Este grupo, que llegó al gobierno en el 2008, no encuentra otra alternativa que la convulsión social, puesto que sus dirigentes ya saben que no tienen más del 5 por ciento del electorado; y también se han percatado, luego de las últimas elecciones municipales, de que en el 2013 se irán para no volver.
Este es el escenario que tienen. Dejan el poder para siempre, porque lo del 2008 fue una circunstancia irrepetible, a menos que logren que el presidente Lugo se vuelva a presentar como candidato. Están dispuestos a todo, dada su comprobada orfandad popular. La crisis podría darles una oportunidad que el pueblo les ha negado. En el desorden, las masas son todavía más proclives a aceptar cualquier propuesta populista y hasta autoritaria.
La recogida de firmas que tiene por objeto la reelección presidencial mediante una enmienda a la Constitución es motivo suficiente para que miles de personas dependientes de la estructura gubernativa, en especial las destinatarias de los programas sociales que montó la izquierda y las que ingresaron en la función pública sin hacer oposición, rodeen el Congreso para meter presión. Por supuesto, esta acción es solo el complemento de otras que ya se vienen haciendo y que tienen por objetivo afectar los derechos de propiedad privada, en particular las tierras de los productores agrícolas que hicieron del Paraguay en los últimos años uno de los mayores exportadores de soja y carne.
La minoría de la izquierda radical sigue un libreto ya conocido en esta parte de América. La bolivarianización de las Fuerzas Armadas no es un asunto intrascendente, pues estamos asistiendo al avance de un grupo que tiene ideas muy diferentes de las que posibilitaron el esplendor de la civilización occidental.
El sustrato doctrinario de la reelección se fundamenta en la idea de hacer participar con sus firmas a la gente en el proceso, para así hacer notar que la representación en el Congreso no solo es ineficiente, sino un problema para lograr los cambios que la sociedad requiere. Sin embargo, tiene dos enormes problemas, y peligrosos. Primero, la participación a la que se refieren crea grupos de movilización permanente que buscan leyes particulares y privilegios excepcionales para sus integrantes y simpatizantes, lo que erosionaría el Estado de Derecho, que en este país tampoco goza de larga tradición y respeto. Segundo, la democracia participativa es un proyecto político que busca la conservación del poder a cualquier precio.
A la izquierda radical no le queda otra salida que el desorden. Algunos liberales que en su momento se opusieron a la reelección del expresidente Nicanor Duarte ya bajaron la cerviz. De liberales pasaron a serviles. Entre tanto, la izquierda rechazada por el pueblo precipita la crisis, con actores y cómplices visibles.
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VÍCTOR PAVÓN, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Intercontinental (Paraguay).