Los mercados se desploman y las empresas quiebran, pero el negocio ilegal sigue boyante y campante. A pesar de las fumigaciones, las persecuciones y las extradiciones. El oro blanco colombiano mantiene su precio y su rentabilidad. Y su impresionante capacidad de producción, como lo demuestran las tres toneladas y media de cocaína incautadas hace menos de un mes en Buenaventura.
Mientras los expertos debaten si hemos entrado o no en recesión, lo que hay que preguntarse en situaciones como la actual es qué otros traumas va a causarle a Colombia este fenómeno. Porque su impacto sólo podrá ser aún más notorio. Basta ver lo sucedido con las pirámides en Cauca, Putumayo y Nariño, donde hoy se concentran los cultivos ilícitos. No es casualidad que las DMG y DRFE se hayan originado allí, ni que hayan distorsionado de tal manera la economía local. Para no hablar de sus repercusiones en la política nacional (como lo sugiere la polémica sobre aportes de DMG a la recolección de firmas reeleccionistas).
En esos departamentos, que gozan además de notable presencia guerrillera y paramilitar, el dinero circulante empezó a fluir hacia estos esquemas ilegales de captación. Y unas economías construidas sobre la coca se lavaron con otras construidas sobre el espejismo de las ganancias exorbitantes de las pirámides. Ahora, con su estrepitoso derrumbe, miles de damnificados volverán a ganársela como raspachines, cultivadores, asalariados de grupos paramilitares y guerrilleros, o en otros oficios que ofrece la economía subterránea.
Apenas un fresco ejemplo regional de su impacto social y político. Como si faltaran. Como si los reciclados grupos narcoparamilitares, la parapolítica, la distorsión de la economía legal, el saqueo de presupuestos municipales, la infiltración de la fuerza pública y demás muestras de su capacidad de contagio, violencia y corrupción no fueran harto conocidas. Mal que Colombia padece hace 30 años. Pero que puede volverse más incontrolable y dañino en situaciones de crisis económica. Momentos en los que habría que hacer ejercicios de prevención y pensar cómo blindar el país y sus instituciones de una mayor corrosión y contagio. Difícil, cuando el Gobierno tiene desvelos más personales y por ningún lado se vislumbran remedios realistas.
El Plan Colombia, eficaz en contrainsurgencia, no hizo mella al narcotráfico. De Estados Unidos no cabe esperar más, porque ahora lo que le preocupa es México. Europa está en lo suyo, y cada vez menos interesada en el embrollo colombiano. Y el vecindario poco ayuda.
La receta no saldrá, en ningún caso, de medidas internas tan absurdas como la penalización de la dosis mínima, que parece se ha convertido en "punto de honor" para el presidente Uribe. Difícil creer que, con esta escasez de recursos, con juzgados desbordados, agendas legislativas de verdad urgentes y tantas lecciones internacionales en la materia, se insista en gastar energía y presupuesto con este despropósito.
La rentabilidad de la economía de la droga y las mafias que la sostienen a sangre y fuego estarán garantizadas mientras rija la prohibición. Mientras la legalización siga siendo inviable y lejana, se seguirá con la fórmula de guerra y con la prohibición, que lleva décadas de fracaso. Porque su énfasis represivo hace el juego a la lógica del negocio.
El Congreso nacional, que pronto discutirá el terco proyecto del gobierno Uribe, podría mirar hacia el Congreso de Estados Unidos, que se apresta a confirmar al zar antidrogas del gobierno Obama, un hombre llamado Gil Kerlikowske, veterano y alabado ex jefe de la policía de Seattle, que siempre dejó en claro que dedicarse a perseguir delitos menores relacionados con la droga no puede ser una prioridad. Habría que entenderlo para, por lo menos, no agravar las cosas.
© AIPE
ENRIQUE SANTOS CALDERÓN, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Mientras los expertos debaten si hemos entrado o no en recesión, lo que hay que preguntarse en situaciones como la actual es qué otros traumas va a causarle a Colombia este fenómeno. Porque su impacto sólo podrá ser aún más notorio. Basta ver lo sucedido con las pirámides en Cauca, Putumayo y Nariño, donde hoy se concentran los cultivos ilícitos. No es casualidad que las DMG y DRFE se hayan originado allí, ni que hayan distorsionado de tal manera la economía local. Para no hablar de sus repercusiones en la política nacional (como lo sugiere la polémica sobre aportes de DMG a la recolección de firmas reeleccionistas).
En esos departamentos, que gozan además de notable presencia guerrillera y paramilitar, el dinero circulante empezó a fluir hacia estos esquemas ilegales de captación. Y unas economías construidas sobre la coca se lavaron con otras construidas sobre el espejismo de las ganancias exorbitantes de las pirámides. Ahora, con su estrepitoso derrumbe, miles de damnificados volverán a ganársela como raspachines, cultivadores, asalariados de grupos paramilitares y guerrilleros, o en otros oficios que ofrece la economía subterránea.
Apenas un fresco ejemplo regional de su impacto social y político. Como si faltaran. Como si los reciclados grupos narcoparamilitares, la parapolítica, la distorsión de la economía legal, el saqueo de presupuestos municipales, la infiltración de la fuerza pública y demás muestras de su capacidad de contagio, violencia y corrupción no fueran harto conocidas. Mal que Colombia padece hace 30 años. Pero que puede volverse más incontrolable y dañino en situaciones de crisis económica. Momentos en los que habría que hacer ejercicios de prevención y pensar cómo blindar el país y sus instituciones de una mayor corrosión y contagio. Difícil, cuando el Gobierno tiene desvelos más personales y por ningún lado se vislumbran remedios realistas.El Plan Colombia, eficaz en contrainsurgencia, no hizo mella al narcotráfico. De Estados Unidos no cabe esperar más, porque ahora lo que le preocupa es México. Europa está en lo suyo, y cada vez menos interesada en el embrollo colombiano. Y el vecindario poco ayuda.
La receta no saldrá, en ningún caso, de medidas internas tan absurdas como la penalización de la dosis mínima, que parece se ha convertido en "punto de honor" para el presidente Uribe. Difícil creer que, con esta escasez de recursos, con juzgados desbordados, agendas legislativas de verdad urgentes y tantas lecciones internacionales en la materia, se insista en gastar energía y presupuesto con este despropósito.
La rentabilidad de la economía de la droga y las mafias que la sostienen a sangre y fuego estarán garantizadas mientras rija la prohibición. Mientras la legalización siga siendo inviable y lejana, se seguirá con la fórmula de guerra y con la prohibición, que lleva décadas de fracaso. Porque su énfasis represivo hace el juego a la lógica del negocio.
El Congreso nacional, que pronto discutirá el terco proyecto del gobierno Uribe, podría mirar hacia el Congreso de Estados Unidos, que se apresta a confirmar al zar antidrogas del gobierno Obama, un hombre llamado Gil Kerlikowske, veterano y alabado ex jefe de la policía de Seattle, que siempre dejó en claro que dedicarse a perseguir delitos menores relacionados con la droga no puede ser una prioridad. Habría que entenderlo para, por lo menos, no agravar las cosas.
© AIPE
ENRIQUE SANTOS CALDERÓN, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.