La Constitución de Honduras, de 1982, tiene normas pétreas, inmodificables, como el artículo 4, que dice: "La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria"; y establece que sólo el Congreso puede reformarla, mediante la convocatoria de una asamblea constituyente.
Por eso, todas las fuerzas vivas de Honduras –civiles, eclesiásticas y militares– dejaron en claro a Mel que no estaban de acuerdo con su intento de reelegirse. Contra Zelaya se alinearon el Congreso, la Corte Suprema, el procurador, el fiscal, el Tribunal Electoral, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, la prensa y hasta su propio partido político, el Liberal. También su propio ministro de Justicia. Y como si eso no fuera suficiente muestra de rechazo a sus pretensiones, las manifestaciones populares han sido en contra suya y no a su favor, sus partidarios apenas se han notado. La popularidad de Zelaya no supera el 30 por ciento en ninguna encuesta. El informe de aprobación de mandatarios de la firma Mitofsky, de abril de 2009, lo ubica en el último lugar de Latinoamérica, con un 25 por ciento.
Sin embargo, y a pesar de que su Gobierno es también considerado uno de los más corruptos –según el índice de percepción de Transparencia Internacional–, el contragolpe del que fue víctima es un acto de repudio a la injerencia de Hugo Chávez en ese país. Por una parte, a Zelaya no le perdonan la sorpresiva y sospechosa afiliación al grupo de países bolivarianos en agosto de 2008, cuando apenas le faltaba un año para concluir su mandato, siendo como era un oligarca de derechas que no tenía nada en común con el proyecto chavista y que jamás consultó con los hondureños si deseaban ese acercamiento. De otra parte, el truco de Chávez ya no tiene secretos: el libreto de entronización de su modelo totalitario en otros países ya es bien conocido y los hondureños prefirieron cortar por lo sano antes de que se instalara en su país otra dictadura chavista, con procedimientos aparentemente legales y democráticos.
Es muy sencillo demostrar que este no es un golpe de estado: 1) Zelaya fue depuesto por orden de la Corte Suprema, no por capricho del Ejército; 2) el poder fue transferido inmediatamente al presidente del Congreso, como ordena la Carta en caso de ausencia del titular; 3) se preservó la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial; 4) el presidente Micheletti se comprometió a desarrollar normalmente las elecciones de noviembre, incluso, si fuera necesario, a adelantarlas; 5) no hubo derramamiento de sangre y la represión ha sido ínfima; tampoco se ha atropellado la libertad de prensa. Tal vez el único error fue el de expulsar del país a Zelaya, en lugar de ponerlo preso.
En consecuencia, cabe preguntarse: ¿por qué la ONU, la OEA y la UE se han apresurado a condenar el golpe y a exigir la restitución de Zelaya? ¿Por qué a Chávez le permiten hacer cosas como arrebatar el poder al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma –ahora en huelga de hambre–, constreñir la libertad de expresión e inmiscuirse en los asuntos internos de otros países? Ya es hora de que los gobiernos legítimos se dejen de falsas solidaridades y analicen la dimensión real de los hechos; castigar a Honduras con un boicot económico es un error de juicio inadmisible y torpe. Lo que pasó en Honduras fue una bofetada al poder totalitario de Hugo Chávez, a cuyos amigos –Ahmadineyad, los Kirchner y ahora Zelaya– no les está yendo nada bien últimamente.
© AIPE
SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR, periodista y escritor colombiano.
Por eso, todas las fuerzas vivas de Honduras –civiles, eclesiásticas y militares– dejaron en claro a Mel que no estaban de acuerdo con su intento de reelegirse. Contra Zelaya se alinearon el Congreso, la Corte Suprema, el procurador, el fiscal, el Tribunal Electoral, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, la prensa y hasta su propio partido político, el Liberal. También su propio ministro de Justicia. Y como si eso no fuera suficiente muestra de rechazo a sus pretensiones, las manifestaciones populares han sido en contra suya y no a su favor, sus partidarios apenas se han notado. La popularidad de Zelaya no supera el 30 por ciento en ninguna encuesta. El informe de aprobación de mandatarios de la firma Mitofsky, de abril de 2009, lo ubica en el último lugar de Latinoamérica, con un 25 por ciento.
Sin embargo, y a pesar de que su Gobierno es también considerado uno de los más corruptos –según el índice de percepción de Transparencia Internacional–, el contragolpe del que fue víctima es un acto de repudio a la injerencia de Hugo Chávez en ese país. Por una parte, a Zelaya no le perdonan la sorpresiva y sospechosa afiliación al grupo de países bolivarianos en agosto de 2008, cuando apenas le faltaba un año para concluir su mandato, siendo como era un oligarca de derechas que no tenía nada en común con el proyecto chavista y que jamás consultó con los hondureños si deseaban ese acercamiento. De otra parte, el truco de Chávez ya no tiene secretos: el libreto de entronización de su modelo totalitario en otros países ya es bien conocido y los hondureños prefirieron cortar por lo sano antes de que se instalara en su país otra dictadura chavista, con procedimientos aparentemente legales y democráticos.Es muy sencillo demostrar que este no es un golpe de estado: 1) Zelaya fue depuesto por orden de la Corte Suprema, no por capricho del Ejército; 2) el poder fue transferido inmediatamente al presidente del Congreso, como ordena la Carta en caso de ausencia del titular; 3) se preservó la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial; 4) el presidente Micheletti se comprometió a desarrollar normalmente las elecciones de noviembre, incluso, si fuera necesario, a adelantarlas; 5) no hubo derramamiento de sangre y la represión ha sido ínfima; tampoco se ha atropellado la libertad de prensa. Tal vez el único error fue el de expulsar del país a Zelaya, en lugar de ponerlo preso.
En consecuencia, cabe preguntarse: ¿por qué la ONU, la OEA y la UE se han apresurado a condenar el golpe y a exigir la restitución de Zelaya? ¿Por qué a Chávez le permiten hacer cosas como arrebatar el poder al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma –ahora en huelga de hambre–, constreñir la libertad de expresión e inmiscuirse en los asuntos internos de otros países? Ya es hora de que los gobiernos legítimos se dejen de falsas solidaridades y analicen la dimensión real de los hechos; castigar a Honduras con un boicot económico es un error de juicio inadmisible y torpe. Lo que pasó en Honduras fue una bofetada al poder totalitario de Hugo Chávez, a cuyos amigos –Ahmadineyad, los Kirchner y ahora Zelaya– no les está yendo nada bien últimamente.
© AIPE
SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR, periodista y escritor colombiano.