Casi un siglo después, EEUU es la única superpotencia global y no enfrenta riesgos estratégicos de importancia en la región, el comercio mundial ha crecido exponencialmente y el Comando Sur se mudó a la Florida. El Canal de Panamá es manejado soberana e integralmente por panameños, sin ningún control ni jurisdicción extranjera, y aporta a las arcas del Gobierno nacional casi 500 millones de dólares en ganancias. Durante el período de administración norteamericana, la operación estaba subsidiada.
Sin embargo, de acuerdo con la Propuesta de Ampliación del Canal de Panamá, documento oficial de la Autoridad del Canal, la vía corre el peligro de quedar rezagada por no adaptarse a las nuevas condiciones del mercado marítimo mundial, pues está operando casi a su máxima capacidad y el sistema de esclusas, diseñadas y construidas a principios del siglo XX, no permite el paso de los nuevos superbuques de carga, conocidos como Post Panamax.
Para solucionar este inconveniente, los expertos del Canal recomiendan la construcción de un tercer juego de esclusas, de mayores dimensiones, que complementen a las existentes y permitan ampliar la capacidad de tránsito, doblándola en siete años, pues podrían pasar buques de mayor tamaño. La inversión requerida es de aproximadamente 5.250 millones de dólares, de los cuales 2.300 precisan financiación.
Con la ampliación se espera que el aporte que el Canal hace al Gobierno panameño se triplique para el año 2015, y que sea ocho veces mayor en 2025. De llevarse a cabo, una inversión de tal magnitud tendría un gran impacto en la economía local, ya que durante la construcción de la obra (2007-2014) se generarían unos 7.000 empleos directos y aproximadamente 40.000 indirectos, y se podrían generar en los años 2015-2025 entre 150.000 y 250.000 nuevas plazas de trabajo.A pesar de su bien fundamentada propuesta, la ampliación del Canal ha generado un debate nacional. Un sector minoritario de la sociedad se opone al proyecto.
Los detractores proponen, como solución inmediata, la construcción de un megapuerto en la entrada oeste del Canal, con capacidad para atender a los grandes buques portacontenedores, que traspasarían su carga a otros de menor tamaño. Sugieren, así, posponer la expansión hasta que se definan claramente las condiciones del mercado naviero, en especial el futuro de los Post Panamax y su incidencia en las rutas marítimas que afectan a la rentabilidad del Canal. Consideran, además, que el monto de la inversión en este momento podría más bien orientarse a resolver necesidades sociales urgentes de la población, y no correr el riesgo de un mal paso en las obras y el financiamiento.
Otra de las grandes preocupaciones son las consecuencias que podrían derivarse de un manejo inadecuado de las abultadas ganancias futuras del Canal en manos de gobiernos ineficientes y con una tradición de corrupción. En este sentido, los más osados, entre ellos Carlos Ernesto Gonzáles Ramírez, de la Fundación Libertad, han propuesto distribuir las ganancias equitativamente entre la población.
Sin duda alguna, el debate va a ir tomando calor a medida que se acerque la fecha del referéndum constitucional que, programado para este año, va a definir el futuro del Canal. Existe el peligro de que se politice el debate y el voto popular se utilice para castigar o premiar la gestión del actual Gobierno, en vez de para favorecer o no la propuesta. En este sentido, la historia reciente favorece la primera opción.
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