Unos meses más tarde fue un exmandatario mexicano quien se pronunció a favor de la legalización completa de todos los estupefacientes. A finales del año pasado el actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que él favorecería la legalización si fuera una medida aceptada por "el resto del mundo". Y este fin de semana su homólogo guatemalteco anunció que propondrá, en una próxima cumbre regional, la legalización de las drogas en toda Centroamérica.
Otto Pérez Molina se convierte así en el primer jefe de Estado en ejercicio en proponer el fin de la guerra contra las drogas.
El exgeneral conservador, que en campaña prometió "mano dura" contra el crimen organizado, finalmente ha resultado ser un sorprendente defensor de la legalización. "No sería un crimen el transporte ni el movimiento de las drogas. Todo tendría que ser regulado", ha dicho. Con la legalización, sostiene,
se estaría quitando el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de armas y la corrupción, que ha penetrado en fiscales, jueces, policía e instituciones completas del Gobierno, problemas que no sólo afectan a [Guatemala], sino a la región.
América Central es uno de los campos de batalla más cruentos en la guerra contra las drogas impuesta por Washington. Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice están entre los países más violentos del mundo. La mayor parte de la violencia proviene de las guerras territoriales entre pandillas juveniles, pero los cárteles mexicanos, con su creciente penetración en la región, están agravando aún más las cosas.
Como dice Pérez Molina, la mayor debilidad de América Central en la lucha contra el crimen organizado es su fragilidad institucional. Abundan los jueces, policías, políticos, militares venales. En 2010 los países de la región gastaron unos 4.000 millones de dólares en seguridad y justicia; a pesar de que sus presupuestos en este rubro han crecido un 60% en los últimos cinco años, esa cifra empequeñece cuando se la compara con los entre 25.000 y 35.000 millones que ganan cada año los cárteles mexicanos, que son los que manejan el narcotráfico en Centroamérica.
El problema de la propuesta de Pérez Molina es, por supuesto, Washington. América Central no es más que una zona de paso de la coca andina que tiene por destino EEUU. Se estima que el 90% de la cocaína consumida en EEUU pasa por Centroamérica. Por otro lado, en los últimos meses se han descubierto laboratorios de metanfetaminas en Guatemala, lo que podría representar un indicativo del desplazamiento de la producción de las drogas sintéticas de México a Centroamérica.
Aunque supone un paso en la dirección correcta, la propuesta de legalizar las drogas en uno o todos los países centroamericanos difícilmente solucionará todos o la mayoría de los problemas asociados con el narcotráfico si el resto del hemisferio mantiene la prohibición. El presidente Pérez Molina debería conversar pronto con Juan Manuel Santos sobre este tema. Ambos podrían brindar un muy necesario liderazgo a América Latina en una cuestión en que lo requiere desesperadamente.
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