En efecto: Rafael Correa, Hugo Chávez –representado por su canciller–, Evo Morales y Daniel Ortega desean confiscar medios de comunicación, encarcelar opositores pacíficos, acosar periodistas, perseguir jueces y parlamentarios, robarse elecciones o apoderarse de bienes ajenos, sin que las víctimas tengan la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. (Ni siquiera menciono a Raúl Castro, porque el gobierno cubano fue expulsado de ese organismo hace medio siglo).
Mientras en el mundo civilizado las naciones van forjando un derecho internacional que ampara a los individuos frente a las arbitrariedades y los atropellos de los Estados, el llamado Socialismo del Siglo XXI marcha a contramano, ignorando que, en el pasado, esa institución sirvió a las víctimas de las dictaduras militares de derecha para encontrar, al menos, cierta solidaridad moral.
En 1969 la mayor parte de los países pertenecientes a la OEA firmaron en Costa Rica un documento conocido como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ese acuerdo definía y establecía los derechos que debían protegerse, y creaba dos instituciones autónomas para ese fin: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, cuya función era promover el respeto al espíritu del tratado y denunciar públicamente las violaciones de que fuera objeto, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situada en San José, dedicada a juzgar los pleitos que conseguían llegar a ese tribunal. De acuerdo con la Convención, las naciones signatarias se obligaban a acatar de inmediato las sentencias de la Corte.
De los 34 países que integran la OEA, 25 de ellos suscribieron voluntariamente la Convención. Nueve se abstuvieron de hacerlo –entre ellos Estados Unidos y Canadá–, mientras uno, Trinidad y Tobago, tras firmar, tiempo después decidió renunciar a formar parte del grupo, pero aceptando las reglas y los plazos que exige el pacto para tramitar la desafiliación. Todos los países iberoamericanos, menos Cuba, son signatarios, incluidos los miembros del ALBA que ahora pretenden denunciarlo.
Naturalmente, los Gobiernos del ALBA, como en su momento hizo Trinidad y Tobago, pueden legalmente abandonar la Convención, pero eso no los libera de los pleitos o las denuncias interpuestos mientras formaban parte del tratado. Lo que quiere decir que abusos como el cierre de Radio Caracas Televisión, el acoso judicial al periodista ecuatoriano Emilio Palacio y al diario El Universo de Guayaquil, o el robo de las elecciones municipales en Nicaragua en 2008 no caducan por el simple hecho de que esos Gobiernos denuncien ahora los acuerdos.
De ahí la intención de Correa, Chávez, Morales y Ortega de tratar de destruir esas instituciones de derecho, quizás las que mejor funcionan dentro de la OEA, para no hacer frente a las obligaciones internacionales contraídas por sus países.
Siempre es útil recordar que lo primero que legitima a un Gobierno ante los ojos de los ciudadanos no son las elecciones, sino la justicia y el imperio de la ley. En la Edad Media la legitimidad de los reyes dependía de la jurisdicción, o sea, del ámbito en que decían la ley y de la manera como administraban la justicia. Los reyes castellanos podían no tener sede, pero llevaban los códigos legales en las carretas. Eso los legitimaba. Por eso y para eso reinaban.
Sería una lástima si estos gobernantes autoritarios lograran sus propósitos. Si de algo carecen los latinoamericanos, en general, es de justicia. Son contados los países en los que los individuos pueden tener un juicio justo. En muchas naciones los jueces tienen precio y los poderosos ganan siempre. Los presidentes dictan las sentencias. La ley no existe. En ese sentido, la Corte Interamericana, con todas sus imperfecciones, era siempre una esperanza. Sería una vergüenza que desapareciera.
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