
Tom Tancredo, nacido en 1945, es republicano y representa a su distrito desde 1998. Había prometido que no se presentaría a un cuarto mandato, pero en septiembre de 2002 anunció que no cumpliría su promesa.
Fue un hombre polémico desde el primer momento. No asistió a la recepción que dio el entonces presidente Clinton a los nuevos miembros de la Cámara. Se negó a apoyar un mayor control en la posesión de armas tras la tragedia de Columbine, que ocurrió muy cerca de su casa y provocó tanto una oleada de buenas intenciones progresistas como una intensa propaganda contra la libre posesión de armas. Fue uno de los veinticinco republicanos de la Cámara de Representantes que votó en contra de la ampliación de Medicare, una de las medidas estrella del nuevo republicanismo de Bush.
Pero, sobre todo, ha sido uno de los más insistentes e incansables paladines del endurecimiento de la legislación contra la inmigración ilegal. Tancredo tiene antepasados ingleses, alemanes e irlandeses. Da igual. No quiere más inmigrantes que no sean estrictamente legales.

El radicalismo de Tancredo, por su parte, le ha costado algunos votos en su distrito. También se ganó la enemiga de la Casa Blanca y de algunos líderes de la mayoría republicana del Congreso, uno de los cuales le llegó a decir que su carrera política estaba acabada, kaputt. Nada de eso le ha importado: se ha mantenido firme en la oposición a cualquier concesión a los inmigrantes, siguiendo en esto una línea minoritaria en el Partido Republicano, aunque muy ruidosa en algunos medios de derechas, en particular en la radio y en algunas televisiones, y popular en los estados fronterizos, donde la inmigración ilegal satura los servicios públicos y plantea problemas de desorden y delincuencia.
Pues bien, al final Tancredo se ha salido con la suya. El 16 de diciembre de 2005, antes de irse de vacaciones, la Cámara de Representantes votó, por 239 contra 182, una ley que satisface todos los anhelos de Tom Tancredo y sus amigos aislacionistas. La ley ordena la construcción de muros y vallas en la frontera con México a lo largo de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Considera un delito albergar, transportar, ayudar o incluso alimentar a cualquier persona que haya pasado la frontera ilegalmente. Y expone a los empresarios que no cumplen con una estricta regulación de contratación de inmigrantes a inspecciones y multas que les harán imposible continuar con su negocio. Tancredo quiere convertir Estados Unidos, el país de la libertad, en una fortaleza rodeada por una nueva muralla china.
Estados Unidos lleva mucho tratando de regular el problema de la inmigración ilegal procedente de México. En los diez últimos años se han aprobado en el Congreso seis leyes, con toda clase de medidas sobre inmigración. También se han creado, más o menos espontáneamente, patrullas de ciudadanos que controlan la frontera. Bush, reticente a apoyarlos, acabó llamándolos "vigilantes", es decir, personas que se arrogan el derecho de defender la ley por su cuenta. Tancredo les dijo que no eran "vigilantes", que eran héroes auténticos.

La ley de Tancredo y sus amigos es tan radical que tendrá dificultades para ser aprobada en el Senado. La negociación promete ser dura y difícil. Pero ha contado con el visto bueno de la Casa Blanca. Bush repite un gesto que ya ha hecho en varias ocasiones: aceptar una ley –como la de las tarifas proteccionistas para el acero o la de la financiación de autopistas– que contradice su propia posición.
Contra la ley, además, se ha organizado una coalición heterogénea de grupos religiosos, asociaciones de inmigrantes, organizaciones filantrópicas y de derechos humanos, fundaciones liberales y, muy especialmente, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que la considera nefasta.
Bush empezaba a remontar en las encuestas con la buena marcha de la economía, las elecciones en Irak, la promesa de la reducción de tropas y la bajada de los precios de la gasolina. La nueva ley de inmigración estará presente en los medios de comunicación durante todo el año que acaba de empezar, dada la larga batalla previsible en el Senado y, luego, en la comisión bicameral que tendrá que redactar el texto final. Reducirá la popularidad de los republicanos entre el electorado hispano, que se verá, con razón, agredido por una medida absurda. Y será bien aprovechado por unos demócratas que no tienen nada que perder.