Las consecuencias no intencionales de la Prohibición fueron el aumento del crimen organizado y de la corrupción oficial. Luego de 13 años de Ley Seca, a los ciudadanos les molestaba lo que hacía Al Capone en las calles y contra la legalidad. Eso es algo que debemos considera, ante el tremendo deterioro de la democracia en la región andina, centro del cultivo y procesamiento de la coca a la vez que el blanco de la guerra contra las drogas de Estados Unidos.
La región andina, pobre y con democracias nuevas y frágiles, es donde se origina gran parte de las "sustancias ilegales". Redes delictivas socavan las bases institucionales de esas naciones. También explotan a los ciudadanos más pobres, poniéndolos a trabajar en suplir la demanda de drogas.
Los jefes de la droga son cada día más sofisticados en la conducción de la guerra. En la medida en que se hacen más poderosos en la política, amenazan la destrucción de gobiernos elegidos libremente. Bolivia es la víctima más reciente de esa realidad económica. En los últimos dos años dos presidentes bolivianos han caído por la presión de minorías violentas. El líder es Evo Morales, que ha organizado a los campesinos que cultivan el tipo de coca utilizada para la cocaína.
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (afectuosamente apodado Goni) huyó en octubre de 2003, tras la violencia dirigida por Morales. A principios del presente mes, el vicepresidente que tomó su cargo también renunció para apaciguar a Morales y a su grupo de extremistas, que habían paralizado al país.El supuesto propósito de la obstrucción de las calles y carreteras, de las marchas y de las explosiones de dinamita ejecutadas por los "indígenas" es protestar contra la explotación, extracción y distribución privada de las inmensas reservas de gas de Bolivia. Los manifestantes exigen la nacionalización del gas, como se hizo con las minas de estaño en 1952. Pero esa es sólo la excusa, y por detrás está el viejo resentimiento por la erradicación de los cultivos de coca por parte del Gobierno. Morales no tuvo que ingeniárselas mucho para culpar a la guerra contra las drogas de EEUU, al imperialismo yanqui y al capitalismo en general por la miseria del campesinado. Su contraataque es una grave amenaza a la democracia boliviana.
La militancia política de los campesinos cocaleros comenzó bajo el Gobierno de Hugo Bánzer. El ya fallecido presidente Bánzer asumió el poder en 1997 a través de una alianza con el partido izquierdista MIR, cuyos líderes participan en el narcotráfico. Para tranquilizar a EEUU, Banzer se comprometió a llevar adelante la guerra contra las drogas.
La pobreza, junto a la demanda de cocaína por parte de EEUU, condujo hace años a miles de mineros bolivianos desempleados a la región de Chapare, para cultivar coca y exportarla a Colombia, donde es procesada. Ese fue el caso de la familia de Evo Morales.
En 1999, tratando de probar a Washington su determinación, Banzer lanzó un ataque en Chapare que hizo huir a los cocaleros. Se estima conservadoramente que 50.000 familias bolivianas cultivaban coca en Chapare, y muchas de ellas terminaron en las villas miserias de Cochabamba.
La economía boliviana crecía al 4% ó 5% en esos años, gracias a las reformas de mercado instrumentadas por Goni en su primer período (1993-1997), atrayendo nuevas inversiones al país. Pero luego de la campaña contra los cocaleros "se notaba que había menos dinero, menos actividad económica", me contó un ex funcionario boliviano. La razón fue el costo de la erradicación: entre un 5% y un 8% del PIB se había perdido, y no de manera igual para todos. Golpeó a los campesinos y al resto de la gente más pobre.
En abril de 2000 la hostilidad incentivada por el empobrecimiento hizo explosión con el plan de otorgar a la empresa norteamericana Bechtel el contrato para la construcción de una red de distribución de agua en Cochabamba, la tercera ciudad más grande del país. Las manifestaciones y el bloqueo de las calles acabaron con la tradicional tranquilidad. El proyecto de Bechtel amenazaba a los vendedores de agua potable, pero la resistencia fue mucho más allá de los "aguateros". El verdadero apoyo a la rebelión fue de los cocaleros en contra del Gobierno. El Gobierno dio marcha atrás, y se confirmó que la violencia callejera obtiene resultados.
La habilidad de Evo Morales ha sido ampliar el movimiento cocalero. Quienes lo apoyan son peligrosos, y lo vemos a menudo retratado con Fidel Castro y Hugo Chávez. Morales cuenta con amigos con experiencia revolucionaria y dinero. Se rumora que los guerrilleros de las FARC, con grandes ingresos por sus actividades en narcotráfico, están interesados en Bolivia.
Las manifestaciones y el bloqueo de carreteras por parte de paramilitares requieren buena logística, transporte y alimentos. Alguien los está financiando. El dinero puede venir de gobernantes latinoamericanos o de la industria de la cocaína en la misma Bolivia. El 14 de junio la Oficina de Drogas y Crímenes de la ONU anunció que, a pesar de que el cultivo de coca en Colombia ha caído un 7% en el último año, aumentó un 14% en Perú y un 17% en Bolivia, para un aumento total en la región andina del 3%. Hay dinero nuevo porque los bolivianos no sólo cultivan, sino que están también en el más lucrativo negocio de procesamiento de la droga para su exportación.
La desestabilización del sistema político de la región entera ha aumentado a un nivel que los norteamericanos no toleraron, y por eso votaron a favor de acabar con la Ley Seca. Es razonable cuestionar la moralidad, la inteligencia y hasta si es práctico esperar que los latinoamericanos carguen con semejante peso, habiendo mejores maneras de combatir las drogas dentro de los Estados Unidos.
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Mary Anastasia O'Grady, editora de la columna 'Las Américas' de The Wall Street Journal, diario que publicó originalmente este artículo y autorizó la traducción de AIPE.