externas como la que ahora padecemos.
No podemos tolerar la ocupación foránea de una parte de nuestro territorio que, además, es clave en términos medioambientales. La isla Calero, de 151 kilómetros cuadrados, es un humedal protegido internacionalmente y ubicado en una zona de gran riqueza ecológica. Por su interacción con el río y la zona marítimo-costera, constituye parte del corredor biológico de Mesoamérica, y está protegida por convenciones internacionales sobre el medioambiente, que Costa Rica respeta de forma escrupulosa. Por esto, un efecto secundario de la ocupación nicaragüense, precedida de obras de dragado sin estudios técnicos que las sustenten, es el perjuicio causado a la sostenibilidad de la zona.
Como parte de nuestro apego a la legalidad internacional y al sistema multilateral, mi Gobierno ha llevado el caso a la Organización de Estados Americanos. El miércoles 3 planteamos una documentada denuncia ante su Consejo Permanente, que Nicaragua no pudo rebatir. El viernes 5 el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, emprendió un viaje a San José y Managua para conversar con las autoridades costarricenses y nicaragüenses. El martes sesionará de nuevo el Consejo Permanente, para escuchar su informe.
Costa Rica confía en que la OEA asuma la responsabilidad que le corresponde en este caso, conforme a su Carta. Si fallara en hacerlo, nuestro país podría acudir a otros recursos, siempre dentro de la paz y del derecho internacional, pero la OEA se precipitaría en una crisis de muy graves consecuencias.
Es decir, en este caso no sólo están en juego nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. También lo están la propia OEA y el Sistema Interamericano, partes consustanciales del derecho internacional. Cerrar los ojos ante esta realidad sería irresponsable y suicida.
RENÉ CASTRO SALAZAR, ministro costarricense de Exteriores.