Por desgracia, nuestro país se aleja cada vez más del objetivo de erigir un Estado de Derecho en el que se imparta justicia con unos niveles mínimos de eficacia; de contar con un sistema que defienda con energía los derechos humanos y de propiedad de los ciudadanos y aplique la ley con imparcialidad.
Según un estudio reciente publicado por el Banco Mundial, entre 1998 y 2008 se produjo un sensible deterioro, del 35%, de los índices que miden la calidad del Estado de Derecho en nuestro país: actualmente nos movemos en unos niveles comparables a los de Libia, Kosovo y Mongolia.
Este notable fracaso tiene muchos padres, que se ubican en todos los niveles de gobierno y en todos los cuadrantes del compás político. Para muestra, basta citar algunos casos especialmente indignantes.
La Suprema Corte declaró la inocencia de los macheteros-secuestradores de Atenco. Su aberrante decisión justifica sus acciones violentas y, como sentará jurisprudencia, las de todos aquellos forajidos que reclamen "la legitimidad de sus demandas sociales".
Las implicaciones de esta perversión legal son gravísimas, pues con ese precedente cualquiera puede dedicarse con impunidad al secuestro, al chantaje o a la toma de ciudades enteras, como hizo la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) en Oaxaca en el 2006. Hace unos días fueron detenidos el afamado publicista Carlos Alazraki y su equipo de producción cuando filmaban un comercial en una playa de Michoacán; los secuestradores eran unos comuneros enmachetados que decían ser los dueños de la playa y que les pidieron dinero por filmar en ella. Los secuestradores expropiaron los vehículos y equipos de sus víctimas hasta que se les compensara por el uso de su playa. Con el precedente de la decisión de la Suprema Corte sobre los macheteros de Atenco, bandidos como estos tendrán la impunidad garantizada por ley.
El Senado de la República aprobó por virtual unanimidad (sólo un voto en contra) la Ley de Seguridad Nacional, que ordena en su artículo 69 que el Ejército no podrá intervenir ante "acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social". De aprobarse esta ley, que por lo pronto está atorada en la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas no podrían hacer frente a cualquier gavilla de delincuentes –narcos incluidos– que esgriman alguna "causa social" para justificar sus actos criminales.
También el Ejecutivo, dirigido por Felipe Calderón, trabaja con denuedo para envilecer el Estado de Derecho cuando pervierte entidades autónomas concebidas para regular actividades privadas básicas, como las vinculadas a la tecnología de la información (v. el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones), poniéndolas al mando no de especialistas, sino del adulador de turno. Tampoco es posible avanzar una agenda de reformas serias si se aborta la posibilidad de alcanzar un pacto legislativo con el PRI, partido mayoritario en el Congreso, y en su lugar se prefiere urdir una alianza electoral contrahecha con quienes ni siquiera reconocen la jerarquía presidencial.
Con todos los poderes y líderes políticos conspirando sin cesar para arruinar el Estado de Derecho, no es de extrañar que el país se mueva en niveles africanos en este punto; no los de Sudáfrica, ciertamente, pues tiene indicadores cinco veces mejores que los nuestros.
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MANUEL SUÁREZ-MIER, profesor de Economía en la American University de Washington DC.