En febrero de 1989 un cuartelazo en Asunción dirigido por el general Andrés Rodríguez acabó con la que entonces era la dictadura más veterana de América: la del general Alfredo Stroessner, que gobernaba Paraguay desde 1954 mediante elecciones fraudulentas.
Para sorpresa de muchos, el general Rodríguez, consuegro de Stroessner y vinculado al contrabando y el narcotráfico, convocó una asamblea constituyente que elaboró una nueva Constitución y en 1993 entregó el poder a un civil, el ingeniero Juan Carlos Wasmosy. Aunque es cierto que Stroessner, Rodríguez y Wasmosy eran militantes de la misma formación, la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado, Paraguay se abrió al pluralismo político y las elecciones libres.
El juicio político
Los constituyentes que redactaron la Constitución quedaron escarmentados por la larga dictadura de Stroessner, así que introdujeron numerosos controles y límites al presidente. Uno de éstos fue el mandato único de cinco años, sin posibilidad de reelección, como en México. Otro, el juicio político, que establece una responsabilidad del presidente, de sus ministros y de otros cargos públicos ante el Congreso. Así lo describe el artículo 225:
El Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.
La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.
Bajo esta Constitución, dos presidentes del país (ambos colorados) fueron sometidos a juicio político: Raúl Cubas en 1999, por corrupción, responsabilidad en el asesinato de su vicepresidente e indulto al general Lino Oviedo, supuesto autor intelectual de la muerte del anterior, y Luis González Macchi, sucesor de Cubas, en 2003, por mala gestión financiera y nepotismo. El primero evitó la destitución dimitiendo y huyendo a Brasil; el segundo se salvó porque a los senadores partidarios de su remoción les faltaron cinco votos.
Por tanto, a Lugo se le ha aplicado un procedimiento ya consolidado en el constitucionalismo paraguayo y que no causó protesta alguna de la Organización de Estados Americanos ni de los vecinos de Paraguay las dos veces que se aplicó anteriormente.
El juicio político celebrado la semana pasada (no confundir con un proceso judicial) en el Congreso paraguayo se puso en marcha después de que el 15 de junio muriesen en una finca invadida once campesinos sin tierra y seis policías. El jueves 21, la Cámara de Diputados acusó a Lugo de "mal desempeño" por 76 votos contra uno solo y envió al Senado la petición. El viernes los senadores destituyeron a Lugo por 39 votos a favor y cuatro en contra. Estos números demuestran que los apoyos con los que había contado Lugo en sus años de Gobierno se habían desvanecido. En menos de dos días, el exobispo católico metido a redentor político cayó.
Más de medio año fuera del país
Fernando Lugo había alcanzado la presidencia de Paraguay en las elecciones de abril de 2008, gracias a una amplia coalición que abarcaba desde el Partido Liberal Radical Auténtico (que aportaba el vicepresidente, Federico Franco) al Partido Comunista. Como candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, obtuvo casi un 41% de los votos. De esta manera, el Partido Colorado abandonó la presidencia, que había ocupado interrumpidamente desde 1948.
Paraguay es un país pequeño, de 6,5 millones de habitantes y con al menos 500.000 nacionales en el extranjero (Argentina, Brasil, España y Estados Unidos). Sus principales fuentes de riqueza son la venta de energía hidroeléctrica generada en la presa de Itaipú, la venta de soja y el contrabando entre Argentina y Brasil, sobre todo en la Triple Frontera. Los principales obstáculos para su desarrollo son la inmensa corrupción, la pobreza de gran parte de la población y la concentración de la tierra en manos de unos pocos oligarcas.
Pese a sus promesas y su verbo vehemente y florido, Lugo apenas hizo algo para solucionar esos problemas. Es cierto que el PIB creció un 14% en 2011, pero se debió a la venta de soja a China, de la que Paraguay es el tercer productor americano. Pero ese mismo año Paraguay descendió ocho puestos en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional, del 146 al 154; entre las repúblicas hispanoamericanas, sólo Venezuela está por debajo de Paraguay.
¿A qué se dedicó Lugo en su mandato amputado? A viajar. En menos de cuatro años de presidencia, realizó 75 viajes oficiales, que le llevaron a pasar 215 días fuera del país, en vez de dirigir la reforma agraria, la lucha contra la pobreza y la forja de una mayoría parlamentaria en el Congreso.
Lugo enseguida se unió al ALBA de Hugo Chávez. La última línea de resistencia al ingreso de Venezuela en Mercosur (bloque comercial y político formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) fue el Congreso paraguayo, que rechazó la incorporación de la república bolivariana, pese a que Lugo trató de presionar a los parlamentarios. Algunos de éstos declararon que los chavistas y sus cipayos habían llegado a ofrecer seis millones de dólares a los legisladores paraguayos.
Aparte de su incompetencia y sus vínculos con el socialismo del siglo XXI, otro motivo de enfrentamiento entre Lugo y el Legislativo fueron los intentos de reelegirse del exobispo. El último se produjo en julio de 2011, cuando su partido, el Frente Guasú, recogió firmas para convocar un referéndum que permitiese cambiar la Constitución y reintroducir la reelección presidencial. ¡El mismo mecanismo empleado por el propio Chávez y sus satélites para eternizarse en el poder! El Senado rechazó la petición.
Aunque sólo faltan 10 meses para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, los demás partidos, incluso el Liberal Radical, han preferido sacudirse a Lugo para erradicar el riesgo de una ruptura violenta.
Como Manuel Zelaya, pero sin militares
La destitución de Lugo ha causado un revuelo similar al de la del presidente hondureño Manuel Zelaya, en 2009. Como en Paraguay no ha intervenido el Ejército y Lugo sigue libre en el país, no se puede decir que ha habido golpe de estado, pese a que se empeñen en ello Chávez, maestro en cuartelazos, y sus acólitos Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega y Cristina Fernández.
Sin embargo, como ocurrió con el caso de Zelaya, es lamentable que presidentes conservadores y liberales como el de México y el de Colombia hayan aceptado el relato socialista y duden de la legitimidad de la destitución de Lugo y su sustitución por el vicepresidente Federico Franco.
Ahora bien, si, como pretenden numerosos presidentes iberoamericanos y hasta el PSOE, no es democrático ni legítimo que un Parlamento escogido en votación libre pueda juzgar y destituir a un presidente de acuerdo con la Constitución nacional, ¿no estamos ante la erección de un Ejecutivo omnipotente, sin ningún límite, ante un rey absoluto? ¿Qué parte de la protesta contra una decisión constitucional y soberana del Congreso paraguayo se debe a la unidad de los chavistas en defensa de un miembro de la banda y qué parte a una reacción del club de los presidentes para impedir que a ellos les ocurra lo mismo?
Por ahora, lo mejor es que el socialismo del siglo XXI se ha quedado sin otro chico del coro.