Prisa, Zapatero y Guantánamo

La evidente manipulación de la información, que acusa al Gobierno de José María Aznar, y en particular a los ministros Acebes y Trillo, de actuar al margen de la legalidad internacional por enviar policías a Guantánamo sin orden judicial, no deja lugar a dudas. Tanto por los errores como por las omisiones.

 

 

Entre las omisiones cabe recordar que tanto la prensa como el Parlamento fueron informados de las numerosas gestiones diplomáticas efectuadas desde que, en febrero de 2002, se supo de la detención de dos supuestos ciudadanos españoles en Afganistán.

 

Nos consta que los diplomáticos españoles fueron de los primeros en viajar a la base norteamericana, y que España fue el segundo país occidental, tras Gran Bretaña, en obtener la transferencia de un nacional; en nuestro caso, se trataba de Hamido, el único "talibán español" reconocido. Los diplomáticos españoles estuvieron en todo momento en contacto con la Cruz Roja, y no sólo con la CIA, y coordinaron sus acciones con los de otros países europeos enfrentados a situaciones similares.

 

También hemos sabido de la resistencia de la policía española a desplazarse a Guantánamo, sobre todo en el tercer viaje, por el escaso valor de la información obtenida allí anteriormente. Tuvo que ser la ministra Palacio, que se implicó personalmente en negociaciones con Powell, Rumsfeld y Wolfowitz para obtener el traslado a España de Hamido, quien convenciera a los responsables de Interior de que los americanos aceptarían una nueva misión diplomática, disfrazada, eso sí, de objetivo informativo judicial. Finalmente, y con la feliz intervención del juez Garzón, se consiguió la transferencia de Hamido en febrero de 2004.

 

Este éxito diplomático es de subrayarse ahora, ya que nos cuesta mucho creer que el actual Gobierno, cuyas relaciones con Washington se pueden medir todavía por minutos, hubiera sido capaz de actuar mejor, por más que le pese a Moratinos.

 

En cuanto a los errores, o más bien falsedades intencionadas, ha tenido que ser el tan traído y llevado Garzón quien ponga los puntos sobre las íes, al recordar que para una actividad de información policial no se requiere autorización judicial y que nadie cometió "ninguna ilegalidad".

 

El hecho de que, como es perfectamente normal en muchas informaciones que maneja la policía, las conversaciones en Guantánamo fueran desechadas, lógica y normalmente, por el Tribunal Supremo, no significa que la actuación policial fuera ilegal, ni que se incurriera en responsabilidad penal o política alguna por esta razón, como da a entender equivocadamente el reportero de Prisa, que debería haberse informado mejor. Pero como encima El País editorializa sobre "violaciones de la legalidad española y europea" y pide "responsabilidades políticas", no creemos en una mera equivocación individual del autor, por lo que la voluntad falsificadora de la acusación alcanza a la alta dirección del periódico y del grupo mediático.

 

Contaminar de ilegalidad todo lo que tiene relación con Guantánamo, y calificar en 2007 lo que ocurrió en 2002, podría incluso alcanzar al propio diario. ¿O es que va a negar que precisamente una corresponsal de El País coincidió en la base norteamericana con una de las misiones diplomáticas? ¿Y cómo iba esta corresponsal a acceder a la base sin el permiso y la colaboración de sus responsables militares? ¿Actuó por ello El País al margen de la legalidad internacional?

 

La demagogia y la manipulación periodística, que habrán conocido por sus embajadas nuestros países amigos, no habrán sentado nada bien en los círculos internacionales. De hecho, a pesar de los alardes tipográficos de nuestro primer diario, la controversia política ha sido únicamente aireada por la agencia cubana Prensa Latina, bien dispuesta a acoger todo lo que mancille al Imperio, y un medio tan conocido como Aujourd'hui Le Maroc.

 

Si el Ejecutivo Aznar cometía ilegalidades tan flagrantes, ¿qué es lo que hacían, aparte del Gobierno del torturador supremo George W. Bush, los de Chirac, Blair, Persson, Verhofstadt, Schroeder, Putin, etcétera? ¿O es que cree El País que los policías de Mohamed VI no accedieron a lo que les podía interesar de nuestro compatriota, que al fin y al cabo ha vivido a caballo entre nuestro país y el suyo?

 

 

Involuntariamente, el autor de la manipulación deja algunos cabos sueltos que se vuelven contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que merecen explicaciones por parte de éste.

 

En primer lugar, sobre los autores de la filtración. Las "fuentes oficiales" que cita proceden, lógicamente, del actual Gobierno. ¿Quién, si no, podría haber soplado la oportunidad de airear ahora el informe de la Unidad Central de Información Exterior y un telegrama de Exteriores sobre la visita, documentos que se extrapolan en la información y de los que se escogen fragmentos a conveniencia?

 

Si bien el informe policial fue remitido a la Audiencia Nacional, nadie se explica cómo ha aparecido ahora el telegrama. Los telegramas del Ministerio de Asuntos Exteriores tienen mala suerte, porque, por vía del basurero o de la filtración interesada, siempre terminan en las redacciones de los periódicos y en manos de Gobiernos más o menos amigos. Si, como nos suponemos, el telegrama en cuestión era confidencial o secreto, la ley sobre secretos oficiales habría sido violada por quien más debe y a quien más interesa salvaguardarla. Violar con fines partidistas información confidencial denota escaso sentido de Estado.

 

Ningún país amigo compartirá información que pueda terminar siendo pasto de tertulia o, lo que es peor, caer en manos indeseables. No dudamos de que el ministro Moratinos actuará, de oficio o por denuncia de parte, para descubrir cómo llegó a las mesas de redacción de Prisa. A no ser que, como otras veces, la fuente proceda de su propio gabinete.

 

En segundo lugar (y es lo más singular de este caso), como testigo de cargo contra los americanos y la policía española, y con gran despliegue, aparece nada menos que el marroquí Lahcen Ikassrien. Ya tuvo su momento de gloria en noviembre pasado, cuando, después de ser liberado por la Audiencia Nacional, El País le dedicó un largo reportaje, en el que desgranaba lo mejor de sí mismo, es decir, su capacidad para fabular y mentir.

 

¿Por qué tenía la policía española tanto interés en este personaje? Primero, porque en el momento de su detención se identificó, con el nombre de Reswan Abdulsalam, como ciudadano español nacido en Ceuta. No es el único que apareció en Guantánamo con un pasaporte español falso, o con conexiones con españoles, como debería saber El País por los informes oficiales.

 

Si el diario gubernamental los tiene en su poder, y se precia de ello, debería informar, y no ocultar, que, tras reconocer su verdadera identidad, el marroquí manifestó que entre 1995 y 1997 había estado preso en España por tráfico de drogas, y que tras ello se había convertido en informador de la policía. No contento con ello, también reconoció que los servicios secretos marroquíes se habían interesado en él cuando se encontraba en El Ejido.

 

No deja de ser llamativo la cantidad de confidentes, simples o dobles, que han salido a la palestra en la política española desde que el PSOE está en el Gobierno. El ministro Rubalcaba, que es de los que tiran la piedra y esconden la mano, tiene que saber, y explicar alto y claro, si en este caso Ikassrien actúa por su propia cuenta o es una marioneta suya más en esta historia anti PP.

 

Pero hay más. Este ínclito personaje, que también estuvo detenido en Turquía y que se dedicaba al comercio de teléfonos móviles en Afganistán, según su propio testimonio, asegura en El País que el último interrogatorio realizado por agentes españoles tuvo lugar después del cambio de Gobierno y de que nuestras tropas fueran retiradas de Irak.

 

Como por entonces ya no había detenidos españoles, ¿quiere ello decir que el Gobierno de Rodríguez Zapatero envió policías a Guantánamo para interrogar exclusivamente a ciudadanos extranjeros, "al margen de la legalidad internacional"? Si es cierto, el Ejecutivo socialista habría incurrido en responsabilidades "penales y políticas" aún peores que las que se atribuyen a su predecesor; si no lo es, la credibilidad de este testigo de cargo se derrumbaría como un castillo de naipes.

 

En cualquier caso, Moratinos, Rubalcaba y Alonso, solos o al alimón, tendrían que dar explicaciones.

 

Ya se sabe que, cuando El País habla, el Gobierno de Zapatero puede echarse a temblar.